España se ha ofrecido a asumir los costes que pueda suponer hacer oficiales el catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, un asunto que se discutirá en una reunión de ministros comunitarios en Bruselas el martes próximo y que genera dudas entre al menos catorce países, lo que dificultaría que salga adelante en ese primer debate.

Esa posibilidad se expuso en la reunión preparatoria para ese Consejo de Asuntos Generales que mantuvieron este viernes los embajadores de los Estados miembros de la UE, dijeron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones.

En ese encuentro, al menos catorce Estados miembros de la UE, entre ellos Suecia y Finlandia de manera pública, expresaron sus dudas sobre cómo se financiaría la propuesta y han pedido un informe de los servicios jurídicos para analizar la legalidad de la solicitud española, señalaron a EFE fuentes diplomáticas.

Varios diplomáticos consultados por Europa Press apuntan que nadie comparte el "sentido de urgencia" que traslada España a sus socios. El resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo algunas cuestiones, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé el Gobierno cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.

También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados. También frena el posible "efecto dominó" que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.

A la reunión del martes acudirá el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, algo inusual porque es el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, quien habitualmente representa a España en el Consejo de Asuntos Generales.

En este caso, estarán presentes ambos, Navarro para moderar la reunión desde la posición de presidencia de turno de la Unión Europea y Albares para explicar la propuesta y defenderla ante sus socios. El intercambio de opiniones se dará por hecho, mientras que la votación, prevista en la agenda también, dependerá de lo que decida la presidencia española en el curso del debate.