El empresario Juan Carlos Cueto, considerado el cerebro de la trama  del caso Koldo, y dueño de la empresa a la que se adjudicaron los contratos de mascarillas, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional durante apenas 20 minutos. El juez  que investiga el caso lo ha dejado en libertad con medidas cautelares: le prohíbe salir de España, tal como le pedían la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares ejercidas por PP y Vox. El abogado defensor no se ha opuesto a la medida. 

En su declaración, Cueto ha esquivado cualquier responsabilidad y se ha presentado ante el juez como alguien que  trató de "ayudar a los españoles" con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario.

Cueto ha defendido ante el juez la legalidad de los contratos investigados y para ello ha esgrimido ante el magistrado un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluiría que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado. Según Cueto, a él le quedó poco margen de beneficio económico, en concreto entre un 10 y un 13%, según su versión.

Cueto –que sólo respondió a preguntas de su abogado– se justificó ante el juez aduciendo que se trató de una operación muy costosa y con muchos viajes a China, en los que habrían participado empresas certificadoras españolas para dar cuenta del material del producto.

La Fiscalía señala a Cueto como la "persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto", aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según la Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Además, Anticorrupción asegura que Soluciones de Gestión "habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común" entre el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el propio Cueto, "quienes a pesar de no figurar documentalmente habrían sido los responsables" de los contratos sobre los que indaga el juez.

Según el relato de la acusación, Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos que se encuentran bajo sospecha por unos 54 millones de euros, utilizó a Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, para "agilizar" trámites con el Ministerio de Transportes durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión.

Y calcula que las adjudicaciones investigadas "generaron un beneficio económico" a De Aldama de 5,5 millones de euros y a Cueto, "titular de hecho de la mercantil", de 9,6 millones de euros.