La fiscal encargada de investigar el caso de la desalinizadora de Escombreras ha considerado que el Gobierno autonómico de Murcia y dos empresas privadas, una de ellas Cobra —una filial de la empresa de Florentino Pérez ACS—provocaron un agujero de 600 millones de euros en la planta construida en 2005 a través de la creación de estructuras societarias.

En ese sentido, la fiscal María Isabel Neira Campos señala que "desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después", según informa Voz Populi.

Asimismo, Neira apunta que las firmas privadas y el Ejecutivo popular de Murcia, presidido por entonces por Ramón Luis Valcácer, podrían haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.

Por otro lado, la fiscal explica que todo apunta a que "se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua (EPA) del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas un esquema de contratos y sociedades contituidas cronológicamente según un orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado".

Sin embargo, apunta que todo obedece a "un diseño único para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras".

De esta forma, la fiscal pide que se llame a declarar en calidad de imputados al director de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A; al director general de Proyectos Integrados vinculado a ACS, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero de ACS, Cristóbal González Wiedmaier.