Todavía no se han apagado los ecos de las duras críticas que el Gobierno recibió de un sector del PP -encabezado por Jaime Mayor Oreja- por la excarcelación en septiembre de 2012 del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, enfermo terminal de cáncer, y a Mariano Rajoy ya le han colocado otro asunto sobre la mesa, encima, mucho más sensible que el anterior.

Los 17 magistrados de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anuncian hoy si ponen fin a la doctrina Parot, que desde 2006, ha permitido alargar la estancia en la cárcel de varios terroristas y otros delincuentes al computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas -por ejemplo, por varios asesinatos- y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión. La continuidad de este criterio de aplicación de redenciones depende hoy de si Estrasburgo rechaza o no el recurso de España contra la resolución del TEDH, que, en julio, avaló excarcelar e indemnizar con 30.000 euros a la etarra Inés del Río, miembro del comando Madrid y condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos.

El Gobierno, convencido ya de que la doctrina Parot llega hoy a su fin (el veredicto es definitivo), asegura que 61 etarras, seis miembros del Grapo, otros 15 delincuentes con tres o más condenas, un preso condenado por su vinculación a los GAL y otro integrante del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC) se podrían beneficiar de la derogación de la doctrina Parot. Y aunque el Ejecutivo tratará por todos los medios de que no haya excarcelaciones masivas consecuencia del dictamen de Estrasburgo -cada recurso de cada preso sería analizado de forma individual por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional-, los ministros de Justicia y de Interior han diseñado una cuidadosa estrategia de comunicación dirigida, particularmente, a las asociaciones de víctimas con fuertes lazos con el PP.

Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández-Díaz, que conocerán el veredicto de Estrasburgo antes que la opinión pública, darán una rueda de prensa conjunta hoy sobre las 13:00 horas, en la sede del Ministerio de Justicia (Palacio Parcent, Madrid). Horas después, alrededor de las 18:30 horas, ambos ministros se reunirán en la sede de Interior con las presidentas de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, y de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco. Fuentes de ambas entidades han señalado que podría haber otra rueda de prensa por la tarde de los cuatro, pero que no está cerrada.

A estas representantes de las víctimas, el Ejecutivo tiene intención de trasladarles, primero, los esfuerzos que se han hecho para que Estrasburgo no tumbara la doctrina Parot. Segundo, que esos esfuerzos se volcarán ahora en evitar excarcelaciones masivas de etarras, ya que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Constitucional tienen la intención de analizar uno por uno los recursos que habrán de presentar los presos para quedar libres, lo que ralentizará los procesos. Por último, el Gobierno trasladará a Pedraza y a Blanco que impedirá cualquier  acto de enaltecimiento del terrorismo que puedan pretender celebrar los presos que salgan de la cárcel, sus familiares o las que el Ejecutivo considera sus marcas políticas, como Bildu.

A pesar de esta campaña por salvaguardar su falta de responsabilidad en el fin de la doctrina Parot, Rajoy es consciente de que se abre una etapa muy delicada que puede poner en pie de guerra a un sector muy importante del PP: las víctimas saben que, tarde o temprano, los etarras afectados en su día por este criterio de aplicación de redenciones saldrán de la cárcel y, lo que es peor, a muchos de ellos habrá que pagarles fuertes indemnizaciones. Si en los dos años que lleva en el Gobierno, al presidente se le ha acusado desde una parte del PP de hacer 'continuismo' de la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-20011), ahora, la sensación de que Rajoy no ha hecho lo suficiente por las víctimas es aun mayor. Encima, dos años después de que ETA anunciara el fin de la violencia.