MADRID.- Podemos se ha personado como acusación popular en el caso que investiga la Audiencia Nacional sobre la ampliación del Puerto de Gijón cuyos 250 millones de precio inflado fue reclamado por la propia Unión Europea.

“Se ha acabado la impunidad. La gente que nos ha metido en esta crisis tiene que parar; tenemos que instaurar otro modelo de gestión y acabar con la omertá”, ha destacado Daniel Ripa, secretario general de Podemos para quien la lucha contra la corrupción hay que realizarla tanto dentro de las instituciones, tras las próximas elecciones, como desde los tribunales.

La ampliación del Puerto de Mosul, en Gijón, costó 700 millones de euros, 250 más de los previstos. Este sobreprecio se realizó “con la presunta connivencia de políticos y empresarios para aumentar los costes”.

El líder de Podemos, a través del Observatorio Ciudadano Anticorrupción en el que participa, impulsan la acción popular en este caso como ciudadanía organizada “porque creemos que la investigación está paralizada”. Ripa destaca que la UE ha reclamado a España que se investigue este sobreprecios, “y que está en riesgo de cometer prevaricación”.

Resalta que en el consejo de administración del Puerto estaban sentados consejeros socialistas del Gobierno del Principado de Asturias, candidatos del PSOE, el presidente de la patronal y sindicatos. La Unión Temporal de Empresas que realizó las obras está formada por “la flor y nata de las constructoras”, destaca Ripa quien cita las constructoras beneficiadas con la UTE del Dique Torres: ACS dragados, OHL, FCC.

Esto es, Florentino Pérez, Juan Miguel Villar o Esther Koplowitz, quien ha vendido el control de FCC al empresario mexicano Carlos Slim después de romper con el todopoderoso George Soros en la entrada en este grupo empresarial.

El equipo legal de Podemos analizará ahora los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y tiene intención de solicitar la identificación de los responsables del puerto, los beneficiarios indirectos de estas obras, así como solicitar la comparecencia de los posibles responsables como imputados.

Gloria Elizo, la responsable legal de este partido, coordinará esta acusación popular, al igual que se encarga de la querella contra Jordi Pujol. "El compromiso político de Podemos es actuar y destruir estas connivencias con el poder político", ha destacado Elizo en las puertas de la Audiencia Nacional.

Un juez provisional

La causa de la ampliación del Puerto de Gijón ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo titular Javier Gómez Bermúdez ha sido nombrado por el Gobierno magistrado de enlace en París. Su sustituto mientras está fuera será nombrado en comisión de servicios; esto es, su plaza no saldrá a concurso entre los jueces en activo, en contra del criterio adoptado por el Consejo General del Poder Judicial para el Juzgado Central número 5, cuya plaza sí que se sacó a concurso y con la que se desplazó a Pablo Ruz.

En este caso se ha optado por designar un magistrado de forma temporal, a través de la llamada comisión de servicios. Suena para el cargo Juan Pablo González, magistrado de tendencia conservadora, quien fue líder de la Asociación Profesional de la Magistratura en el País Vasco y que ahora ejerce en la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid.