El Gobierno andaluz destinó a la educación concertada (privada financiada con fondos públicos, mayoritariamente católica) en el año 2020, según los últimos datos oficiales disponibles, 879 millones de euros. Es la cifra, con diferencia, más alta de la serie histórica y supone que en solo dos años, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno destinó a conciertos 50 millones de euros más que lo que gastó el último gabinete socialista, que dejó la cifra en 829 millones, después de varios años de subidas, algunas también muy pronunciadas, y bajadas.

Las empresas educativas y los centros católicos reciben en España (no solo en Andalucía) ingentes fondos públicos: en 2020, según los datos oficiales, fueron 6.977 millones en todo el país. El margen de crecimiento para este negocio es amplio en Andalucía porque cuando llegó Juanma Moreno, la comunidad era, de todas, la cuarta que menos fondos (en torno al 10%) destinaba en términos relativos, respecto al total del gasto educativo. Solo Canarias, Extremadura y Castilla La Mancha desviaban menos dinero público hacia manos privadas en el ámbito educativo.

El PP, además de los cambios legislativos defiende en su programa el concepto de "libertad de elección" de centro, lo que traducido, suele implicar más dinero para conciertos. También recoge un compromiso firmado con sus socios esta legislatura, pero la Consejería de Educación que ha dirigido el recordado y fallecido recientemente Javier Imbroda, no puso en marcha: ampliar los conciertos al bachillerato. 

El discurso de la libertad de elección camufla una realidad que esconde en numerosos casos desigualdades de corte económico. Un informe de la OCDE sobre la equidad y calidad de los sistemas educativos recoge la siguiente reflexión: "Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Los programas de elección pueden diseñarse y gestionarse para equilibrar la libertad de elección y limitar los efectos negativos sobre la equidad. Entre las distintas opciones existentes, los esquemas de elección controlada permiten combinar libertad de elección paterna con una distribución más diversa de estudiantes".

"La mal llamada libertad de elección no es más que la libertad de segregación y uno de los motores de las desigualdades educativas", considera el sindicato Ustea.

Un transatlántico

El sistema educativo andaluz es un transatlántico. Aporta el 19,4% de los alumnos de todo el país. Y el presupuesto total supera los 8.000 millones de euros. La gestión de Moreno y del recordado consejero Javier Imbroda (Ciudadanos), ya fallecido, deja por un lado acuerdos sindicales relevantes con tres de los sindicatos educativos durante la pandemia, una reciente subida de sueldo, de claros tintes electoralistas, y, por otro, modificaciones legislativas muy discutidas por la Comunidad educativa y una huelga que tuvo cierto impacto, cuando el Gobierno, de manera unilateral, modificó la legislación para favorecer la educación concertada y católica, por tanto, el negocio privado.

"La política educativa de este Gobierno se puede resumir en dos conceptos: privatización rampante y subcontratación ya no de servicios complementarios sino esenciales", asegura a Público Carmen Yuste, del sindicato Ustea. "En Andalucía hay un extraño fenómeno: el descenso en la natalidad no afecta a los concertados. Se eliminan las unidades en los colegios públicos: el gran argumento, el descenso de la natalidad, se utiliza como una excusa", sostiene Yuste.

"Mientras en la red pública se han cerrado 1.181 unidades escolares, la red concertada ha ganado 40. Además, las unidades autorizadas en centros públicos se revisan cada año, mientras que las unidades concertadas se "blindan" cada cuatro", añade Yuste. "Una de las grandes incoherencias de este Gobierno Andaluz ha sido la constante y demoledora supresión de unidades escolares. Sin olvidar la realidad que supone la bajada de la natalidad en Andalucía es incomprensible dejar pasar la oportunidad de configurar un mapa de necesidades reales que instaure, esta vez sí, un cambio de modelo con unas ratios que permitan la atención específica del alumnado en cada etapa y de nuevo, esta vez también, apostar realmente por la excelencia educativa", abunda Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza CCOO Andalucía.

"Hemos pedido una moratoria para que se espere a suprimir una unidad durante unos años para ver la evolución y si la tónica es continuar sin alumnos porque a veces hay una variación, pues entonces que se cierre, pero no antes", afirma Sandra Fernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

"El balance del sistema educativo andaluz en esta legislatura que termina no puede obtener otro calificativo que de nefasto", sostiene la sindicalista. "El acuerdo –afirma Vega, de CCOO– in extremis de subida salarial para los docentes con claros tintes de propaganda electoral (ni será efectivo en esta legislatura ni tendrá carácter retroactivo, además de que ignora al resto de la comunidad educativa) o la publicitada pero vacua "apuesta" por la excelencia educativa no pueden enmascarar una clara estrategia de inequívocas políticas privatizadoras de la educación pública, de incremento de las desigualdades en el acceso y en la formación y, por tanto, de desmantelamiento del ascensor social que la educación supone en los estados democráticos".

