El teléfono rompió el silencio de la noche. Jabier Salutregi, director del diario vasco Egin, saltó de la cama. El reloj marcaba las cuatro de la mañana en Alicante, su destino de vacaciones. "Lo recuerdo como si fuese hoy. Era una voz fuerte. Se presentó como inspector de Policía y me dijo que me iba a pasar con el juez Baltasar Garzón. Ahí empezó todo". Era el 15 de julio de 1998, el sol aún no había salido y la Operación Persiana ya estaba en marcha. Los kioscos acababan de perder una de sus portadas, Salutregi se quedaba sin trabajo y la democracia saltaba una de las líneas rojas: el diario Egin acababa de ser cerrado bajo la teoría del "Todo es ETA".

Veinte años después, Salutregi es un hombre jubilado. Hasta no hace mucho fue un hombre preso: el director de Egin permaneció algo más de siete años en la cárcel, convirtiéndose así en el último responsable de un periódico europeo que se encontraba en prisión. "Para mí fue un honor: eso significa que hice bien las cosas contra el autoritarismo y la política completamente derechista de este país", confiesa a Público.

Su reflexión conduce a otra, formulada hace exactamente dos décadas por uno de los principales rostros de la derecha española. "¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?", espetó desde Turquía un desafiante José María Aznar, por entonces presidente del Gobierno, tras conocerse que Garzón había acordado clausurar el diario Egin y la radio Egin Irratia, medios a los que acusaba de formar parte del "entramado delictivo ETA-KAS". Bajo ese argumento, los policías entraron a la redacción de Egin en Hernani y se llevaron documentos, ordenadores y hasta piezas de la maquinaria para impedir que se volviese a imprimir el periódico. También fueron detenidas once personas ligadas al consejo de administración de Orain, la empresa editora.

Los huevos de Martín Villa

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras Aznar se atribuía la operación, su ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, decía que Egin era "una pieza básica de un entramado muy completo y amplio de la organización terrorista". Tampoco le guardaba excesivo aprecio el lehendakari José Antonio Ardanza (PNV), quien algunos años antes había llegado a afirmar que la desaparición de ese periódico "sería un favor para la higiene democrática", mientras que su consejero de Interior, Juan María Atutxa, había calificado al diario como "una pequeña bomba de amonal, de unos 50 gramos" que, a su criterio, explotaba "todas las mañanas".

Por su parte, el exministro Rodolfo Martin Villa envió un obsequio muy especial a Mayor Oreja y su secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martín Fluxá, para felicitarles por la actuación contra ese medio de comunicación: dos paquetes de huevos de gallinas alcarreñas.

No en vano, el sueño de ver a la Policía entrando a la redacción de Egin venía de atrás. En aquel convulso julio de 1998, Margarita Robles, quien había ocupado el cargo de secretaria de Estado de Interior en el Ejecutivo de Felipe González, confesó a los medios que el Gobierno del PSOE había barajado la posibilidad de actuar contra ese diario, pero lo descartó porque existían "dudas de su constitucionalidad".

"Nos intentaron romper desde el principio. De hecho, en los primeros consejos de ministros del Gobierno de UCD ya se plantearon cerrar el periódico, pero entonces no se atrevieron porque la democracia española era muy incipiente", comenta Salutregi, quien sostiene que aquel periódico "cuestionaba la política que se estaba llevando a cabo, y eso siempre duele". "También dábamos voz a gente que no la tenía en ningún otro medio de comunicación. Éramos la nota discordante, y necesitaban cerrar ese pequeño altavoz que todos los días les destrozaba los nervios", subrayó.

"Organización compleja"

En el auto emitido una semana después del cierre, Garzón aseguraba que la "línea informativa en el aspecto político y económico" de Egin era marcada "por la organización terrorista ETA-KAS, que integran una organización compleja, cerrada pero dinámica, y con proyección de permanencia mediante la creación de una estructura política y económica de subsistencia". De esa manera, los tribunales empezaban a aplicar la teoría del "Todo es ETA" contra medios, asociaciones y grupos vinculados a la izquierda abertzale. Así lo avanzaba Garzón en su auto, en el que afirmaba que "el complejo ETA-KAS" buscaba tener "carácter globalizar y extensible a todos los ámbitos: militar, institucional, político y social".

"Primero dijeron que ETA nos financiaba a nosotros. Cuando vieron nuestras cuentas, cambiaron de versión y dijeron que éramos nosotros quienes financiábamos a ETA. Como tampoco cuadraba, se inventaron que estábamos en quiebra fraudulenta", recordó Salutregi, quien asegura que el cierre de este medio fue "el caso más claro del 'Todo es ETA'". Posteriormente, en 2003, la misma Audiencia Nacional utilizaría ese mismo concepto para cerrar otro diario vasco, Egunkaria.

Idas y vueltas

El periplo judicial de Egin no acabaría allí. Varios responsables y miembros del consejo de administración de este periódico —incluyendo los periodistas Jabier Salutregi y Teresa Toda, quien ocupaba el puesto de subdirectora— fueron condenados a distintas penas de prisión en el marco del proceso 18/98, un polémico macrosumario que abarcó a distintas empresas y organizaciones afines a la izquierda independentista vasca.

En mayo de 2009, casi once años después de la Operación Persiana, el Tribunal Supremo rebajó las penas de los imputados, absolvió a varios de ellos y dejó sin efecto la declaración de ilicitud del cierre y disolución de la empresa editora, anulando también la liquidación de su patrimonio. Básicamente, el Supremo daba la razón a los abogados de la defensa, quienes habían advertido en un recurso que esa empresa no había sido calificada en ningún momento como "asociación ilícita", por lo que tampoco cabía su disolución.

El último preso vinculado a Egin, Joxean Etxeberria, salió de la cárcel en enero pasado. Había estado, en total, más de once años en prisión. Mientras tanto, los documentos que pudieron ser rescatados de la abandonada redacción de ese diario en Hernani han quedado a disposición del Gobierno Vasco, que los ha trasladado al Archivo Histórico de Euskadi. Hace ahora 20 años, esos mismos papeles periodísticos estuvieron bajo la lupa de jueces y policías.