De colegio a albergue y de albergue a un montón de escombros. La escuela Musaab bin Omar, situada al norte de la ciudad yemení de Adén, forma parte del largo listado de horrores que se registraron en ese país desde marzo de 2015. Su desgracia ocurrió el 9 de julio de ese año: para entonces ya no era un centro educativo, sino el refugio de familias desplazadas por los ataques de Arabia Saudí. Aquel día, de repente o no tan de repente, cayeron bombas desde el cielo. Rahma, una niña de cinco años, perdió allí a diez miembros de su familia.

La historia de aquella pequeña fue relatada y denunciada por Amnistía Internacional (AI) algunas semanas después. Ya hacía cuatro meses que en Yemen llovían proyectiles y abundaban casos como el de Rahma. "Carnicería humana", definió entonces AI.

Según consta en un informe elaborado por Escola de Cultura de Pau, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el Institut de Drets Humans de Catalunya, a lo largo de ese año, marcado por el inicio de los ataques contra Yemen, la industria militar española hizo negocios millonarios con el régimen árabe. Fue precisamente en 2015 cuando, según datos cotejados por esas organizaciones de derechos humanos, se alcanzó el pico en la venta de armamento a Arabia Saudí.

"En el caso del Estado español, las exportaciones realizadas llegaron a su máximo en el año 2015, con un total de 545,8 millones de euros, a pesar de haberse ya iniciado el conflicto", destacan en el informe titulado "Guerra en Yemen: responsabilidades saudíes, complicidades europeas" que ha visto la luz esta misma semana. "Aunque se produce un importante descenso en 2016, las exportaciones volvieron a repuntar en los años posteriores", subraya el documento.

Tras destacar que España es, precisamente, "otro de los principales proveedores de armas a Arabia Saudita", apunta que "en el primer semestre de 2019 –último periodo sobre el que existe información oficial disponible– se han exportado categorías de armamento correspondientes a municiones y dispositivos, sistemas de dirección de tiro, aeronaves y equipos de procesamiento de la imagen (cámaras, sensores, radares)". A día de hoy se estima que los ataques de la coalición liderada por el régimen saudí han provocado más de 100 mil muertes.

En tal sentido, las entidades a cargo de este informe señalan que la campaña militar contra Yemen "ha tenido efectos devastadores en la población, ha provocado miles de víctimas civiles y ha arrastrado al país a una crisis humanitaria de enorme magnitud, considerada en la actualidad como la más grave de todo el mundo".

"En los últimos cinco años, Naciones Unidas y diversas ONG humanitarias y de derechos humanos han advertido continuamente sobre los graves abusos perpetrados en el marco del conflicto armado en Yemen por parte de diversos actores –muchos de los cuales se consideran constitutivos de crímenes de guerra–, y han señalado expresamente a la coalición internacional liderada por Arabia Saudita por su responsabilidad en ataques contra la población civil yemení con numerosas víctimas mortales", señala.

Del mismo modo, el informe remarca que "pese a estos antecedentes, diversos Estados europeos, incluido el español, han mantenido su política de venta de armas al reino y a otros países miembros de la coalición liderada por Riad –como Emiratos Árabes Unidos (EAU)–, contraviniendo disposiciones de normativas nacionales, europeas y el Tratado Internacional de Comercio de Armas".

El estudio destaca además que Human Rights Watch (HRW) ha documentado "al menos 90 ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita que apuntan a ataques deliberados contra población y objetivos civiles". A pesar de todo ello, la venta de armas no ha cesado.

Normativa incumplida

De hecho, el informe subraya que si bien existe desde abril de 2015 una resolución de Naciones Unidas que "estableció un embargo sobre diversos grupos armados en el país", nada de eso ha sido obstáculo "para que se mantengan los flujos de armas hacia el bando liderado por Arabia Saudita a pesar de la evolución del conflicto armado en Yemen y de los numerosos indicios de abusos y vulneraciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario".

Recuerdo además que en 2014 –un año antes de que comenzaran los ataques– "entró en vigor el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que también exige a todos los Estados que garanticen que sus exportaciones de armas no serán usadas para perpetrar abusos de derechos humanos, actos de terrorismo, violaciones al derecho internacional humanitario o por parte de organizaciones criminales".

Del mismo modo, incide en que "los Estados europeos están obligados a respetar sus propias regulaciones nacionales en materia de ventas y transferencias de armas". "En el caso de España, por ejemplo, la legislación sobre exportaciones de armas (Ley 53/2007) establece cláusulas de denegación y suspensión si existen evidencias de que el material proporcionado puede ser utilizado para perturbar la paz y la estabilidad, exacerbar conflictos o ser utilizadas contra la dignidad del ser humano", apunta.

A pesar de todo ello, "en los últimos años Riad ha multiplicado sus importaciones de arsenales de manera significativa y se ha convertido en el principal comprador de armas a nivel mundial". "En los últimos años sus proveedores principales han sido, con diferencia, EEUU, y luego Reino Unido, pero también otros países europeos como Alemania, Francia, España, Italia o Bélgica", añade el informe.

Por tales motivos, remarca que "los flujos de armas europeas a Arabia Saudita y otros países de la coalición liderada por Riad se han mantenido a pesar de las denuncias sobre vulneraciones contra la población civil en Yemen y del derecho internacional humanitario, pese a las normativas internacionales, europeas y nacionales vigentes y aunque los señalamientos a la complicidad de los países proveedores de armas que alimentan el conflicto son cada vez más explícitas".

"Suspender las exportaciones"

Con estos datos sobre la mesa, las organizaciones a cargo de este estudio sostienen que los Estados miembros de la UE "deben priorizar el cumplimiento de la Posición Común Europea y del Tratado Internacional de Comercio de Armas y suspender las exportaciones de armas a Arabia Saudita y otros países de la coalición militar liderada por Riad con el fin de evitar que estos arsenales sean o continúen siendo utilizados para perpetrar vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario".

Además, reclaman al Gobierno español que incorpore "un modelo de autorización de las exportaciones de armamento que garantice el respeto completo a la legislación española y europea existente y evite una interpretación negligente, irresponsable o dolosa".