El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por decreto ley la subida del 2 % del salario de los empleados públicos para 2020 que se aplicará con efectos del 1 de enero, ha informado la ministra portavoz María Jesús Montero.

"Cumplimos nuestro compromiso con los empleados públicos, una prioridad porque son la base de nuestro Estado del bienestar y quienes contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento de lo que más iguala, los servicios públicos", ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo.

La subida del 2 % estaba pactada en el acuerdo a tres años firmado en marzo de 2018 por el Gobierno del PP con los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) y al que ha tenido que ir dando cumplimiento el Gobierno socialista al llegar al poder en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado que el decreto ley aprobado hoy solo recoge el incremento fijo del 2 % previsto en dicho acuerdo para 2020, aunque ha recordado que el pacto incluye también una subida variable vinculada al crecimiento económico.

El acuerdo establecía una subida del 0,20 % adicional si la economía crece el 2,1 % en 2019, que puede llegar hasta el 1 % si el PIB avanza el 2,5 %. La previsión de crecimiento del Gobierno para 2019 es del 2,1 %, aunque algunos organismos y servicios de estudios calculan que ha quedado entre el 1,9 y el 2 %.

Asimismo, el acuerdo contemplaba un alza adicional del 0,30 % condicionada a productividad y otros aspectos, así como un 0,55 % sujeto al cumplimiento del objetivo de déficit público.

La ministra Darias ha añadido que la subida fija del 2 % beneficiará a alrededor de 2,5 millones de empleados públicos, a los que se actualizará el salario con carácter inmediato.

De acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2019, en España hay 2.578.388 empleados públicos, de los que más de la mitad, 1,3 millones, corresponden a la administración de las comunidades autónomas, la mayoría circunscritos a la educación (553.014) y la sanidad (510.224). El resto se reparte entre la administración del Estado (507.830), la administración local (575.405) y las universidades (156.042).