Óscar Reina habla con voz tranquila. La llamada de 'Público' le pilla en el coche en el que va, cargado con octavillas, junto con otros compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), a Huelva, a preparar la manifestación contra la explotación laboral y sexual en el sector fresero que han convocado para este domingo. Reina, secretario general del SAT, heredero del ya mítico Sindicato de Obreros del Campo (SOC), fue detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil y luego puesto en libertad el mismo día, acusado de los delitos de injurias a la Corona y de odio por unos tuits antimonárquicos y republicanos del año 2016 y 2017, en los que hoy Reina se ratifica en todos sus términos.

Así relata él su detención: “El miércoles iba a la huelga general de Navantia, que habíamos convocado nosotros. Salí de la carretera y me paré con el coche para tirar el reciclaje, porque yo reciclo. Justo cuando terminaba de echar las bolsas al contenedor, se para un coche, agentes de paisano me dieron el alto, se identificaron, con la placa. Eran cuatro agentes de la brigada de información. Me dijeron que estaba detenido y que tenía que ir con ellos. Se llevaron mi coche, lo dejaron aparcado en mi pueblo, Gilena, bien aparcado. Yo me fui con ellos. Me quitaron todas las pertenencias. Me llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Osuna. Me leyeron los derechos, me explicaron el supuesto motivo de la detención, tuits contra la corona”.

Reina es republicano y así lo expresa cada vez que tiene ocasión, también en las redes sociales. Se reafirma en todos y cada uno de los tuits que ha puesto. “Pido República. Sigo pensando lo mismo”, dijo esta mañana a 'Público'. Uno de los tuits que Reina cita como motivo de la detención es el siguiente, del 15 de diciembre de 2017: Reina cuelga una foto del rey Felipe VI, en la que se lee: premio a la Defensa de los DDHH (Derechos Humanos) 2017 de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y la acompaña de este texto: “Hay que tener poca vergüenza. Felipe de Borbón es usted un miserable. Su puesto que nadie ha votado viene heredado de una institución que se mantuvo a raíz de un golpe de estado franquista y terrorista. Yo le daría el Premio a la Indecencia y a la Hipocresía, con un viaje al exilio”.

Sin embargo, Reina cree que el motivo real de la detención nada tiene que ver con la publicación de sus opiniones en las redes sociales. “En el coche, después de decirme lo de los tuits, justo después, instante seguido, me empiezan a preguntar sobre la fresa en Huelva, que cómo nos va la cosa, que qué íbamos a hacer. Ahí está la causa real de mi detención. Sacaron el tema en un ambiente distendido, estábamos tranquilos: bueno, Reina, hablando de otras cosas, cómo va lo de Huelva. Me parece muy sospechoso que justo después de decirme por qué me detienen, me saquen ese tema. Me llama la atención”.

Prosigue Reina su relato de la detención: “Estuve allí en un despacho con ellos, estuve bien. El trato fue trato rutinario, me tomaron las huellas, me volvieron a leer la denuncia. No firmé nada. Yo soy insumiso judicial. No me puedo negar a que me lleven, pero me acogí al derecho a no declarar. Me pusieron en libertad, porque no hay riesgo de fuga, yo estoy todo el día en las redes diciendo dónde estoy, pero me dijeron que me iba a llamar el juzgado 4 de Sevilla y seguramente la Audiencia Nacional. No voy a ir a ningún juzgado. Me declaré insumiso judicial. Yo no he cometido ningún delito, que vayan los mafiosos y los corruptos”. Como hizo el actor Willy Toledo. “Veo correcto lo que ha hecho Willy. Si me llevan no declararé nada, igual que siempre. Tampoco me resistiré. Les esperaré”, agrega Reina.

A Reina le acusan por dos tipos de delitos. Por injurias a la corona, recogido en el artículo 491.2 del Código Penal (CP), que dice lo siguiente: “Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”.

Y otro de odio, tipificado en el artículo 510.1 del CP, que reza así: “Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Injurias al rey, odio y libertad de expresión

El secretario general del SAT deja como colofón de su conversación con 'Público' esta reflexión, al respecto de la libertad de expresión en España y del delito de odio: “Un compañero me lo decía. Gente republicana ha habido siempre, se meten ahora con los raperos. Lo que no es normal es que haya leyes que coartan la libertad. No se puede ser imparcial en esta situación. Ser imparcial en situaciones de injusticia es estar al lado del opresor. Nos dicen que tenemos derechos y garantías pero la realidad es otra. Y yo me pregunto hasta dónde es o no es odio, hasta qué punto es odio lo que nos hacen a nosotros, a la gente, y quién interpreta que es odio y qué no. Es muy grave que me quieran imputar este delito”.

El Tribunal de Estrasburgo, máxima autoridad judicial en Europa en materia de Derechos Humanos (TEDH), ya dejó claro en una sentencia de marzo pasado que el Tribunal Constitucional español había vulnerado el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que defiende la libertad de expresión, al ratificar una condena de la Audiencia Nacional a dos independentistas catalanes que quemaron en el año 2007 una foto del rey Juan Carlos I en una protesta antimonárquica en Girona.

En aquella sentencia, el TEDH manifestó lo siguiente: “La libertad de expresión se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan. [Sin] pluralismo, tolerancia y amplitud de miras no hay una sociedad democrática”. Al respecto del supuesto específico que juzgaban, la quema de la foto del rey, dijo Estrasburgo: “[Se trata de] una puesta en escena provocadora de las que se emplean cada vez más para llamar la atención de los medios de comunicación y que no van más allá de un recurso a una cierta dosis de provocación permitida para transmitir un mensaje crítico desde el ángulo de la libertad de expresión”.

Estrasburgo dejó claro además que la quema no era tampoco un “acto de odio o de incitación a la violencia”. “[Los condenados no querían] incitar a nadie a cometer actos de violencia contra el Rey. Un acto de este tipo debería ser interpretado como la expresión simbólica de insatisfacción y protesta”. “Incluso aunque el acto escenificado incluyera la quema de una imagen, era una manera de expresar una opinión en un debate sobre una cuestión de interés público, la institución monárquica”, remachaba el tribunal.