Primero persiguieron, amenazaron y agredieron a los testigos protegidos. Después acosaron e intimidaron a los jueces y fiscales que investigan la mayor trama de corrupción policial y política jamás descubierta en Palma de Mallorca. Ahora, han conseguido que el nuevo magistrado de la causa, Miguel Florit, ordene el registro de medios de comunicación y la incautación de móviles privados de periodistas –en flagrante violación del Artículo 20 de la Constitución–, para hacer zozobrar toda la causa del escándalo Cursach/PP.

Y todas estas extorsiones y actuaciones rayanas en la prevaricación se han desplegado para exonerar al emperador de la noche mallorquina, el magnate de las discotecas, hoteles y puticlubs de Palma y Calvià, Bartolomé (Tolo) Cursach, imputado por narcotráfico, pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, amenazas, estafa, coacciones, delito fiscal, tráfico de influencias y delito contra el derecho de los trabajadores.

Un padrino de la mafia nocturna policial mallorquina que pasó más de un año en prisión provisional –de la que salió tras reunir en dos horas el millón de euros de fianza– procesado por encabezar un emporio de drogas, prostitución, extorsión y soborno que "se servía de diversos agentes y mandos policiales para literalmente MACHACAR A LA COMPETENCIA A BASE DE INSPECCIONES con el fin de que no levantaran cabeza". Al menos, eso es lo que asevera el auto del magistrado Manuel Penalva, anterior titular del Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma, que en marzo de 2017 envió a la cárcel a Cursach y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, quien fuera director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear.

Ese auto de procesamiento dejó bien claro que en esa organización mafiosa participaban los jefes de la Patrulla Verde de la Playa de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio, de forma que la red de Cursach nunca era pillado con las manos en la masa de esa red de discotecas, famosas en el mundo entero, en las que mandos policiales disfrutaban de barra libre, coca y sexo a cambio de su protección. Algunos de esos mandos policiales llegaron a establecer su "oficina" en esos puticlubs, como el Table Dance de s'Arenal, perteneciente a otros potentados de la noche mallorquina (los hermanos Pascual), que abría por las tardes sólo para fiestas de políticos y cargos públicos del PP.

Por ejemplo, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local, Bartolomé Capó, imputado en la trama y acusado de tramitar sanciones exprés contra los competidores de Cursach y los Pascual, "era conocido por todos nosotros por operar desde uno de los locales de alterne del emporio", explican fuentes periodísticas de Palma. Los capos de ese entramado mafioso recompensaban a los policías a su servicio con cestas de Navidad de más de 2.000 euros y muchas otras prebendas. 

Entre los muchísimos testigos protegidos de semejante emporio de perversión figura una menor rumana que participó en esas orgías con altos dirigentes del PP local, así como empleados de esos locales de alterne –como el famoso "testigo 29", ex trabajador de Tito's que ha recibido palizas de sicarios para que calle– y hasta policías. Uno de ellos declaró haber visto cómo uno de sus compañeros arrojó a una prostituta a un contenedor de basura, ante varios agentes y autoridades, en una de esas juergas nocturnas.

Así que en el auto del juez Penalva por el que concedió la libertad de Sbert –quien también abonó sin pestañear medio millón de euros de fianza– se hacía una clara advertencia contra "cualquier acto dirigido a coaccionar, intimidar, agredir o recompensar económicamente a algún testigo", tal como ha ido ocurriendo a lo largo de la instrucción, que se mantuvo cuatro años y medio bajo secreto de sumario.

Pero todas esas maniobras continuaron y la intimidación se extendió también al juez Penalva y al fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, contra los que incluso se organizaron manifestaciones de imputados y empleados de Cursach, exigiendo su destitución. Y algunos testigos protegidos empezaron a desdecirse de sus testimonios originales, como la célebre "madame" de un puticlub de alto copete que empezó identificando como clientes no sólo a mandos policiales, y a decenas de agentes locales, sino incluso a altos dirigentes del PP, como el propio barón Jose María Rodríguez o el diputado Álvaro Gijón.

La "madame" se dio de pronto la vuelta, acusando al juez y al fiscal de presionarla, y llegó incluso a grabarles en secreto. Al final, presentó whatsapps que le había enviado Penalva, calificando de "hijos de puta" a algunos investigados –hay que tener en cuenta que hasta le quemaron el coche– y eso les permitió recusarlo como juez de instrucción. Fue sustituido por el magistrado Miguel Florit, quien acaba de generar el escándalo de ir contra los derechos fundamentales de los periodistas que investigan el caso.

