El Estado español sigue sin proteger adecuadamente los idiomas propios que se hablan en el país, según ha constatado el sexto informe de evaluación sobre su situación elaborado por el grupo de expertos del Consejo de Europa, que fiscaliza cada cuatro años  el cumplimiento de la carta europea de las lenguas regionales y minorizadas.

En España se hablan una docena de esas lenguas, casi todas (incluidas las tres cooficales, es decir el catalán, el gallego y el euskera) en situación de fragilidad frente al castellano oficial dominante: el amazigh o bereber, el aragonés; el bable de Asturias; el dariya o árabe marroquí de Ceuta; el extremeño, la fala y el portugués en Extremadura; el astur-leonés en Castilla y León; y el occitano o aranés en Catalunya.

El Consejo de Europa, que no tiene que ver con la Unión Europea, es una institución transnacional fundada en 1949 y formada por 46 estados europeos, destinada a fomentar la cooperación entre ellos para la defensa de los valores de la democracia, los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Bajo su competencia se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La carta de las lenguas minorizadas, suscrita por España en noviembre de 1992, está destinada a protegerlas y fomentarlas como parte del patrimonio cultural del continente, además de asegurar el derecho de sus hablantes a que puedan utilizarlas en su vida pública y privada. Los expertos de su comité visitaron varias zonas del país en enero de este año.

Según el último informe, publicado la semana pasada, España ha desarrollado un buen sistema para la protección de las lenguas minorizadas, pero más de 30 años después de la firma de la Carta ha detectado problemas para que los hablantes de esas lenguas puedan emplearlos en sus relaciones con administración, especialmente en la justicia y la enseñanza, o verlos reflejados en los medios de comunicación públicos y privados y en las plataformas de difusión de la cultura, especialmente en las relacionadas con la producción audiovisual.

"La situación se ha deteriorado en algunas comunidades con la adopción de legislación que dificulta la implementación de la carta o por la ausencia de medidas" que contribuyan a revertirla. "En otros casos, las medidas adoptadas a nivel autonómico han sido anuladas o menoscabadas por las autoridades judiciales, cuyas decisiones finales pueden no ser compatibles con los compromisos ratificados por España", advierte el informe.

Aranés.

Lo hablan unos 10.000 habitantes del Valle de Arán (Lérida), con especial incidencia entre la población más joven. Está protegido en el Estatuto de Catalunya, que garantiza su presencia en los currículos escolares, pero el Consejo lamenta que la Generalitat no haya implementado medidas para garantizar efectivamente que se puede usar el aranés en las relaciones con la Administración autonómica, especialmente en el ámbito de la justicia.

Aragonés.

 Lo entienden alrededor de 49.000 personas y lo hablan más de 25.0000 en la comunidad autónoma que desde el año pasado gobierna el Partido Popular de Jorge Azcón. "Los recientes recortes presupuestarios y la intención expresada por las autoridades regionales para modificar el actual marco legal para reducir drásticamente el espacio dado al aragonés en Aragón es una fuente de gran preocupación", dice el Consejo de Europa, que alerta del anuncio del Ejecutivo de Azcón de modificar la ley de 1999 sobre patrimonio cultural de Aragón "que hace referencia explícita al aragonés y al catalán como lenguas de la comunidad autónoma".

Bable

El Consejo de Europa asegura que el 62% de la población de Asturias habla bable y que esa lengua está presente en más de la mitad de los hogares de la comunidad. "Su uso está garantizado en las relaciones con las administraciones" y su conocimiento "se considera un mérito en el acceso a la función pública", cuenta con soporte en los medios públicos de comunicación, con varios programas de radio y televisión en esa lengua, y su estudio y el de su literatura es una opción en el sistema educativo que eligen anualmente más de 20.000 alumnos de primaria y secundaria.

Bereber

Los expertos del Consejo de Europa destacan que ni siquiera existen cifras oficiales del número de hablantes de amazigh o bereber, que podrían rondar en torno al 40% de la población de Melilla, que forman unas 86.000 personas. En 2014, la Asamblea de la ciudad autónoma lo reconoció como un "una lengua tradicional que forma parte inseparable del patrimonio cultural intangible común a todos los ciudadanos de Melilla", sin que hasta ahora se hayan adoptado más medidas efectivas para su promoción y protección.

Catalán

Después del castellano, es la lengua con más hablantes en más comunidades autónomas: Catalunya, Valencia, Aragón y Baleares, donde figura expresamente mencionado en los respectivos estatutos. En Catalunya lo entiende cerca del 94% de la población y más del 80% puede expresarse en él. En esa comunidad, el Consejo de Europa alerta de que la decisión del Tribunal Supremo de imponer un 25% de asignaturas en castellano en el sistema educativo atenta contra la protección del catalán.

El informe de los expertos en lenguas minorizadas destaca que esa lengua, con más de 55.000 hablantes en Aragón, se encuentra en situación de riesgo en esa comunidad tras la decisión del nuevo gobierno regional de recortar todos los fondos relacionados con la promoción del idioma así como la financiación a las entidades que lo defienden. En Balears, los riesgos se derivan del sistema educativo, donde "el porcentaje de alumnos con habilidades comunicativas sólidas en catalán al final de la educación primaria es bastante bajo".

