El último pulso en el Gobierno de coalición toca a su fin, y el Ejecutivo trabaja ya en una renta mínima y en una suspensión de alquileres de viviendas, que no moratoria o retraso, para las personas más vulnerables ante la emergencia del coronavirus. Su previsión es llevarla a uno de los próximos Consejos de Ministros pero, dada la complejidad de estas normas, es previsible que no sea aprobada el próximo viernes, sino en el Consejo del martes de la semana que viene, en todo caso.

Así, en base a la principal propuesta sobre los alquileres hoy sobre la mesa, y según informan a Público fuentes del Ejecutivo, esta suspensión será de dos meses, si bien podrá ser prorrogada "hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma".

De aprobarse tal cual está contemplada hoy, se introduciría una "compensación económica" a los arrendadores, en función de la cantidad de inmuebles en alquiler de que dispongan. Así, siempre según esta propuesta, recibirán el 100% del valor de la mensualidad quienes tengan "hasta dos inmuebles en alquiler", los pequeños caseros.

Por contra, para quienes tengan "más de 8" esta compensación se verá reducida a un 5%. El Ejecutivo buscaría así que los pequeños propietarios no se vean perjudicados, y distinguirlos de los grandes tenedores de vivienda. Para todos ellos impondría, además, la prohibición de imponer "subidas abusivas" de los contratos de alquiler en el plazo de seis meses tras la aprobación de esta norma.

Los beneficiarios, según la propuesta actual, serán todas las personas que no puedan hacer frente al pago del alquiler por haber sufrido la pérdida de su empleo, una reducción de jornada o un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), o por "deberes de cuidado".

A ellos se unirían los autónomos y pymes que hayan sufrido una "caída sustancial" de sus ingresos a raíz de esta crisis, y ambos podrían acogerse a la suspensión del pago de los alquileres de sus locales u oficinas.

En la misma línea, el Ejecutivo prevé facilitar la acreditación de cumplimiento de estas condiciones, dando la opción de presentar de inmediato una declaración responsable para su posterior comprobación.

En última instancia, esta norma conllevaría también la prórroga de tres meses para todos los contratos de viviendas e inmuebles de quienes formen parte de estos colectivos, cuya finalización se produjera durante la vigencia del estado de alarma, esto es, desde el 14 de marzo.

Una renta mínima universal

Por otro lado, el Gobierno debate también el desarrollo de una renta mínima para todos aquellos que, pese a estar entre los más afectados por el Covid-19, no se han podido beneficiar de las ayudas aprobadas hasta la fecha.

De mantenerse las bases de la actual propuesta, podrán acogerse a esta prestación personas con bajas rentas o que hayan visto sus rentas reducidas a cuenta de esta crisis. La idea es que "garantizar un ingreso suficiente a todas las personas que lo necesiten", "durante y tras" la emergencia del coronavirus, apuntan.

No obstante, un sector del Gobierno se inclina por implantar esta renta mínima de carácter universal sólo durante el tiempo en que dure la crisis del coronavirus, de tal forma que se fije un periodo temporal, aunque luego pueda ser prorrogado en función de cómo esté la situación económica.

Por otro lado, en el acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se incluía aprobar en esta legislatura un ingreso mínimo vital para todos los ciudadanos.

Ambas medidas, la suspensión de alquileres y la renta mínima, han sido defendidas en los últimos días por los ministros de Unidas Podemos, así como por algunos de los ministros socialistas. La tensión y las diferencias sobre como abordar esta crisis, en particular a la mayor o menor movilización de recursos públicos, quedaron patentes en el largo Consejo de Ministros del 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.

Desde entonces, el Ejecutivo ha venido arrastrando este debate. Mientras el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se posicionaba a favor de la -entonces- moratoria de alquiler, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mostraba abiertamente sus dudas. Con todo, fue el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien el lunes allanó la pista para esta medida, afirmando que iría a uno de los próximos Consejos de Ministros. ​