¿Qué pasaría si el Tribunal Constitucional (TC) suspende por primera vez la tramitación de una ley en el Parlamento español? ¿Sentaría un precedente peligroso? A escasos días de que se conozca el desenlace, presumiblemente tras el pleno del TC del lunes, varios juristas consultados por Público aportan su visión sobre el inédito escenario que se ha dibujado tras la presentación por parte del PP de un recurso de amparo en el que pide medidas cautelarísimas para que el Constitucional suspenda la tramitación legislativa de una reforma que afecta al propio TC. 

En primer lugar, si finalmente el pleno del TC decide dar la razón al PP las consecuencias serían "muy graves", según cree Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "Sentaría un precedente grave el de impedir la tramitación de una ley aún no aprobada. Más grave aún es que unos magistrados con el mandato caducado se nieguen a admitir la incorporación de sus sustitutos y quieran impedir su propia sustitución", sostiene este jurista. 

En este delicado momento, la cuestión clave es el hecho de que las dos enmiendas que el PP ha recurrido y que pide al TC que se suspendan precisamente modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Con dichas reformas, que ya han pasado el filtro del Congreso, se desbloqueará la renovación de un tercio de magistrados del TC, con el mandato caducado desde hace seis meses, y se propiciará una mayoría progresista en el tribunal de garantías. Y esto es lo que se quiere evitar con la inédita petición de un grupo parlamentario al TC. 

El PSOE no pidió al TC que paralizara la reforma del PP

Hay que recordar que el propio PP usó en el pasado la misma fórmula legislativa que ahora denuncia ante el Constitucional. El PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han empleado un sistema poco convencional, pero rápido, para sacar adelante las reformas de la LOPJ y la LOTC, a través de una proposición de ley sin conexión en sus materias, como es la reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y de malversación. 

El Gobierno de Aznar enmendó en 2003 la Ley de Arbitraje para introducir un nuevo delito, el de la convocatoria ilegal de consultas populares vía referéndum. Entonces los senadores socialistas no pidieron al TC que suspendiera cautelarmente la tramitación de aquella ley, sino que plantearon un recurso de amparo una vez aprobada. El Constitucional tardó ocho años en resolver, a favor de los socialistas: sentenció que fue inconstitucional aquella tramitación porque se hurtó a los parlamentarios de su derecho a la participación política, al privárseles del debate propio de una iniciativa legislativa. ​

En este sentido, la jurista Eva Sáenz Royo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, cree que resolver un recurso ocho años después no tiene ningún efecto. "Es convertir la Constitución en algo meramente declarativo. Es uno de los problemas del Tribunal Constitucional, que no tiene plazos para revolver. Otro, que no es transparente y no se sabe por qué acomete primero el estudio de unos recursos en detrimento de otros, por ejemplo, el de la ley del aborto que lleva doce años en un cajón".

¿Una función legítima o ilegítima?

Para esta jurista, es legítimo que el TC paralice la tramitación parlamentaria: "Los parlamentarios no pueden hacer lo que quieran. Lo que está haciendo el TC es controlar la constitucionalidad de la tramitación parlamentaria; es una de sus funciones, porque la tramitación parlamentaria está configurada constitucionalmente para respetar la pluralidad política. La Constitución está por encima del Parlamento", recuerda Sáenz Royo. 

Por el contrario, el profesor Fernando Oliván, que da clases de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, cree que "no estamos ante el control de constitucionalidad propio del TC, sino que se adelanta, en un acto de prevención, que excede su función específica y aborda una función legislativa".

"El presidente del TC debería abstenerse"

Lo que critica la jurista Sáenz Royo es que en esta ocasión, por ser una reforma que afecta directamente al TC y a su presidente, Pedro González-Trevijano, que tiene el mandato caducado y deberá salir del tribunal en cuanto se apruebe la reforma, "el TC esté actuando con premura, que es lo que debería hacer siempre y no solo cuando le afecte el asunto", dice, y añade que "está fundada la recusación del presidente y del otro magistrado [Antonio Narváez] y deberían abstenerse".

El Tribunal Constitucional está compuesto en estos momentos por once magistrados, cinco progresistas y seis conservadores, que perdieron un miembro hace meses cuando el magistrado Alfredo Montoya renunció por una enfermedad. El Senado deberá nombrar a su sustituto.

Impedir la mayoría progresista en el TC

Para Joaquín Urías, el recurso del PP al recurrir al TC  "se está haciendo aparentemente para influir en quienes serán los próximos magistrados del tribunal. Un tema sobre el que el tribunal debería exhibir la máxima neutralidad". En cuanto quede definitivamente aprobada la reforma de las leyes orgánicas del CGPJ y del TC, el tribunal de garantías quedará conformado con una mayoría progresista, tras la entrada de los magistrados nombrados por el Gobierno: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y la catedrática Laura Díez.

Los otros dos magistrados que debe nombrar el CGPJ para completar la renovación podrían quedar designados esta misma semana, tras el pleno del día 20, en el que, de momento, hay dos candidatos oficiales de cara a la votación, los dos propuestos por el bloque conservador: César Tolosa y Pablo Lucas (de sensibilidad algo más progresista). Pero aún no se han cerrado todas las candidaturas, y seguramente estará en la terna el magistrado José Manuel Bandrés, vetado por los vocales conservadores.

Si el TC suspende...

Si finalmente el TC ordenase la suspensión de la tramitación parlamentaria que ya se encuentra en el Senado, "seguramente instase a que los grupos presentasen una proposición de ley para reformar esas leyes orgánicas, que es el camino correcto", dice la jurista Eva Sáenz Royo, profesora en la Universidad de Zaragoza. 

Fernando Oliván considera que el PSOE, Unidas Podemos y el resto de grupos que se vean afectados en caso de suspensión podrían plantear una batalla jurídica. "Si entienden que esa medida cautelar excede las competencias del TC, se abre un escenario muy peligroso para la democracia; sería la constatación de un lawfare tremendo. Se podría acabar yendo incluso al juzgado de guardia". 

Sáenz Royo cree que no se llegaría tan lejos. "Se acataría la decisión del TC y ya está. No puede ser de otra manera. La Constitución está por encima del Parlamento", insiste. "No nos olvidemos de la función del rey, que arbitra y modera el normal funcionamiento de las instituciones públicas, según la Constitución. Se le podría obligar a tomar partido", manifiesta Fernando Oliván.

Y si no suspende...

En caso de que finalmente no se suspendiera la tramitación legislativa, "podría perfectamente admitir a trámite el recurso de amparo del PP, son cosas diferentes, y seguramente acabará por declarar inconstitucional esta tramitación al cabo de los años", dice Eva Sáenz Royo.