Los doce empleados de Podemos que formaron parte de su equipo de campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 han testificado este viernes ante el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid. Todos ellos han confirmado que trabajaron físicamente junto a personal de la consultora Neurona en el local de la calle Maudes de Madrid que les sirvió de cuartel general. El juez investiga si los trabajos fueron realmente ejecutados por personal de la consultora mexicana. 

El juez Escalonilla ha escuchado a la docena de testigos que integraban los equipos de prensa, audiovisual y redes sociales en la citada campaña electoral. Ha sido el propio partido quien propuso la comparecencia de sus empleados al considerar que podrían "ofrecer el testimonio directo de la experiencia del trabajo llevado a cabo por Neurona", confiando en dar así "un decidido impulso al esclarecimiento de los hechos". Todos ellos han afirmado que  trabajaron junto a personal que venía de parte de Neurona en el local de Maudes, identificando a algunos con nombres y apellidos y en imágenes. También han explicado las funciones que los empleados de la consultora política realizaron en el ámbito de las competencias de cada equipo.

El abogado de Podemos Raúl Maíllo ha declarado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla que "aquí todo el mundo ha visto cómo se desarrolló el trabajo, qué trabajos se desarrollaban y cómo han confirmado que, además, estaban esas personas, que las han visto físicamente, de carne y hueso, en la sede de Maudes". Además ha añadido: "Primero se nos pidió los productos, la naturaleza de los mismos, y hoy se ha cerrado cualquier atisbo de duda, ha quedado acreditado el trabajo realizado por Neurona; el contrato se realizó y se prestó en las condiciones contratadas".

En consecuencia, el letrado cree que con estas testificales "debería quedar zanjada la investigación judicial", que se centra en el contrato de 363.000 euros entre Podemos y Neurona para las generales de 2019. El juez Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.