El Consejo de Ministros dará este martes luz verde a un acuerdo por el que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 pondrá a disposición del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Servicios Sociales de las comunidades autónomas los centros estatales del Imserso para derivar a pacientes covid. El objetivo es "aliviar la carga de centros residenciales, mejorando su respuesta ante posibles brotes y reduciendo la carga asistencial de los centros hospitalarios", según reza el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso Público.

A estos centros se destinarán tres tipos de pacientes: asintomáticos, aquellos que presenten un cuadro clínico leve y aquellos casos que precisen de alojamiento para superar periodos de aislamientos o cualquier otra situación análoga. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ya puso sus instalaciones a disposición de las autoridades sanitarias autonómicas en el marco del primer Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo.

El objetivo entonces también fue el de ayudar a evitar el colapso y lograr el descongestionamiento del Sistema Nacional de Salud, además de tratar de contener el virus minimizando los contagios, especialmente en centros residenciales.

Sanidad y autonomías podrán disponer de los centros del Imserso mientras dure la situación de emergencia sanitaria y, en ningún caso, se modificará la titularidad, adscripción o fin público de estos edificios. La autoridad pública solicitante o el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria serán los encargados de devolver las instalaciones del Imserso "cuando finalice la crisis sanitaria, en las mismas condiciones en las que fueron puestas a disposición".

El Imserso se encargará de los gastos habituales asociados a los distintos centros, pero cualquier incremento de estos gastos derivados del ingreso de pacientes covid será asumido por las comunidades autónomas o Sanidad, que también se encargarán de aportar los materiales, medicamentos y productos necesarios para dar dar cobertura y asistencia a los pacientes.

El acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará mañana es una propuesta conjunta de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.