BILBAO
Actualizado:Aquí empezó todo. Hace 19 años, uno de los militantes de CCOO en Bilbao se convertía en responsable de las Juventudes de ese sindicato en el País Vasco. Casi dos décadas después, ese mismo sindicalista forjado en la Bizkaia obrera conoce todos los rincones de esta central a nivel del Estado. Su nombre es Unai Sordo, tiene 46 años y lleva casi 24 meses al frente de la secretaría general de Comisiones Obreras.
"Aquel es mi barrio", señala el sindicalista mientras apunta hacia Uribarri, situado al norte de ciudad. Sordo, que ahora vive en Madrid, acaba de publicar un libro. Se trata de una larga entrevista realizada por su secretario adjunto, el economista Bruno Estrada. Su título se escribe entre signos de interrogación: ¿Un futuro sin sindicatos? (Ed. Fundación 1 de Mayo). Las respuestas a esas y otras preguntas fueron ofrecidas a Público en la segunda planta del edificio de CCOO en Bilbao, el lugar donde militó cuando era joven. El lugar donde empezó todo.
¿Quiénes quieren precisamente un futuro sin sindicatos?
Los que aspiran a que el mundo del trabajo se rija por relaciones mercantiles, donde se vende un bien o un producto sin una regulación laboral. Los que buscan, en otras palabras, desposeer de derechos a la mayoría de trabajadores, y que saben que si el mundo del trabajo no está organizado, pierde salarios y condiciones de vida. Esos son los que quieren un mundo sin sindicatos.
En el libro, usted habla de las consecuencias del austericidio y los recortes. ¿También se han recortado los derechos de los sindicalistas?
Las políticas de austeridad, que tenían como uno de los objetivos centrales la devaluación de los salarios, requerían debilitar la acción colectiva de los sindicatos. Para eso se hicieron las reformas laborales, que buscaban que se perdiera poder de negociación por parte de los trabajadores, facilitando así el despido y precarizando la contratación. Dentro de esas políticas de austeridad hay una vertiente que, en mi opinión, se ha estudiado poco: el autoritarismo que llevaba implícito la reforma laboral. Dentro de esas políticas de mayor autoritarismo, una fue la persecución del propio derecho de huelga. A través de la utilización de un artículo tardofranquista del Código Penal hubo más de 300 personas encausadas en España por distintas expresiones en el ejercicio del derecho de huelga.
¿La crisis ha hecho variar la percepción de las trabajadoras y trabajadores en torno al papel de los sindicatos?
Creo que en la segunda fase de la crisis, sí. La crisis económica que estalla en 2008 tiene una fase previa de un incremento ficticio de la renta y de la demanda interna en España por la vía de un proceso de endeudamiento muy importante y de una serie de burbujas. Cuando llega la crisis, ese mundo ficticio se viene abajo. Hay un primer momento de desconcierto generalizado y un ataque sistemático al papel de los sindicatos, sobre todo entre 2011 y 2014. Creo que eso ha ido cambiando, y estamos recuperando legitimidad social. La propuesta sindical de incremento de salarios es compartida por la mayoría de la sociedad, y se está revitalizando otra vez nuestro papel. Lo que está claro es que tenemos que adaptarlo a los requerimientos del siglo XXI.
De hecho, usted habla en el libro de la “pérdida de legitimidad social en la faceta representativa del sindicato”.
A veces se acusa a los sindicatos de haber perdido legitimidad, y se mezcla todo. CCOO sigue siendo la organización social más grande de España, con 96 mil delegados, recuperando el millón de personas afiliadas, que es más del triple que todos los partidos juntos. Ahora, también es cierto que en la faceta representativa hubo una crisis de legitimidad que, en realidad, debe englobarse en una pérdida a nivel de todo el aparato democrático-representativo que se da desde 2011 y que tiene distintas expresiones, como el surgimiento del 15-M. Ahora se trata de recuperar nuestro papel como agente organizativo, cuya función principal es organizar a la gente en los centros de trabajo. También tiene una vertiente sociopolítica, e implica que el sindicato interlocute con gobiernos y patronales. Por ello, es importante que se vea el papel que deben jugar los sindicatos en la subida del Salario Mínimo Interprofesional, o en el acuerdo de negociación colectiva.
¿Esos puntos formarán parte de la agenda de CCOO con el nuevo gobierno?
"El diálogo social no puede verse como un espacio de tertulia, como pretende la patronal"
Sí. El reto es precisamente ser interlocutores válidos y condicionar las políticas públicas. Tenemos que abordar cuestiones que van a determinar el futuro de la gente en materias que hasta ahora no se tenían en cuenta cuando se hablaba de diálogo social, como los sistemas de formación que van a tener las trabajadoras y trabajadores a lo largo de su vida. Hacia ahí tenemos que ampliar las utilidades del diálogo social, que no puede verse como un espacio de tertulia, como pretende la patronal. La mayoría de los trabajadores tiene que intuir la utilidad al día siguiente de que haya un acuerdo de carácter social tripartito con gobierno y patronal. Eso se comprueba, por ejemplo, en las pensiones: si llegas a un acuerdo para garantizar las pensiones en el IPC, mañana lo notan nueve millones de españoles.
