Como anunciaban la mayoría de encuestas, la candidatura del Partido Popular, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, se alzó con la victoria en las elecciones de este 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, consiguiendo 65 escaños en la Asamblea de Madrid, a tan solo cuatro asientos de la mayoría absoluta (69). La presidenta regional, aun así, deberá recibir el apoyo de Vox para poder mantenerse en el poder autonómico. 

Normalmente, la Asamblea es elegida por cuatro años. Sin embargo, según indica el artículo 21 del Estatuto, al tratarse de unas elecciones anticipadas, el tiempo de la legislatura se acorta, ya que se debe respetar el periodo natural de la legislatura inicial, que comenzó en mayo de 2019. "La nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria", establece la norma.

Por lo tanto, en tan solo dos años se debe disolver la Asamblea y convocar unos nuevos comicios que han de celebrarse, según los términos previstos en la Ley Orgánica que regule el Régimen Electoral General, "el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años". Los ciudadanos madrileños, de este modo, deberán acudir de nuevo a votar el próximo 28 de mayo de 2023. 

El reglamento señala que "para la distribución de escaños sólo serán tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido, al menos, el 5% de los sufragios válidamente emitidos", tal y como recoge el artículo 10 del Estatuto. Algo que ha provocado que Ciudadanos, que ha obtenido un 3,57%, finalmente, no entre en la Asamblea. Una vez se conozcan los resultados electorales, "la sesión constitutiva de la Asamblea tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes a la proclamación de los resultados electorales". 

La legislatura de Ayuso, sin gestión

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha podido sacar adelante sus presupuestos, cuyo proceso de negociación se vio interrumpido por el adelanto electoral. El Gabinete autonómico que seguirá liderando Ayuso tiene el cometido de aprobar, antes de que finalice el año, unas nuevas cuentas para 2022 que han de pasar por el examen, control y aprobación de la Asamblea.

Si no salen adelante estas nuevas cuentas públicas, se prorrogará de manera automática los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, que fueron aprobados en 2018, cuando presidía la región Ángel Garrido. Madrid es, junto a Catalunya —que al tener un Gobierno en funciones no puede aprobar unas nuevas cuentas—, la única región que no ha conseguido sacar adelante unos presupuestos para 2021.

El equipo de Ayuso ha conseguido sacar adelante tan solo una ley y una modificación de un proyecto de ley. La Asamblea de Madrid aprobó, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, la modificación del Proyecto de Ley del Suelo que permite suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico. Esta fue la primera normativa que consiguió aprobar el Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura, que contó con la oposición de PSOE, Más Madrid y Podemos. Concretamente se produjo una modificación puntual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que "permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector".

La otra norma sacada adelante fue —también con los votos de PP, Cs y Vox— el Proyecto de Ley que reconoce a la entidad Ontreo Plus, Sociedad Limitada Unipersonal, como universidad privada con la denominación de 'Universidad Internacional de la Empresa', que se establecerá en la autonomía. Con esta ya suman 12 las universidades privadas autorizadas en la Comunidad de Madrid. Según recoge en la iniciativa, "esta universidad, que tiene personalidad jurídica propia y forma de sociedad de responsabilidad limitada, ofrecerá enseñanzas universitarias presenciales y ejercerá las demás funciones que le corresponden como institución que realiza el servicio público de la educación superior a través del estudio y la investigación".