Por Dios, por España... y por el dinero. El golpe de Estado militar del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil fue el comienzo de una feroz represión contra cientos de miles de republicanos. Decía el general Mola, en sus instrucciones, que "la acción" tenía que ser "en extremo violenta". Y lo fue. Pero la represión no fue sólo física. Una de las vertientes más importantes, y menos estudiadas, de la implantación de la dictadura franquista fue el saqueo o expolio al que fueron sometidos los vencidos. Incluso después de ser asesinados. Miles de familias republicanas vieron cómo les robaron sus casas, empresas, propiedades, dinero y por ende su posición social, su bienestar y sus posibilidades de ofrecer a sus descendientes un futuro mejor. 

Un ejemplo es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en 1936, que fue fusilado el 2 de agosto de 1936 y años después fue condenado a pagar 250.000 pesetas como multa por haber pertenecido a un partido político durante la II República. Su hijo José Castilla contó a Público cómo las fuerzas de Franco le quitaron a él y a su madre la casa en la que vivían, el despacho de su padre y todas las pertenencias. Absolutamente todo. Hasta un hermano de Virgilio tuvo que vender su empresa de textiles para satisfacer la deuda que le habían impuesto a su hermano fusilado. 

La familia Castilla solicitó en 2010 la devolución de los bienes incautados a la familia por el Estado franquista, que estaban valorados, según un informe pericial, en 262.832 euros. El Gobierno de Zapatero negó que la familia tuviera derecho a indemnización alguna en resolución firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito. Y situaciones como la familia Castilla se dieron por todo el Estado. Decenas de miles de familias sufrieron el expolio de sus bienes a través de diferentes vías y mecanismos y no tuvieron oportunidad de recuperar lo que la dictadura les arrebató. 

Ahora, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares". Como ejemplo, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones establece "la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público". Sin embargo, este compromiso, tal y como está redactado, abre la puerta a la devolución a sus legítimos herederos del resto de bienes y propiedades expoliadas por el franquismo.

No obstante, las dudas sobre la posibilidad de acometer este compromiso son tantas como la expectación que puede despertar entre los descendientes de las víctimas de la dictadura. La primera es fundamental: ¿qué entendemos por expolio y qué estaría incluido dentro de esta auditoria de bienes expoliados? La segunda pregunta supone bajar los pies al suelo: ¿sería posible, 80 años después, devolver los bienes a sus legítimos dueños?

En este sentido, el profesor de Historia de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo explica a Público que por expolio franquista se debe entender "de manera muy resumida el gran traspaso de propiedades que de manera ilegítima se da en España desde el golpe de Estado del 18 de julio hasta bien entrada la dictadura". Así, el periodista e investigador Antonio Maestre, autor de Franquismo S.A., señala que, en su opinión, dentro de la categoría de expolio entra "todo aquel patrimonio que estaba en manos de unos particulares y que por la Guerra Civil, la legislación franquista o la propia acción de Gobierno de la dictadura pasó a manos que no le correspondían". En este sentido, no obstante, Maltilde Eiroa, profesora de Historia de la Universidad Carlos III, señala que, en su opinión, el período de investigación debería comenzar a partir de abril de 1939 cuando la Guerra Civil ya había concluido. 

La tarea, así manifestada, independientemente de si se comienza a estudiar en 1936 o 1939 parece inabarcable. ¿Por dónde debería comenzar y qué debería comprender una investigación sobre el expolio franquista? Los historiadores y expertos consultados por Público coinciden en destacar, al menos, cinco líneas de investigación para comenzar a deshacer la gran madeja que es a día de hoy la cuestión del expolio franquista:

— El expolio derivado de la Ley de Responsabilidades Políticas y del proceso de Incautación de Bienes.

— La participación de las empresas en este expolio y los beneficios que obtuvieron de su colaboración con las autoridades franquistas.

— El robo del dinero republicano.

— Las grandes propiedades que se quedaron familias como los Franco y otras grandes del régimen.

— El expolio cultural. 

El doctor en Historia Contemporánea y coautor de obras como Milicianas, Gonzalo Berger, señala, de hecho, que debe ser una "prioridad" iniciar los estudios preliminares necesarios para obtener "una visión de conjunto que analice la repercusión económica del expolio franquista en el Estado Español". "Este trabajo, además de ofrecer justicia y reparación a las víctimas, también nos ayudará a explicar y a educar sin reservas, sobre la verdadera génesis del golpe de Estado y del franquismo, que no fue otra que la codicia y el lucro personal vehiculizado a partir de la violencia extrema", sentencia Berger. 

