La de vueltas que da la vida. Dos amigos y colaboradores del actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecen como imputados por el uso indebido de tarjetas black de Caja Madrid antes de que tuviera que ser rescatada con dinero público. Los tres formaron el equipo económico de José María Aznar junto a Luis de Guindos, actual ministro de Economía. La cabeza era Rodrigo Rato, imputado además por la salida a bolsa de Bankia.

Este martes comparece ante el juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, la mano izquierda y derecha de este grupo. Por un lado, Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda de Aznar, inspector de Hacienda en excedencia e imputado por un supuesto delito de administración desleal al haber gastado 255.400 euros de esas tarjetas opacas al fisco.

La otra mano de aquel equipo es José Manuel Fernández b, secretario de Estado de Comercio en esa época, hombre de la máxima confianza de Rato. Se gastó 175.400 euros de la tarjeta black. Es señalado por otros imputados como el ejecutivo que les dijo que podían cargar a las tarjetas gastos personales y no sólo viajes, restaurantes, obsequios, libros o trajes.

También declara Alberto Recarte, áulico del liberalismo de aquella etapa, consejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Economista y abogado, está imputado por gastar en tarjetas black 139.900 euros. Recarte llegó a pedir que le cambiaran un reloj conmemorativo de la entidad rescatada, valorado en unos 12.000 euros, por dinero.

Además comparece Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid por aquella época, ex alcalde de Majadahonda y que se gastó 1.400 euros en herrajes de lujo para su yeguada o capaz de fumarse 26.000 euros en puros con la visa de la entidad financiera.

El juez ha imputado a 86 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid por el supuesto uso indebido de estas tarjetas opacas al fisco con la que gastaron 15,2 millones de euros.

Uno de los primeros citados declarar es Jesús Pedroche, exconsejero de Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón con 132.200 euros de tarjeta black en su haber y capaz de gastarse casi 10.000 euros en arte sacro y o tros 10.000 en muebles de cocina y en iluminación… a cargo de la entidad rescatada con dinero público.

Otra imputada es Mercedes Rojo, exsecretaria de Esperanza Aguirre en sus tiempos de presidenta de Madrid y amiga personal. Está imputada por haber gastado 199.300 euros en tarjeta black.

Por el lado socialista declara un exministro y tres exaltos cargos del partido.

Virgilio Zapatero, secretario de Estado de relaciones con las Cortes y ministro en la etapa de Felipe González, ha sido citado a declarar como imputado por gastar Gastó 35.977 euros con la tarjeta black. Fue diputado en las Cortes Constituyentes.

Junto a él, y también como imputado, deberá comparecer el exmiembro del Comité Federal del PSOE José María de la Riva, que era consejero por el sector de impositores. La auditoría de Bankia le atribuye un gasto de 208.900 euros en tarjetas black, entre hoteles, dietas, joyas y hasta tres tratamientos de adelgazamiento.

Además comparece como imputado Antonio Romero, con 252.009 euros de gasto en tarjeta black. Romero fue vicesecretario general del Partido Socialista de Madrid.

El sindicalista Francisco Baquero, de CCOO, deberá declaarar sobre los 266.433 euros de la entidad que gastó en tarjeta black para colegios, electrodomésticos y hasta viajes.

La prudencia con la que había que usar la tarjeta black en Caja Madrid desde hacía décadas desapareció con la llegada de Miguel Blesa, en 1996. La mayoría de los diez primeros exconsejeros de Caja Madrid declaró el lunes que las tarjetas eran cantidades de libre disposición que formaban parte de su retribución salarial. La fiscalía no ha pedido fianza para cuatro de ellos.

El juez ha imputado a 86 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid por el supuesto uso indebido de estas tarjetas opacas al fisco con la que gastaron 15,2 millones de euros.

El uso de las tarjetas black es una pieza separada del sumario principal del ‘caso Bankia’ donde se investiga la fusión y salida a bolsa de Bankia.

En la pieza principal, el juez ha impuesto una fianza de 800 millones de euros a Bankia, BFA y la cúpula directiva para hacer frente a posibles responsabilidades civiles por una salida a bolsa por medio de un folleto informativo que no decía la verdad de esta entidad financiera.