madrid
Actualizado:Público ha decidido no reproducir la imagen del cartel con el mensaje racista de Vox por responsabilidad para no contribuir a amplificar su discurso de odio tras cargar contra los menores migrantes.
La Junta Electoral Central ha archivado una denuncia de Podemos contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de remitir su queja sobre el cartel electoral de Vox contra los menores migrantes no acompañados a la Fiscalía de Madrid después de que abrieran diligencias de investigación.
Así consta en un acuerdo que desestima el recurso interpuesto por Unidas Podemos contra el acuerdo número 98, de 2 de mayo de 2021, de la Junta Electoral Provincial de Madrid en relación con su denuncia contra Vox por un cartel de propaganda electoral de esa formación política con motivo de las pasadas elecciones de 4 de mayo de 2021.
La queja se derivó a la Fiscalía que judicializó el caso por un delito de odio. La jueza de instrucción acordó archivar la denuncia al considerar que la crítica de Vox contra los menores extranjeros se encajaba en el pluralismo político amparado por la Constitución Española.
Los magistrados señalan que ya tuvo ocasión de poner de relieve que "de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), corresponde a los tribunales ordinarios -y no a la Junta Electoral Central- determinar la autoría o existencia de los presuntos delitos a los que se refiere en su escrito".
En consecuencia, agrega la resolución de la Junta, "corresponderá a dicha formación política ejercer las acciones legales que estime oportunas".
Segunda denuncia archivada
La Junta Electoral Provincial de Madrid ya había archivado el pasado mes de abril la denuncia presentada por el PSOE en relación al cartel de Vox.
Según el PSOE, el cartel podría haber constituido una vulneración de la Ley Orgánica de Régimen Electoral en base a un ilícito penal contemplado en el Código Penal vigente al entender que del mismo podría deducirse la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito de odio, siendo por tanto una actividad ilícita penal que no tendría cabida dentro de la campaña electoral.
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