El planteamiento que hacen en la Consejería de Educación es muy diferente. el Gobierno recuerda que en esta legislatura se ha superado una inversión del 5%   del PIB, una reclamación histórica, y que su trabajo ha querido "profundizar en el principio de alcanzar la excelencia educativa sin dejar a ningún alumno atrás". "La modernización del sistema educativo mediante la digitalización de las aulas y de la mejora de la red de infraestructura docente pública y el respaldo a la labor docente, han constituido los principales ejes sobre los que se ha desarrollado la gestión de la Consejería de Educación y Deporte a lo largo de la presente legislatura", aseguran a Público.

Educación sostiene que "esta es la legislatura en la que el Gobierno andaluz ha firmado más acuerdos con las organizaciones sindicales, acuerdos históricos tras reivindicaciones de décadas" y destacan que estos pactos han llegado "tras una legislatura previa [la última del PSOE] en la que sindicatos y Gobierno andaluz no firmaron ningún acuerdo".

La Junta destaca, en este sentido, el "acuerdo histórico para la equiparación salarial de los profesores andaluces con la media nacional. Supone una inversión de más de 300 millones de euros, con incrementos de salarios al año que superan los 2.000 euros para los maestros y los 2.300 para los profesores. Se benefician más de 130.000 profesionales, porque el acuerdo también beneficia con los docentes de la red concertada".

Para Fernández, de UGT, "en estos años, gracias a la presión sindical, se han conseguido algunas mejoras importantes como el aumento retributivo para todos los docentes andaluces, negociación en la que UGT ha tenido un papel fundamental, al igual que en el incremento de plantillas de profesorado por refuerzos COVID. Por otro lado, aún quedan muchas deficiencias como bajar la ratio y la burocracia en los centros, mantener estos refuerzos COVID en las plantillas, conseguir mejoras de jubilación para los interinos..."

"El inicial planteamiento de personal de refuerzo covid –afirma Vega, de CCOO– demostraba que el sistema y la financiación de este podía perfectamente soportar unas ratios más bajas, una atención más personalizada y el inicio de la transición hacia un modelo que realmente no dejara a ningún alumno atrás. Pero poco tardó la Consejería en reducir exponencialmente el personal de apoyo para el curso 21-22 con el consiguiente caos que supuso para el sistema la denominada variante omicrón. Ese fue el motivo por el que CCOO se desmarcó del acuerdo de refuerzos covid y que, desgraciadamente, nos dio la razón".

La Junta destaca también la aprobación de la Ley de Autoridad del profesorado y la oferta pública: un total de 14.178 plazas de empleo público docente desde el comienzo de la legislatura. "Estos datos respaldan la apuesta del Gobierno andaluz por la creación de empleo público y la estabilización de la plantilla pública docente", según Educación.

La formación profesional

Para los sindicatos, "la privatización de la Formación Profesional es otro de los grandes hitos de esta legislatura. Es quizá en este ámbito donde menos esconden su ideología. Parece evidente que unos de los grandes retos educativos dentro de un entorno con un mercado laboral tan cambiante es la articulación de un sistema público de Formación Profesional gratuito y de calidad que además suponga la creación de puestos de trabajo para docentes públicos. En este caso la propuesta de la Consejería es cederla a las empresas privadas o incluso abrir la puerta a que las universidades puedan ofertar curso de F.P. desde Fundaciones o entidades privadas propias. ¿La propuesta? La mercantilización y la privatización de la Educación", afirma Vega, de CCOO.

Para Yuste, de Ustea, "en Andalucía hay un déficit gravísimo de plazas de FP públicas. En vez de crear plazas públicas, lo que se ha potenciado es el establecimiento de centros privados de FP. Por antonomasia, son los centros Medac, que han multiplicado los centros y su capital por 200 hasta que acabaron vendiendo a un fondo de inversión norteamericano. La red pública es deficitaria y se obliga a los jóvenes a irse a la FP privada, que enriquece a un sector económico, vinculado directamente a la persona del anterior consejero de Educación".