A Guillermo Valencia le avisaron por teléfono de que alguien quería matarlo. Era sábado, 8 de mayo y acababa de dejar la camioneta en la que hacía campaña por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital de Michoacán, un estado al noroeste de la Ciudad de México. Después de bajarse del vehículo se dirigía a la casa de un amigo para ver una pelea de boxeo. Entonces recibió la llamada de Leslie, una colaboradora de la que acababa de despedirse: les estaban disparando. Tanto ella como Ismael, otro miembro del equipo, resultaron heridos. Podía haber sido peor. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos hombres se bajan de un coche y comienzan a acribillar la camioneta. Tienen claro el objetivo. Uno va directo a la ventanilla del conductor; el otro a la del copiloto. El candidato se había marchado doce minutos antes.

"Considero que hay un móvil político detrás y lo tienen que investigar", dice Valencia, de 42 años y a quien todos conocen como "Memo". Lleva el pelo engominado hacia atrás y es un tipo corpulento, como un antiguo boxeador que llevase un tiempo sin entrenar. Cuando mantenemos esta conversación, a finales de mayo, no hay resultados en la investigación, pero poco después serán detenidas dos personas. Tras el atentado, el entorno del candidato había señalado como ejecutor al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la estructura criminal que más ha crecido en México en los últimos años y que disputa la hegemonía al cartel de Sinaloa. Sin embargo, además de apretar el gatillo, alguien tuvo que dar la orden. Y para Valencia, el responsable de que intentasen matarle está más cerca de lo que podría parecer. "Sabemos quién lo operó, pero no quién lo mandó", acusa.

"El fuego enemigo está en casa. A estas alturas parece que los principales interesados en mi muerte están en el mismo PRI", asegura. En la película Todos los hombres del presidente se popularizó la frase "sigue el dinero" para entender los mecanismos de la corrupción. Para su propio intento de asesinato, Valencia sugiere seguir la cadena de intereses. "¿Quién hubiese sido el principal beneficiario de mi muerte? ¿Quién iba a lucrar y ganar la presidencia municipal?", cuestiona, sin dar nombres. Que hayan detenido a alguien ya es un logro. Otra cosa es que lo condenen. Según datos de la ONG México Evalúa, el 92% de los delitos quedan impunes en el país.

El intento de asesinato de "Memo" Valencia se suma a una larga lista de atentados y agresiones que han marcado las elecciones mexicanas que se celebran el domingo. En total, 89 políticos asesinados (35 de ellos candidatos) y 872 ataques contra cargos públicos o representantes desde que inició el ciclo electoral según el análisis de la consultora Etellekt, que mensualmente lleva el cómputo de la violencia relacionada a las urnas. Michoacán, el estado en el que compite Valencia, es el quinto más violento en relación a los comicios, superado por Veracruz, Oaxaca, Puebla y el Estado de México y empatado con Guerrero.

Cuenta el candidato sobreviviente que él no había sido amenazado. Luego matiza. No por ese grupo delictivo y tampoco en relación estas las elecciones. Es decir, que estaba tranquilo porque "hace un año fue otro cartel". La violencia es una rutina y las amenazas, coyunturales. Entonces, en tiempos de su última amenaza antes de que intentasen matarlo, él lideraba una plataforma llamada Revolución Social dedicado a denunciar la inseguridad en Michoacán. Pero este tampoco es su único episodio en el que se jugó la vida. Siete años atrás fue alcalde de Tepalcatepec, un municipio de poco más de 40.000 habitantes en la frontera con Jalisco y donde nacieron las "autodefensas", civiles armados que se levantaron contra los cárteles. Fue secuestrado y le obligaron a dejar el cargo. En un contexto frágil y deteriorado, algunos de los que lideraron aquella revuelta terminaron convertidos aquello que combatían.

Michoacán como símbolo

Pero regresemos a Michoacán y a su perspectiva como símbolo de la violencia del narco en México. Hablamos de un estado con un 40% de pobreza y en el que la producción de aguacate lo convierte en un enclave estratégico para el país. Un territorio diverso con grandes bosques protegidos y municipios turísticos con una hermosa plaza colonial como la capital, Morelia. Pero también, una zona en disputa en la que operan diversos grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, los Caballeros Templarios o La Familia Michoacana. Son tan poderosos que durante los peores momentos de la pandemia de covid-19 se multiplicaron los videos en los que tipos armados ofrecían alimentos en comunidades pobres recordando que este era un regalo del capo.

