Los trabajos sobre la ley de cambio climático y transición ecológica, la primera en la legislación española sobre esta materia, han terminado este jueves con la quinta y última ponencia. Los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han acordado junto a ERC, EH Bildu, PNV y Teruel Existe (y en menor medida, con Verdes Equo-Más País) introducir una serie de elementos que han aportado "mayor ambición" al proyecto, tal como ha destacado en rueda de prensa Juantxo López de Uralde, portavoz del grupo morado en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los partidos han aumentado los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética. En este sentido, la iniciativa plantea reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990. Sin embargo, esta meta está todavía muy lejos de lo establecido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el pasado mes de diciembre, que fijaron en un un 55% la reducción de estas emisiones para el 2030 respecto a los niveles de hace 30 años.

En cuanto a la penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final, el proyecto de ley del Gobierno ha tenido una notable mejora con respecto a lo planteado en un inicio, esto es, ha pasado del 35 al 42%. Asimismo, la norma propone alcanzar en el año 2030 una sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Asimismo, otro de los avances en la ley ha sido la regulación de las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Para ello, la propuesta recoge que todos los grandes municipios deberán implementar sus propios planes contra la contaminación urbana "no más tarde de 2023", esto es, deberán tener su propio Madrid Central, lo que atañe a un total de 148 ciudades. En cifras, la medida alcanzará a más de 24 millones de habitantes (un 52% de la población española).

Por otra parte, los partidos han pactado incluir un nuevo artículo sobre la "digitalización para la descarbonización de la economía" en el que se incluye: "Abordar estratégicamente los retos y oportunidades que genera la incorporación de la tecnología digital al sector energético, al sector de la movilidad sostenible, a la economía circular, a la gestión del capital natural, a las redes y ciudades inteligentes y, en general, a las actividades de lucha contra el cambio climático".

También, se empleará el potencial de las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para "transitar hacia una economía verde"; y se impulsarán las "competencias digitales de la fuerza laboral, entre otros para los trabajadores de los sectores necesitados de medidas de acompañamiento de Transición Justa, cuyos puestos pueden ser reemplazados por tecnologías emergentes, de modo que se maximice el aprovechamiento de las oportunidades y se minimicen los efectos negativos". 

Sobre la eficiencia energética y rehabilitación de edificios, el Gobierno y sus socios han añadido nuevos puntos que permitirán "generar más empleo e importantes reducciones en la emisiones de dióxido de carbono", ha señalado Uralde. En esta línea, se tendrán que rehabilitar edificios públicos y privados para alcanzar el nivel de emisiones establecido.

"Las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos que posibiliten la consecución de los objetivos previstos en este artículo, con especial atención a la introducción de las energías renovables en la rehabilitación de viviendas fomentando el autoconsumo, las instalaciones de pequeña potencia, la calefacción y refrigeración cero emisiones", reza el texto.

Pone fin a la minería de uranio

A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minerales radiactivos cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. Tampoco se otorgarán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos. Del mismo modo, los grupos han incluido un nuevo punto en el que se expone: "No procederá la admisión a trámite de la solicitud de concesión de autorización de explotación de hidrocarburos que no hubiere sido iniciada con anterioridad" a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Asimismo, la norma considera que el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la "conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial". Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico.

El texto añade también que las administraciones públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. Asimismo, con el objeto de incrementar la resiliencia, al tiempo que se reduce la huella de carbono y de impulsar una alimentación de calidad, — sostiene el texto— en los pliegos de cláusulas administrativas particulares correspondientes a contratos públicos "se podrán establecer condiciones especiales de ejecución que primen los alimentos frescos o de temporada, y con un ciclo corto de distribución".

Aún quedan "flecos sueltos"

"La ley hoy es mejor que la que llegó", ha defendido Uralde este jueves. En cualquier caso, todavía quedan mejoras pendientes de abordar que se pueden introducir en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la cual tiene encomendada la aprobación de la norma con competencia legislativa plena. Por ello, el portavoz del grupo confederal ha reconocido que quedan "flecos sueltos", como "la revisión de los objetivos de emisiones en el 2023 y la protección de la biodiversidad de las plantas renovables", ha subrayado.

Por su parte, Verdes Equo-Más País, que ha venido manteniendo fuertes diferencias con los partidos del Gobierno en torno a la ley, ha lamentado que los debates en ponencia "no hayan permitido aumentar la ambición" de la norma. En esta línea, la formación ha avanzado que seguirá "empujando" para que a ley incluya medidas como una "mayor ambición en la reducción de emisiones, la puesta en marcha de asambleas climáticas o la creación de un comité de expertos científicos que sea independiente del gobierno y cuente con recursos suficientes para su funcionamiento", ha explicado en un comunicado.