Fue condenado como cómplice de malos tratos en los calabozos de Palma de Mallorca y ahora se enfrenta en la Audiencia Nacional a una petición fiscal de año y medio por presunta complicidad con la organización criminal motera de los Ángeles del Infierno, pero el ex oficial de la Policía Local Carlos Vallecillo ha encontrado tiempo para querellarse por supuesta prevaricación contra el juez que instruyó la causa sobre la mafia de Bartolomé Cursach en la capital balear... alegando que no es exacto que él hubiese gritado en sede policial:

"Vais a conseguir que con la pistola haga una tontería contra el mariconazo del fiscal [anticorrupción], y la hija de puta de la juez", en referencia a la primera instructora del caso sobre el "rey de la noche" de Palma.

Vallecillo –inculpado en esa trama policial mafiosa por haber presuntamente arrojado a un contenedor de basuras a una de las prostitutas que esa red explotaba– se ha apoyado para su contraofensiva judicial contra el magistrado Manuel Penalva en la recién creada Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (autodenominada JAVA) que está agitando una campaña jurídica y mediática para intimidar a los investigadores, los denunciantes y los testigos de la mayor trama de corrupción jamás descubierta en las Baleares.

El pasado día 12, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears desestimó esa querella en un auto firmado por tres magistrados en el que además se defiende y cita ampliamente el auto del juez Penalva, que ordenó la prisión preventiva de Vallecillo, ya que pone de manifiesto las características de esa trama mafiosa que dominó durante dos décadas la vida de los mallorquines:

"En efecto, parte del Auto se dedica a sostener la actuación de los «mandos policiales» como «una auténtica organización criminal» y así, en su Fundamento de Derecho (FD) Cuarto, en el que se encuentra el pasaje objeto de la querella, se afirma que su actuación «ha quedado seriamente en entredicho, en varios episodios esperpénticos que se explican a efectos puramente ejemplificativos y a la sazón ilustrativos del grado de corrupción que impregna a toda una institución policial» que concreta en diversos apartados", explica el TSJIB en sus "Razonamientos Jurídicos".

La "persecución padecida por un buen número de policías honestos" y las "amenazas a policías por denunciar"

Citas del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre las actividades de la trama mafiosa de Cursach en la Policía Local de Palma de Mallorca.

Entre los ejemplos citados:

"(...) el archivo de plano de una denuncia escrita contra determinado policía interino en la que se «alertaba de sus negocios en la Playa de Palma» (folio 15); en el cuarto se refiere la «filtración de exámenes oficiales en el año 2012» y al destino y consecuencias de una copia remitida, a un mando policial, por correo electrónico del protocolo notarial «demostrativo de cómo se filtraron» que ocasionó que un agente fuera «perseguido y amenazado por una banda de Rumanos» y , también, la «persecución padecida por un buen número  de policías honestos» (folios 14 y 15); en el quinto se detallan las amenazas sufridas por dos policías al haber denunciado a un jefe policial el preaviso «de las inspecciones que se iban a realizar», concretadas en que unos policías «al tiempo que efectuaban prácticas de tiro gritaban sus nombres», el de los denunciantes, «sin que uno solo de los mandos policiales adoptara medida alguna disciplinaria al respecto, o lo comunicaran a la autoridad judicial, como era su obligación» (...)"

Y el resumen continúa:

"(...) en el sexto da cuenta de la «represalia» de «cambio de destino» sufrida por un policía que denunció «hechos delictivos cometidos por compañeros» (folios 18 y 19); en el séptimo se destaca que varios policías del GAP [Grupo de Acción Preventiva] «fueron falsamente denunciados» por otros policías lo que dio lugar a que se les «forzó a abandonar la citada unidad» y que, al final, la correspondiente investigación efectuada en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Palma «concluyó con un auto de archivo en el que no sólo se niega que hayan incurrido en responsabilidades penales, sino también disciplinarias.» (...)"

Como reveló hace unos días Público en exclusiva, la dimensión y el alcance de la mafia política, administrativa y policial que capitaneó durante décadas la cúpula del Partido Popular en Baleares queda exhaustivamente expuesta en el macro-informe del Grupo de Blanqueo de la UDEF (725 folios y casi 2.500 más en anexos) que le fue remitido hace año y medio al Juzgado de Instrucción Nº12 de Palma de Mallorca y que el actual juez instructor de la causa, Miquel Florit, mantiene oculto.

En ese informe –a cuya versión íntegra ha tenido acceso este diario– se menciona numerosas veces a Vallecillo y, por ejemplo, se subraya una cita de un artículo aparecido en el Diario de Mallorca:

"Abundan las cosas Incomprensibles en el seno de la policía Local de Palma, como la de que Carlos VALLECILLO, el agente imputado por sus presuntos vínculos con los Ángeles del Infierno, en la práctica, intencionadamente o no, haya sido premiado. Su traslado cautelar ha hecho que recalara en una de las unidades de trabajo nocturno del cuerpo. Esto significa que hoy, con la nueva actividad, percibe una nómina mejor dotada y dispone de más días libres." (página 626)

Ahora, este ex oficial de la Policía Local –famoso por haber sido filmado apartando una cámara de vídeo en el calabozo para que no grabase los malos tratos a un detenido– está amparado por JAVA, donde se han organizado para contraatacar judicialmente los imputados en la trama mafiosa: tanto el presidente de esa asociación, Carlos Tomás, como el vicepresidente, Miquel Eugeni Pitarch, están imputados por su presunta participación en la organización criminal que coaccionó a más de 40 empresarios mallorquines en beneficio de Cursach y organizó una red de prostitución al servicio de dirigentes del PP.

Irónicamente, los que ahora se arrogan el papel de "víctimas" de arbitrariedades judiciales son los mismos que estuvieron intimidando e incluso agrediendo a denunciantes, testigos protegidos, investigadores y compañeros honrados de la Policía Local; como la exagente de la Motorizada Pesada de la Unidad Nocturna, Sonia Vivas, que sufrió años de acoso homófobo y hasta amenazas de muerte. Dos de los que han sido condenados por cometer esos delitos –Rafael Puiggrós y Alberto Juan– forman también parte de JAVA. Igual que Jaime Garau, quien estuvo en prisión preventiva como imputado por las coacciones de la banda criminal.

La propia asociación de supuestas "víctimas" de la Justicia ensalza en su página web al abogado de Cursach que ha puesto en marcha todo esta estrategia de contraofensiva judicial: Vicente Coco Campaner, acaba de ser condenado por la jueza del Juzgado Nº1 de Lo Penal de Palma por desobedecer una orden de alejamiento del testigo protegido 29 del caso Cursach, quien fuera jefe de barra del Tito's y ha denunciado presiones para que cambie su testimonio. Incluso ha sido agredido varias veces por sicarios rumanos para que guarde silencio. 

JAVA ha puesto en el punto de mira de sus ataques –para los que parece tener fondos ilimitados– no sólo al juez Penalva, al que ya logró recusar Campaner, sino también al fiscal Miguel Ángel Subirán, que ha sufrido coacciones y hasta acoso de sicarios rumanos, y al propio Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que elaboró el macro-informe que saca a la luz toda la mafia político-policial.

Ese Grupo de Blanqueo ha sido desmantelado desde el Ministerio del Interior precisamente durante la época de las cloacas del Gobierno del PP que reveló Público hace tres años y que ahora es ya de dominio público tras aflorar los tejemanejes del comisario Villarejo.

Pero la verdadera historia sobre cómo fue destruido el grupo policial encargado de investigar la gigantesca mafia del PP en Baleares merece un artículo aparte.

...CONTINUARÁ