Los castillos de naipes son endebles por naturaleza. Más aún cuando, además, tienen pocas cartas sobre los que levantarse. La llamada teoría de la conspiración fue siempre eso, una simple y vulnerable construcción de pequeños rectángulos de cartón manoseados y procedentes de barajas muy dispares sin más amalgama que la que se empeñaban en vociferar sus defensores políticos y mediáticos.

Tanto grito matutino y titular a cinco columnas no impidió, sin embargo, que a lo largo de todos estos años el castillo se fuera desmoronando con firmes soplidos judiciales. El último de los cuales lo dio ayer la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid al absolver a los cuatro policías del bautizado como caso del ácido bórico, el clavo al que se habían agarrado a la desesperada los conspiranoicos para mantener sus teorías sobre el 11-M.

Sin embargo, la caída del castillo se inició mucho antes. En concreto el mismo día de la masacre de Madrid, cuando diferentes medios de comunicación, al apuntar que la Policía se había centrado en la pista islamista, hicieron tambalearse aquella primera carta que colocó el Gobierno de José María Aznar y que llevaba escritas las siglas ETA.

Sin embargo, la posterior derrota electoral del PP dio alas a sus arquitectos, que se empeñaron a partir de ese momento en levantar su construcción de cartas sobre “agujeros negros”. Así, hasta que una anécdota de la investigación –el hallazgo de una cinta de casete de la Orquesta de Javier Gurruchaga en la furgoneta utilizada por los terroristas para desplazarse hasta la estación de Alcalá de Henares– fue convenientemente transmutada en una inexistente tarjeta de visita del grupo empresarial Mondragón y, por tanto, en el naipe más sólido de una fantasmagórica conexión ETA-Al Qaeda que sólo veían unos pocos. Sin embargo, aquella prueba se convirtió en la última carta del castillo. Un pequeño medio de internet, El Confidencial.com, la derribó el 4 de mayo de 2006 y, a partir de ese momento, empezaron a caer uno tras otro el resto de los naipes.

Las sesiones del juicio, iniciadas en febrero de 2007, se encargaron de ir tirar otras muchas cartas, desde los inexistentes temporizadores made in ETA –en realidad, vulgares componentes electrónicos de lavadora– hasta le misterio del supueso etarra Óscar Pérez –que resultó ser el empleado de una aseguradora catalana de farra por Madrid–. Aunque sería la sentencia, hecha público el 31 de octubre , la que terminó de derribar, gracias a “las reglas de la lógica y de la experiencia”, la media docena de cartas del castillo que aún intentaban mantener en pie los conspiranoicos.

Los tres magistrados dejaron claro en los 721 folios del fallo judicial que no tenían ninguna duda de que ETA no había intervenido en ningún momento en la masacre. Que lo que estalló en los trenes fue dinamita plástica “tipo goma” y que “todo o en gran parte procedía de mina Conchita”. Que  la mochila número 13, la que fue desactivada y dio las primeras pistas sobre los autores de los atentados era “auténtica” y que en ningún momento se rompió la cadena de su custodia. Que la célebre furgoneta Renault Kangoo, sobre la que se extendió la sospecha de que había sido rellenada de objetos después de su hallazgo, fue sometida a un análisis “escrupuloso” de la Policía y que, por tanto, no se podía poner en duda ninguna de las pistas que contenía. Que las insinuaciones de que los suicidas de Leganés no eran tales, sino que fueron colocados allí ya muertos, eran eso, burdas insinuaciones sin ninguna base real...

La sentencia incluyó un párrafo en el que desenmaracaraba la táctica utilizada por los agujerólogos durante todos estos años: “Como en muchas otras ocasiones a lo largo de este proceso, se aísla un dato –se descontextualiza– y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él”. Los tres magistrado recordaban entonces “la obligación de la valoración conjunta (de la prueba) que permita, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y de la experiencia”.

Con el castillo ya por los suelos y sus arquitectos en franca retirada, dos sentencias han terminado de dar la puntilla a una teoría. La primera se dio a conocer el pasado 16 de junio y en ella una juez de Madrid condenaba al periodista de la Cope Federico Jiménez Losantos a pagar una multa de 36.000 euros por vejar e injuriar al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Una sentencia en apariencia tangencial con el 11-M que, sin embargo, escondía un nuevo varapalo a los agujerólogos: la juez deja claro en el fallo que el locutor basó sus ataques a Ruiz-Gallardón en “hechos falsos”, es decir, en las cartas marcadas de la teoría de la conspiración.

Y, ahora, la sentencia absolutoria del caso bórico. Del castillo, ya no queda ni la caja en la que se guardan los naipes.