No sólo los Franco robaron

La profesora Matilde Eiroa hace hincapié en que una investigación rigurosa sobre el expolio franquista no debe limitarse a las grandes propiedades que fueron apropiadas de una u otra manera por la familia Franco, que también. Propiedades como el Pazo de Meirás, el palacio de Cornide o la Casa del Pico en Madrid, un inmueble que, por cierto, la familia consiguió vender en 1988 por 320 millones de pesetas. A esta necesaria investigación, documentada en gran medida por Mariano Sánchez Soler en Los Franco S.A., debe añadirse las pequeñas propiedades: los pisos, terrenos, casas, joyas, bibliotecas, obras de arte...

En esta línea entraría el caso de la familia de Virgilio Castilla, el republicano que fue fusilado y cuyos bienes y propiedades fueron apropiadas por el Estado para satisfacer la multa que le habían puesto a Castilla incluso después de muerto. También entrarían otros casos. Algunos de ellos ya documentados por historiadores. Como el caso de José Pérez Pérez, teniente de alcalde en Tarifa durante la II República y documentado por José León Rojas. O el amplio estudio que realizaron las universidades andaluzas en una investigación impulsada por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que analizó las actuaciones de los comités provinciales de incautaciones de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas hasta 1945 y que fue coordinado, entre otros, por el catedrático Fernando Martínez, quien entre junio de 2018 y marzo de 2019 fue director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España y ahora ocupa el cargo de Secretario de Estado para la Memoria Democrática. 

La investigación muestra a la perfección como la represión del nuevo régimen abarcó todas las modalidades posibles. Ejecuciones, encarcelamientos, depuraciones ideológicas y, además, la confiscación de sus bienes. La idea partía de que ningún republicano quedara sin castigo, pero también permitía recaudar fondos en una España empobrecida y, por otro, repartir las propiedades de los republicanos como si fuera un botín de guerra entre las familias que sí habían apoyado el golpe de Estado del 18 de julio y la implantación de la dictadura. 

Así, Eiroa vuelve a recordar que la investigación sobre los bienes expoliados por la dictadura es una investigación "mucho mayor" que los bienes apropiados por la familia Franco. "Cuando hablamos de expolio debemos hablar de las propiedades que les quitaron a la gente corriente, a las asociaciones, partidos y sindicatos y también de los bienes y propiedades que se quedaron marqueses, duques, condes, militares, terratenientes y toda esa amplia gama de familias que apoyaron el golpe de Estado y que obtuvieron su premio, no solamente en nombramientos como altos cargos, sino en especies o bienes económicos", explica la profesora de la Carlos III. 

"Una guerra de clases"

No se puede obviar, tal y como recuerda Maestre, que la motivación económica y de clase fue uno de los factores que influyó en el golpe de Estado de 1936. "No fue el principal, pero sí influyó", dice el periodista a Público. "Una de las razones que influye en que las clases altas participen o apoyen el golpe es el intento por evitar por todos los medios posibles unas reformas que ponían en duda los privilegios labrados durante años por la clase dominante. Hay una frase de Franco en Lugo, tras la Guerra, que lo resume muy bien. Es la siguiente: 'Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos'", explica Maestre. El ilustre republicano Max Aub también dejó escrito en su obra Hablo como hombre el componente económico del golpe de Estado: "La Guerra de España -la nuestra- fue una guerra de clases, quien no lo vea así no puede comprenderla". 

El expolio franquista y la construcción de un nuevo Estado también significó la aparición de una nueva clase empresarial forjada durante los primeros años de la dictadura gracias al Boletín Oficial del Estado y beneficiándose directamente de la represión. Bien apropiándose de empresas que no les pertenecían, utilizando mano de obra esclava o haciendo desaparecer a sus empresas competidoras, regentadas por republicanos. Así, Maestre, que investiga este tema ampliamente en su obra Franquismo S.A., también emplaza a continuar investigando cómo algunas de las grandes fortunas de hoy día nacieron y se desarrollaron al calor de la represión franquista. Esto permitiría, como ya han hecho otros países que han sufrido una dictadura, que las empresas implicadas participaran de una especie de reparación para las familias que sufrieron la represión franquista. 

El periodista, no obstante, asume que la tarea será complicada y que no basta con comenzar a investigar. Sería necesario, por ejemplo, la derogación de la Ley de Amnistía, la anulación de sentencias franquistas, cambios en la Ley de Secretos Oficiales y la apertura de archivos que hoy día siguen cerrados. Aún con todo, la tarea se antoja complicada. "La responsabilidad societaria de muchas empresas que participaron en la represión franquista o que directamente se lucraron ha quedado diluida en muchos casos porque ya no son las mismas empresas. Con el paso de los años se han ido disolviendo en compañías cada vez más grandes. En muchos casos, será imposible trazar una línea continua y poder establecer una responsabilidad. Sin embargo, habrá otros casos en los que sí será posible establecer esa línea y, por tanto, se podrá pedir una restitución o una reparación económica", prosigue el investigador.

Pero la dificultad de la tarea no es excusa para no acometer la pertinente investigación. El profesor Gutmaro Gómez Bravo recuerda que el primer paso es comenzar a investigar, revisar documentación, abrir archivos y comenzar a inventariar. Quizá el proyecto no llegue hasta el objetivo final de devolver todo lo expoliado a los vencidos pero, al menos, se dará satisfacción al derecho a la verdad que tienen las víctimas, y toda la sociedad, para saber qué pasó. También con las propiedades expoliadas y con el nacimiento de determinadas fortunas. 

El dinero rojo y la Asociación de Perjudicados

Dentro de este expolio de bienes y propiedades de los vencedores a los vencidos de la Guerra Civil hay dos líneas de investigación que los expertos insisten en no olvidar. Por un lado, la necesidad de investigar y devolver el conocido como "dinero rojo". Esto es, el dinero que fue emitido en zona republicana durante la Guerra Civil y que tras el fin de la contienda dejó de tener validez. De hecho, las familias republicanas fueron conminadas a entregar su dinero en las sucursales bancarias. A cambio se les entregaba un recibí con el siguiente lema: "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo". Según un documento del Banco de España fechado en 1938, hasta esa fecha, los republicanos habían entregado ya 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.

Aunque el tema tiene mucha más tela que cortar. Según los cálculos plasmados en la obra La España de Franco (1939-1975) de la editorial Síntesis, 13.251 millones de pesetas de dinero republicano quedaron fuera de circulación, así como 10.536 millones que habían sido depositados en cuentas corrientes y de ahorro. Una parte de los descendientes de las familias afectadas por el robo de este dinero sigue batallando a día de hoy para que el Estado les devuelva lo que quitó a sus familiares. Se han agrupado en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, conservan los recibís que las autoridades franquistas entregaron a sus familiares y continúan reclamando a día de hoy la devolución de su dinero con intereses. De hecho, el Congreso aprobó en 2017 una Proposición No de Ley para que el Estado devuelva este dinero a las familias afectadas.

Las 6.228 obras nunca devueltas a sus propietarios

Por último, cabría incluir el expolio cultural, posiblemente una de las líneas menos investigadas del ya de por sí poco investigado expolio franquista. La arqueóloga y doctora por la UCM especializada en Historia Antigua y Prehistoria Alicia Torija explica cómo a raíz de la Guerra Civil hay muchas obras culturales que habían sido catalogadas previamente por las autoridades republicanas y que tras el fin de la Guerra Civil desaparecieron, se desubicaron, se vendieron o cambiaron de propietarios en condiciones poco aclaradas. En este sentido, Torija se refiere a obras de arte, pero no sólo. También a piezas arqueológicas, cartas históricas o muebles y elementos que pertenecían al patrimonio nacional y que, después de la Guerra, pasaron a manos y colecciones privadas. 

"El problema, en este caso, es que es un expolio aún más difícil de investigar porque es dificilísimo que se dejen huellas o rastros para mostrar su antigua propiedad. Un ejemplo es en la arqueología. Si un objeto no estaba fotografiado, ¿cómo demuestras que era el tuyo y no otro?", prosigue Torija. 

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado y el profesor Isidro Moreno han elaborado una investigación que cataloga un total de 15.700 obras de arte para saber qué hizo la dictadura con las piezas de arte que el Gobierno republicano confiscó para salvaguardarlas de los bombardeos. La conclusión, tal y como contó El País, es que, de las obras que permanecieron en España, 7.657 de ellas fueron entregadas a sus legítimos propietarios, pero otras 6.228 nunca volvieron a manos de sus dueños.

Así, decenas de republicanos perdieron la propiedad de sus colecciones y obras o porque no pudieron reclamar sus bienes o porque estaban muertos, en prisión, en el exilio o temían represalias. Un ejemplo, tal y como describe este artículo de Fernando Olmeda es el de la colección de arte del militar José Sicardo, que vio como algunas de sus obras fueron entregadas a particulares como el conde del Valle o la marquesa de Falces. La investigación de Colorado también muestra que, además de adeptos al régimen, también fueron favorecidos por el expolio entidades como Falange o Sección Femenina.

La tarea es ingente y la devolución de las propiedades complicadas. Sin embargo, hay una sensación común: investigar con todos los recursos disponibles es el primer paso para conseguir justicia que, en este caso, no es otra cosa que recuperar lo que el franquismo robó en nombre de Dios y de España.