Unidas Podemos ha pedido en el Congreso que el Tribunal de Cuentas investigue los cerca de 140 contratos públicos adjudicados al Grupo Eulen por la Xunta desde el año 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia de Galicia.

La hermana del nuevo presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo, fue directora regional para la comunidad de esa empresa hasta al 2016, cuando fue ascendida a directora para el Noroeste de España, justo después de que la Administración gallega otorgara en el 2015 a Eulen su récord de adjudicaciones en la comunidad con contratos por más de 6,2 millones de euros, tal y como ha contado Público.

En total, entre el 2009 y el 2021, las empresas del grupo han recibido de la Xunta adjudicaciones por más de 37 millones de euros.

El diputado Antón Gómez-Reino, del grupo confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, ha presentado una petición en la mesa de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la que considera que las informaciones de Público constatan los "indicios sobre la existencia de irregularidades en estos expedientes", por lo que considera necesario que el Tribunal de Cuentas los examine.

Según afirma Gómez-Reino en su petición, existen indicios de que Eulen obtuvo trato de favor con respecto a sus competidores en numerosas licitaciones públicas por parte de la Xunta y de las fundaciones, empresas públicas y entidades instrumentales dependientes, como el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Augas de Galicia, la Fundación Deporte Galego, la Fundación Semana Verde de Silleda, la Fundación Cidade da Cultura y la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), entre otras.

En muchos, recuerda el diputado, la empresa obtuvo las contratas sin ser la propuesta más ventajosa desde el punto de vista técnico ni económico e "incluso siendo la que proponía un precio más elevado en algunos casos, ganando procedimientos por exclusión de sus competidoras" sin que se justificaran esas decisiones.

También indica que existen indicios de que la firma de la que Micaela Núñez Feijóo es directiva pudo tener información privilegiada cuando ganaba concursos con ofertas "ajustadas al precio máximo de licitación" precisamente cuando era la única que se presentaba a ellos.

Gómez-Reino apunta además que en la adjudicación de varios grandes contratos para servicios prestados en distintos lugares se incumplió la Ley de Contratos Públicos que obligaba a dividirlos en lotes, y que Eulen incluso ganó concursos en los que su oferta había sido declarada baja temeraria, es decir con una oferta económica tan baja que podría suponer que no podría cumplirla por el precio estipulado o hacerlo reduciendo excesivamente los salarios de su plantilla.

Asimismo, destaca la coincidencia entre varias adjudicaciones y los ceses y ascensos de altos cargos en los organismos adjudicatarios.

La semana pasada, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también reclamó al Parlamento de Galicia que instara al Consello de Contas a investigar los contratos de la Xunta con Eulen, pero la propuesta, apoyada por el PSOE, fue tumbada por la mayoría del Partido Popular.

Según fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, no existe conflicto de competencias entre el Consello de Contas y el Tribunal de Cuentas ni impedimento legal alguno para que éste investigue la actividad de una administración autonómica. Al contrario, ya que la ley le encomienda con carácter general "la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económica del sector público", incluidas las comunidades autónomas, y "el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos".

Las mismas fuentes añadieron que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto que confirma esa función del Tribunal de Cuentas, y que esperan que la propuesta salga adelante con el apoyo de la mayoría que apoya al Gobierno. En ese sentido, recuerdan que el PSOE presentó otra propuesta similar en año pasado en el Senado para pedir el tribunal investigara las contrataciones públicas de la Diputación de Ourense, que preside Manuel Baltar, del PP.