En País Valencià, donde el catalán se denomina valenciano, el Consejo también se muestra preocupado por la decisión del Gobierno autonómico, desde el año pasado en manos del PP, de implementar una nueva ley de libertad educativa que reduciría drásticamente la presencia de ese idioma en el sistema educativo. En Murcia, donde el valenciano se habla en 22 localidades de la sierra de El Carche pertenecientes a los municipios de Yecla, Jumilla y Abanilla, no existe mención a esa lengua en el Estatuto autonómico.

Euskera

El estudio destaca que la población vasca capaz de expresarse en euskera "está aumentando rápidamente (936.800 personas en 2021 en comparación con 419 000 en 1991)". "El porcentaje más alto de hablantes se encuentra entre la población más joven (más del 60% de los jóvenes de 16 a 24 años son bilingües en euskera y castellano)", apunta. Además, el 45% de los funcionarios reclutados por el Ejecutivo autonómico dominan esa lengua. Sin embargo, sólo lo conocen el 11% de los funcionarios de la Administración del Estado en Euskadi, de los que un porcentaje aún menos son capaces de hablarlo.

El Consejo de Europa destaca además que apenas el 7% de los jueces y menos del 3% de los fiscales que trabajan en la comunidad tienen competencias como para usarlo a nivel profesional. También hay problemas para el uso del euskera en los centros de salud y en las residencias de mayores y dependientes. Pese a la situación saludable de esa lengua en la cultura y la educación, aún no es posible realizar estudios íntegramente en euskera en varios grados universitarios, especialmente en los relacionados con la medicina y las ciencias de la salud.

El Consejo de Europa recuerda también que el euskera se habla también en el entorno del condado de Treviño, en Castilla y León, donde cerca de un 60% de la población es euskeroparlante sin que el Estatuto de Autonomía de esa comunidad recoja mención alguna al euskera.

Dariya o árabe marroquí

Es la lengua del 40% de la población de Ceuta, poblada por más de 83.000 personas según el último censo, pero el Estatuto de la ciudad autónoma tampoco lo menciona, de forma que no se garantiza que sus hablantes puedan utilizarlo en sus relaciones con las administraciones locales y estatales ni expresarse en él en su vida pública con garantías de igualdad con respecto al castellano.

Extremeño

Conocido como estremeñu, tiene 10.000 hablantes en la zona oeste de la comunidad, pero tampoco aparece en el Estatuto autonómico de Extremadura ni goza de medidas de protección o promoción. Tampoco se puede usar  en las relaciones con la Administración ni tiene presencia en el sistema educativo. Sin embargo, diez municipios se han comprometido a promocionarlo utilizando señalización bilingüe en sus calles.

Fala

Tiene alrededor de 5.000 hablantes en los municipios de San Martín de Trevejo, Elijas y Valverde del Fresno, en el valle de Jálama. Es una lengua ausente en la Administración, la educación y los medios de comunicación públicos y privados.

Portugués

Cuenta con unos 1.500 hablantes en la localidad y el entorno de Olivenza, en el extremo occidental de Badajoz. Según el Consejo de Europa, "se encuentra en una situación precaria ya que ha estado sujeto a una fuerte influencia del castellano y hoy en día sólo lo emplean hablantes de edad avanzada", lo que supone el riesgo de que "se pierdan irremediablemente muchas costumbres y tradiciones".

Gallego

El 88% de la población gallega, formada por 2,7 millones de personas, lo entiende, y el 62% puede escribirlo correctamente. Los principales problemas que detecta el Consejo de Europa tienen que ver con su exclusión de la enseñanza de asignaturas científicas en los centros públicos y en la mayoría de los privados, y en el ámbito de la justicia, donde pese a estar reconocido el derecho a dirigirse y relacionarse con las autoridades judiciales en gallego, menos de un 1% de los procesos se desarrollan en esa lengua por la falta de competencias de jueces, fiscales y letrados de justicia. Aunque existe una cadena pública de radio y televisión íntegramente en gallego con amplia implantación en todo el territorio, la Xunta de Alfonso Rueda pretende abrirla también al castellano.

El gallego-asturiano, como se le conoce en Asturias, tiene alrededor de 23.000 hablantes en 18 municipios de la frontera entre Galicia y esa comunidad. Se permite su uso oral y escrito en las relaciones con la Administración regional, su conocimiento se valora como mérito para el acceso a la función pública y se ofrece como asignatura optativa en la enseñanza pública.

El gallego tiene otros 22.000 hablantes en localidades de la comarcas leonesa de El Bierzo y zamorana de Sanabria. Está reconocido en el Estatuto de Castilla y León, pero no existe posibilidad de usarlo en las relaciones oficiales con la Adminisitración autonómica.

Leonés

Se habla en algunas localidades de Castilla y León, pero el Consejo de Europa destaca que ni siquiera existen estadísticas fiables sobre sus usuarios, que según otras fuentes son alrededor de 20.000. No está contemplado en el Estatuto de la comunidad, ni es posible usarlo en las relaciones con la Administración ni se enseña en los colegios.