BARCELONA.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en cuestión la decisión del Tribunal Supremo de condenar a tres años de cárcel a ocho de los activistas que participaron en la acción Aturem el Parlament (Parlamento el Parlamento), que el 15 de junio de 2011 rodeó el legislativo catalán. El TEDH ha admitido a trámite la demanda por vulneración de derechos fundamentales que presentó la defensa de los activistas. El tribunal con sede en Estrasburgo ha visto indicios para estudiar a fondo el caso, ya que considera que el Supremo podría haber violado el derecho de los acusados a un juicio justo al condenarlos a prisión sin escucharlos ni a ellos ni a los testimonios.

La Audiencia Nacional fue la encargada de juzgar el caso y en julio de 2014 absolvió a las 19 personas imputadas. Pero la Fiscalía, Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament de Catalunya -con los votos de CiU, PP, PSC y Ciudadanos- recorrieron la sentencia y en marzo del año pasado el Supremo anunció la condena a tres años de cárcel para ocho de los activistas. La enmienda a la sentencia de la Audiencia se produjo sin que el alto tribunal citara a declarar ni a los acusados ni a los testimonios del caso.

Mientras que la Audiencia consideró que la protesta, en la que participaron miles de personas, buscaba manifestarse y mostrar disconformidad ante una política de recortes sociales, el Supremo afirmó que se pretendía subvertir las instituciones. Con todo, el dictamen del alto tribunal español no fue unánime, ya que el magistrado Perfecto Andrés consideró que los condenados no habían realizado actos de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave.

Tras la admisión a trámite por parte del TEDH, el gobierno tiene de margen hasta el 17 de enero de 2017 para responder y lo más probable es que lo haga solicitando que la demanda de los condenados no se tenga en cuenta. Si se confirma este paso, será el tribunal de Estrasburgo el encargado de decidir si realmente hubo una vulneración de derechos fundamentales.

Desde la defensa se ve la admisión de la demanda como un primer paso para lograr una anulación de la condena. Y es que el tribunal europeo sólo acepta a trámite unas decenas de demandas cada año. Los condenados no han ingresado de momento en prisión, ya que el gobierno estatal todavía no ha resuelto la petición de indulto que presentaron sus defensas.