En cuanto al fiscal Subirán, los sicarios de la trama convirtieron su vida en un infierno: no sólo le acosaron impunemente en la vía pública –sin que sus escoltas lo protegieran–, sino que entraron varias veces en su domicilio, robándole objetos personales –como fotos de sus padres recién fallecidos– y le amenazaron de todas las formas imaginables.

Ahora, "como Subirán no ha tirado la toalla, pretenden inhabilitarlo haciéndole responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración del informe policial que acusa a Cursach de graves delitos fiscales", aseguran a Público fuentes policiales que han participado en la investigación desde sus mismos inicios, cuando instruía la causa la jueza Carmen González, apartada del caso por el método de ascenderla a la Audiencia Provincial.

Dicho informe, elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016, y analiza a lo largo de 400 páginas el "sistema de defraudación perfectamente orquestado por sus responsables" en la gestión de las discotecas Tito's, BCM, Paradise, Megarena, Riu Palace y Megapark y en el Restaurante Asadito.

Sin embargo, Hacienda nunca persiguió a Cursach por delito fiscal, sino únicamente por irregularidades contables y violación de los derechos de los trabajadores.

En los primeros meses de su instrucción, el juez Florit prácticamente no efectuó ninguna diligencia de este mega-caso de corrupción, y de pronto ha lanzado la caballería contra el fiscal que tiene todo el sumario en la cabeza, ordenando la incautación de los móviles y ordenadores de los dos periodistas que publicaron en julio esa filtración, en Europa Press y Diario de Mallorca, así como la entrada y registro en sus sedes de Palma.

"No sólo se me han incautado de mi móvil particular, privándome de mi agenda y de una herramienta imprescindible para mi trabajo" –explica a Público Kiko Mestre, el periodista de Diario de Mallorca que desveló el informe–, "sino que me han dicho que la Policía ha solicitado al juez la intervención de mi número telefónico desde hace siete u ocho meses, solicitando el registro de todas mis llamadas y hasta la geolocalización de mi teléfono durante todo ese tiempo, poniendo en riesgo a todas mis fuentes".

Mestre fue atraído a comisaría con engaños, conducido después a dependencias judiciales y forzado a entregar su móvil con la excusa de que se pondría fuera de la ley si incumplía una orden judicial. El juez va a tener que sustentar muy cuidadosamente su auto, en base al que se comete esa violación de derechos fundamentales, que está siendo denunciada como actuaciones desproporcionadas, que también violan "la intimidad de ciudadanos no investigados ni acusados", por eminentes juristas y veteranos magistrados, como el juez José Castro.

Como dicen otras fuentes cercanas a la investigación judicial: "Es la guerra. Ya han hecho todo tipo de marrullerías, como grabar a policías dentro de sus vehículos o presentar denuncias falsas contra inspectores colocándoles pistolas viudas [sin registrar], pero ahora se han decidido a cambiar de golpe el rumbo de la causa para que Cursach salga airoso a pesar de la inmensa cantidad de pruebas acumuladas contra él. De momento, ya se ha pactado en los despachos que no será perseguido por delito fiscal ni por blanqueo".

La trama sigue teniendo recursos que parecen inagotables; no sólo económicos sino también de coacción y de influencia mediática. Entre el más de un centenar de imputados, hay 40 policías que fueron enviados a prisiones repartidas por la geografía española para que estuvieran separados y no pudieran confabularse para ejecutar nuevos montajes policiales.

"Y justo se desencadena esta maniobra judicial, rayana en la prevaricación y en la violación de derechos fundamentales, cuando vuelve por sus fueros Mateu Isern, quien era el alcalde de Palma, del PP, mientras se producían todos esos delitos mafiosos en la ciudad, y al que ahora Pablo Casado pretende volver a colocar de cabeza de lista para la Alcaldía de la capital balear", explica otro fuente, letrada, que pide no ser identificada.

Además, el súbito celo del juez Florit por descubrir quién filtró el informe del Grupo de Blanqueo sobre el imperio de Cursach contrasta vivamente con su falta de entusiasmo en la investigación de unos hechos delictivos gravísimos que implican a todo el cuerpo policial de Palma, a los máximos dirigentes del PP en Baleares y a los más poderosos empresarios de las Illes.

"Y lo más sorprendente es que persigan revelación de secretos cuando en el momento en que difundimos el informe aún no estaba declarado bajo secreto sumarial", asegura Kiko Mestre. "Fue después, a petición de la Policía Nacional, cuando se decretó su condición de secreto".

Parece que lo que también hay que investigar son las actuaciones del nuevo juez de la causa, puesto que si se han vulnerado derechos fundamentales puede acabar siendo anulada la instrucción. ¿O es eso, precisamente, lo que se busca?