El Congreso no debatirá el próximo martes sobre la huida de Juan Carlos I a los Emiratos Árabes Unidos, el papel del Gobierno y los recursos públicos empleados en la operación. La Mesa de la Cámara ha tumbado la moción presentada por la CUP que pedía que el Parlamento instara al Ejecutivo a dar explicaciones sobre el tema y a apoyar una comisión de investigación sobre los supuestos escándalos de algunos miembros de la familia real.

La formación catalana registró el pasado 6 de septiembre una interpelación urgente al Gobierno para hablar sobre la huida del emérito, petición que fue rechazada por la Mesa bajo el pretexto de que el Ejecutivo no tenía competencia en la materia. Para salvar el "filtro" del órgano de gobierno de la Cámara, la CUP registro otra interpelación sobre "la relación del Gobierno con las Cortes y la necesidad de transparencia", una iniciativa que sí llegó al Pleno.

Durante la interpelación, el diputado de la CUP Albert Botran basó su intervención en pedir explicaciones al Gobierno sobre la operación que sacó a Juan Carlos I de España, pero la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se negó a contestar al parlamentario sobre esta cuestión, al entender que el epígrafe bajo el que se registró la iniciativa no se correspondía con el asunto de los escándalos del rey emérito que Botran estaba poniendo sobre la mesa.

El Reglamento del Congreso recoge que toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. La CUP hizo uso de esta facultad y presentó una moción que, en principio, se debería haber incluido en el orden del día del Pleno que tendrá lugar el martes de la próxima semana. Para que esto ocurriese, la iniciativa debía ser admitida por la Mesa del Congreso, y el Reglamento establece que el órgano de gobierno de la Cámara solo admitirá una moción "si es congruente con la interpelación".

Finalmente, la Mesa ha decidido rechazar la moción, a pesar de que, según informan fuentes del partido catalán, contaba con el visto bueno de los letrados. El órgano ha desestimado la iniciativa basándose en tres criterios: el Gobierno no tiene competencia en la materia (el mismo que se utilizó en la primera interpelación); el estatus constitucional de la monarquía que recogen los artículos 56.3 y 65 (la inviolabilidad del monarca y la potestad de Casa Real para distribuir libremente el dinero que recibe de los Presupuestos); y que el contenido de la moción "no resulta congruente con la interpelación que fue admitida a trámite", un supuesto recogido en el Reglamento del Congreso.

La moción solicitaba las comparecencias de Pedro Sánchez y de Carmen Calvo, la retirada del título honorífico de rey emérito a Juan Carlos I y la creación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por algunos miembros de la familia real.