madrid
Actualizado:Las medidas tomadas en Madrid y Catalunya para reducir emisiones de dióxido de nitrógeno no cumplen con la legislación europea en materia de calidad del aire, dado que son insuficientes para situar dichas emisiones por debajo de los límites comunitarios establecidos.
Así lo ha expresado, en representación de la Comisión Europea, la letrada Eulalia Sanfrutos en la vista del juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, que lleva abierto desde 2015, se enfrentan España y el bloque comunitario por el incumplimiento de las medidas establecidas por Bruselas en estas regiones.
Sobre el plan Madrid 360, Sanfrutos ha expresado que "tal y como está planteada no es una medida suficiente". La letrada —que además ha señalado que no es un "plan de calidad del aire", sino una "estrategia"— ha expuesto que esta medida cubre un área reducida, excluye muchos vehículos e incluye demasiadas excepciones y que cuenta con muchas medidas "diferidas en el tiempo". Además, su horizonte de cumplimiento es "bastante lejano", ha apuntado.
En Catalunya las regiones que no cumplen con las directrices europeas son Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat. En ellas, las medidas diseñadas "no son suficientemente precisas", según Sanfrutos , que, además, ha señalado que no se han puesto a disposición recursos para ejecutarlas.
Una infracción "sistemática y generalizada"
La abogada de España, María José Ruiz Sánchez, ha defendido que el análisis de Europa debería "tener muy presente" no sólo las medidas que se adoptan en las regiones señaladas, sino que también las causas por las que en ellas se dan altas emisiones de dióxido de nitrógeno.
Ruiz ha señalado que tanto Madrid como el área metropolitana de Barcelona la principal causa de las altas emisiones es el tráfico, una fuente de contaminación que ha de combatirse con "medidas estructurales" que "tardan tiempo en implementarse". Sanfrutos, sin embargo, ha apuntado que la superación de los límites de emisiones contaminantes en España es una infracción "sistemática y generalizada".
España, por su parte, ha continuado su defensa en otra línea, pidiendo al Tribunal que considerara la tendencia a la baja de estas emisiones. Dado que, tras haber infringido las normas en esta materia en 2010, las ha empezado a cumplir en diferentes momentos de los últimos cuatro años.
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