El territorio es clave para el trasiego de drogas desde Guerrero, donde se ubican buena parte de las plantaciones, hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y se han multiplicado otros negocios ilícitos como la tala ilegal o la imposición de tasas al aguacate. A interior se encuentra Uruapan, un municipio de 350.000 habitantes ubicado a 400 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Tiene el triste récord de ser la octava ciudad más violenta del mundo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Las cinco primeras localidades son mexicanas: Celaya, Tijuana, Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada.

A ras de suelo, en los municipios, es donde más se percibe la influencia de los carteles. Controlan territorios, ponen y quitan candidatos y ejercen como autoridad en lugares en los que el Estado no llega. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, trató de quitar gravedad a los ataques y a la influencia del narco en las elecciones. Pero la realidad en Michoacán es que su propio partido tuvo que retirar a tres candidatos y otros dos están en la lista, pero no hacen campaña. Carlos Torres Piña, coordinador de la campaña de Morena, el partido del gobernante elude especificar en qué municipios ocurrieron estos hechos, pero considera que este fenómeno puede obedecer a que eran listas competitivas y que no convencían a los criminales locales.

El padre Gregorio López, un sacerdote apartado por la iglesia católica por tomar las armas junto a las autodefensas en 2013, asegura que la voracidad del narco es mayor con cada elección. Argumenta que antes solo se preocupaban de controlar las secretarías de seguridad para poder disponer de las policías y que ahora lo quieren todo. Uno de los últimos proyectos del religioso es recibir a los desplazados que salen de Aguililla, un pequeño municipio de Tierra Caliente que lleva meses asediado por los carteles. Hace diez años, esta localidad tenía 16.000 habitantes registrados, pero ahora apenas quedan 8.000. Huyen a Estados Unidos o a municipios cercanos en los que no estén en riesgo por la llegada de tipos con armas que dicen que ahora el pueblo es suyo. Allí nació Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el líder del CJNG y el narcotraficante más buscado por la DEA. Una de las teorías que fluyen sobre por qué este municipio es tan codiciado por los sicarios dice que algunas de las tierras que lo rodean son propiedad del propio "Mencho", que las utiliza para visitar de vez en cuando su localidad natal.

Cuando no existe el Estado

Aguililla es un lugar en el que no existe el Estado. Ninguno de los principales partidos acudió a hacer campaña estas elecciones y no parece claro que el domingo vayan a instalarse urnas. Pero la historia del crimen organizado en esta tierra viene de lejos. Adalberto Fructuoso, alcalde entre 2008 y 2011, fue detenido a finales de marzo en Ciudad de Guatemala, a donde huyó por su vinculación con los Caballeros Templarios. El crimen no solo compra alcaldes. En ocasiones, los convierte en parte de su estructura. Este fenómeno no ha hecho sino incrementarse en los últimos años. Como indica en su último informe Crisis Group, una organización de análisis de la violencia, "es probable que la complicidad entre autoridades estatales y grupos ilegales continúe, provocando un mayor derramamiento de sangre".

Este complejo entramado de intereses y crimen no solo es exclusivo de Michoacán. En estados como Guerrero, Guanajuato o Tamaulipas se reproducen contextos similares en los que cambia el nombre del grupo criminal y el tipo de control que ejerce sobre la población.

En todos se repite la violencia contra candidatos. Y el miedo entre quienes aspiran a un cargo de representación. "Si al candidato a presidente municipal de Cajeme le hubieran dicho que dejase de hacer campaña, igual lo hubiese hecho. Si no le hubieran asesinado, hubiera tenido la opción de salir", dice Guillermo Valencia. Hace referencia a Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la alcaldía en Cajeme, Sonora, un estado desértico al norte de México, a quien mataron a tiros el 13 mayo mientras pegaba carteles en la calle.

"Es muy difícil hacer campaña en medio de un país en el que hay tal vacío de autoridad en el que pasan este tipo de cosas", dice Valencia. Su partido, el PRI, gobernó ininterrumpidamente México durante 70 años. Mientras habla se puede apreciar el chaleco antibalas que lleva bajo la camisa. Desde el atentado viaja en vehículo blindado y lleva guardaespaldas. Dice que cuando supo que querían matarle pasó dos días encerrado en cada. Que tiene dos hijas y que la mayor no quiere verle salir por la puerta. Es el precio que se paga por ser candidato en México, el país de la guerra sin trincheras donde el narcotráfico a veces se impone al Estado.