La Justicia francesa condenó a siete años de cárcel a la etarra Iratxe Sorzábal Díaz y a cinco años a David Pla Martín, ambos miembros de la delegación de la banda que intentó negociar sin éxito con el Gobierno español después de oficializar el abandono de la lucha armada en 2011.

El Tribunal Correccional de París consideró este martes a ambos culpables de todos los delitos por los que habían sido encausados (doce para ella, seis para él), empezando por el de terrorismo.

Sorzábal (Irún, 1971) y Pla (Pamplona, 1975) fueron detenidos el 22 de septiembre de 2015 en una casa rural de Saint Étienne de Baigorry donde tenían cita con el antiguo jefe del aparato político Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, que también fue arrestado inicialmente, pero luego puesto en libertad.

El tribunal ordenó que Sorzábal sea expulsada definitivamente de Francia una vez haya cumplido todas las penas que tiene pendientes en este país.

El periodo teórico de prisión en Francia para ella sería como máximo de diez años desde el momento de su arresto, aunque en la práctica será significativamente menor por la remisión de penas.

La etarra tiene causas pendientes con la Justicia española, que ha cursado contra ella tres demandas de extradición por otros tantos atentados en 1995 y 1996, para las que Francia ya ha dado su visto bueno a dos y tiene en proceso de tramitación la tercera.

En el caso de Pla, que no será expulsado de Francia por sus vínculos familiares -su hija está escolarizada en el País Vasco francés-, debería salir de prisión "en unas semanas" gracias a la remisión de penas, según los cálculos de su abogada, Xantiana Cachenaut, a menos que la Fiscalía recurra el dictamen de hoy.

En la sentencia, los jueces imponen a los dos etarras la prohibición de poseer armas que necesiten una autorización por un periodo de cinco años.

Las penas están por debajo de las solicitadas por la Fiscalía, que había requerido nueve años de prisión para Sorzábal y seis para Pla.

Durante los dos días que ha durado el proceso ambos insistieron en el mensaje de que el tribunal debía mirar al futuro y no al pasado.

Trataron de hacer valer el argumento de que desde 2010, cuando fueron nombrados miembros de la delegación de ETA para negociar con el Gobierno español, la banda se dedicó por entero a lo que llaman "la resolución del conflicto" y que en ese periodo ya no hubo atentados ni planes para llevarlos a cabo.