Precisamente, ¿qué pueden esperar los pensionistas que ocurra a partir de 2020?
Espero que antes de 2020 haya una reforma de las pensiones de 2013, que implica que se vuelvan a revalorizar en base a la evolución de los precios, y que desaparezca definitivamente el factor de sostenibilidad. Una vez garantizadas esas dos cuestiones, lo que hay que buscar son ingresos adicionales al sistema público de pensiones para los próximos 25 años, en los que habrá un incremento paulatino del gasto global en esta materia. Esperamos que se lance un mensaje claro del gobierno, sea el que sea, de que va a haber pensiones públicas suficientes, financiadas con las cotizaciones sociales y con ingresos adicionales.
La patronal quiere un gobierno de Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. ¿Qué podría esperar la clase trabajadora si ocurriese algo así?
En primer lugar, un gobierno absolutamente inestable. Pactar con un partido como Ciudadanos, que en una frase es capaz de decir tres cosas contrarias y mutuamente excluyentes, me parece una temeridad. También es una temeridad pensar que con Albert Rivera se puede hacer un proyecto de gobierno no de cuatro años, ni tan siquiera de cuatro horas. A la CEOE le interesa un gobierno muy condicionado por Ciudadanos, pero a la mayoría social le conviene más un gobierno que sitúe la lucha contra la desigualdad y la recuperación de derechos sociales y laborales como primer objetivo de la agenda política. Con la actual configuración, este gobierno pasa por un acuerdo fuerte y estable entre el PSOE y Unidas Podemos, que tendrá que contar con alguna complicidad más en el arco parlamentario. Por eso apostamos desde CCOO.
Pedro Sánchez ha dicho que el nuevo gobierno va a abordar un nuevo estatuto de trabajadores. ¿Qué le parece?
Es una especie de burladero para evitar lo primero que hay que hacer al inicio de la legislatura: la corrección de la reforma laboral de 2012. Y además, corregirla en los términos que ya veníamos hablando con el gobierno de Pedro Sánchez y que cerramos en una serie de puntos en diciembre del año pasado. A partir de ahí, como hay más aspectos que corregir, se podrían incluir en una reformulación del Estatuto de Trabajadores. Pero si se utiliza como tiro por elevación para evitar la corrección de la reforma laboral, desde luego que no cuente con nosotros.
¿La ultraactividad o la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales son temas que estarán sobre la mesa?
Sí. Y también las condiciones de subcontratación, desvincular los contratos temporales de las subcontratas… Hay algún otro aspecto que ya aprobó el gobierno, como el control de la jornada o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años que también estaba en nuestro acuerdo. Hay además otra cosa que tiene que aprender el gobierno de Pedro Sánchez, se configure como se configure: no hacer esas correcciones es tanto como otorgar derecho de veto a la CEOE, que se borró de la anterior mesa de negociación. Y si alguien piensa que una negociación tan compleja como un nuevo estatuto de trabajadores puede partir de una concesión del derecho de veto a CEOE, empieza mal.
¿Aquella reforma laboral de Rajoy consolidó la precariedad laboral en España?
"El objetivo último de la reforma laboral era bajar los salarios y dar más poder a los empresarios"
Consolidó las viejas inercias de precariedad en España y debilitó la negociación colectiva, que es la gran herramienta para hacer frente a esa precariedad. En contra de lo que se decía, aquella reforma no sirvió ni para evitar la temporalidad, que está otra vez en el 28%. El objetivo último de esa reforma –la más agresiva que hemos vivido- era bajar de los salarios, dar más poder a los empresarios y agravar las consecuencias del proceso de descentralización productiva típico del capitalismo desde los años setenta. Es decir, que las empresas externalicen a su modo y manera partes de su producción, cada vez con mayores condiciones de precariedad.
¿De ahí el tipo de empleo que se crea a día de hoy en España?
Los datos son tozudos. No sólo tenemos el 28% de temporalidad, sino que la rotación de esos trabajadores temporales es mucho más grave que la que había en 2011: antes había de media 3 contratos y pico por trabajador temporal al año, y ahora es de 5,6 contratos por año. Es un modelo laboral insostenible.
¿Qué consecuencias tendrá la llegada de la ultraderecha a las instituciones para la clase trabajadora?
"Vox ha tenido la enorme torpeza de ser ultraliberal en lo económico"
Pueden tener unas consecuencias nefastas. Afortunadamente, la operación de cara a las elecciones generales –que le dieran los números al tripartito de derechas- no salió. Seguramente Vox se va a diluir de manera progresiva, porque es un partido mal armado, con gente poco solvente, y que además ha tenido la enorme torpeza de ser ultraliberal en lo económico. No ha aprendido de las enseñanzas –en el peor sentido de la palabra- del Frente Nacional, que generó un discurso social –además de xenófobo- que sedujo a una parte de la clase trabajadora. Los de Vox son más torpes que todo eso, y han hecho un discurso para las élites. En cambio, han tenido –entre comillas- otra virtud: el debate de las otras dos derechas ha pilotado en base a la agenda reaccionaria de Vox, que hasta hace dos años era de frikis. Esto es un fenómeno básicamente español: mientras en otros países de Europa se ha excluido a la ultraderecha de potenciales pactos, aquí se les ha normalizado en dos meses.
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