El Gobierno ha enviado a la Junta Electoral Central (JEC) sus alegaciones ante la petición del PP de suspender las ruedas de prensa del Consejo de Ministros durante el periodo electoral. El presidente de los conservadores, Pablo Casado, motivó su petición asegurando que la aprobación de decretos y su difusión en los denominados "viernes sociales" del Consejo de Gobierno supone de facto "instrumentalizar" políticamente las instituciones.

El Ejecutivo alega argumentos que van desde los límites de actuación de la propia Junta Electoral Central a la hora de resolver este tipo de conflictos hasta los preceptos constitucionales que, según reza el escrito, podrían vulnerarse con la suspensión de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. En este sentido, la Secretaría de Estado de Comunicación defiende que esta acción "afectaría a la libertad de información de los medios de comunicación, al impedirles tanto el conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno como su posterior difusión y valoración ante la ciudadanía".

Además, el Gobierno también defiende que se pueden ver vulnerados criterios de transparencia pública si se deciden suprimir las comparecencias del Consejo de Ministros. "El recurso del PP puede afectar al artículo 20 de la Constitución (que regula el derecho a la información y a la libertad de expresión) porque pide la suspensión de "cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean", de la aprobación de Reales Decretos-leyes en el Consejo de Ministros".

Esa intención del PP, prosigue el escrito, en sus últimas consecuencias puede llevar a que el Gobierno no pueda publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "los decretos-leyes aprobados, ni tampoco atender las peticiones que le fueran formuladas acerca de ellos al amparo de la normativa sobre transparencia y buen gobierno, ni atender a las preguntas de los medios, etc". Para el Ejecutivo, estas cuestiones conducen a una "quiebra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz".

El documento de alegaciones solicita el archivo o la inadmisión del recurso del PP también por criterios temporales, ya que la reclamación de los conservadores se apoya, según apunta el texto, "en unos antecedentes fácticos que remiten a momentos anteriores al inicio del periodo electoral", que en el Gobierno sitúan en el pasado 5 de marzo, día en que se publicó el decreto de convocatoria de elecciones y de disolución de las Cortes Generales.

"Ninguna de las actuaciones a las que se refiere la reclamación han tenido lugar después de la publicación en el BOE" del decreto, "pues consisten, resumidamente en declaraciones de la ministra de Hacienda el día 25 de febrero, medidas adoptadas por el Consejo de Ministros el 1 de marzo, y manifestaciones de distintos líderes del Partido Socialista en estos días", hechos recogidos en la reclamación de los conservadores para fundamentar su petición.

Por eso, desde el Gobierno recuerdan que, según la propia doctrina de la JEC, al órgano "no le corresponde la "autorización previa de actos institucionales" ni realizar "actuaciones preventivas", por lo que el control que reclama el PP excede manifiestamente del ámbito de actuación de la JEC". El Ejecutivo también avisa en sus alegaciones que la aprobación de decretos-leyes "no puede considerarse una actuación sujeta al control de la Junta Electoral Central".

Los decretos del PP en periodo electoral

"Ni la propia Constitución ni la LOREG limitan el efectivo ejercicio por parte del Gobierno de esa potestad de "dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decetos-leyes" durante los periodos electorales", insisten. Aunque el escrito del PP iba dirigido a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y no a los decretos de forma directa, las alegaciones motivan esta precisión en que "no está tan claro, a tenor de las alegaciones incluidas en la fundamentación jurídica de la reclamación planteada, que no se aspire a obtener de esta Junta un pronunciamiento sobre las propias medidas, que no procedería por los motivos ya señalados", es decir, por no tener la JEC esa facultad.

Sánchez también ha querido recordar que cuando el PP estuvo en el Gobierno también aprobó decretos en periodos electorales. El escrito de alegaciones referencia varios ejemplos en este sentido. "En el periodo electoral correspondiente a las elecciones que se celebraron el 20 de diciembre de 2015, con las Cortes disueltas desde el 26 de octubre, en la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta el 30 de octubre se dio cuenta de la aprobación de cuatro decretos legislativos, de un real decreto de concesión de una subvención directa a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias y de dos acuerdos para financiar inversiones en las comunidades autónomas de Castilla y León y de Galicia".

"Las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros constituyen", concluye el escrito, "una práctica institucionalizada que cada Gobierno ha asumido incluso como una responsabilidad más de las que le incumbe asumir. Este carácter institucionalizado y normalizado resulta incompatible con su condición como "campañas" de información, ya que las "campañas" son actuaciones puntuales y dirigidas a un objetivo determinado, lo que no se compadece con las notas de habitualidad y regularidad propias de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.