El Gobierno aún no tiene fecha concreta para retomar la derogación de la reforma laboral, pero sí sabe cuándo volverá a sentarse con sindicatos y empresarios para abordarla. Fuentes del Ejecutivo trasladan a Público que las dos nuevas mesas de diálogo social se centrarán en la protección de los riders y en la situación de las personas que perdieron la prestación por desempleo durante la pandemia.

Tras sellar hace un par de semanas -in extremis- el sexto acuerdo con los agentes sociales en apenas nueve meses de legislatura, el Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé abordar la situación de los riders la semana que entra con el festivo del 12 de Octubre. Previsiblemente, esta mesa y la de la prestación por desempleo irán en paralelo, y la expectativa del Ministerio de Yolanda Díaz es retomar la cuestión de la reforma laboral inmediatamente después de cerrar estos dos asuntos.

En septiembre, con la aprobación de su Plan Normativo para este año, el Gobierno de coalición ya confirmó que esperaba retomar la derogación de la norma del Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de que acabe el año.

Las conversaciones sobre la reforma laboral arrancaron en enero y se sucedieron hasta marzo -el Gobierno derogó el despido por baja médica continuada en los primeros meses del año, con la patronal en contra-, cuando se vieron congeladas a causa de la irrupción de la pandemia del coronavirus.

En cualquier caso, estas conversaciones ya estaban avanzadas y la idea es retomarlas desde el mismo punto, siempre en el marco de los objetivos a abordar en esta primera etapa. Esto es: la prevalencia aplicativa del convenio del sector sobre el de empresa; la ultraactividad (su vigencia), las inaplicaciones del convenio y la subcontratación.

Fuentes sindicales, por su parte, apuntan que en cuestión de prevalencia del convenio del sector y en materia de ultraactividad de convenios ya había "prácticamente un acuerdo", también con la patronal, por lo que dan por hecho que no será difícil llegar a un entendimiento en un plazo breve de tiempo.

Otro de los focos, la subcontratación, también está entre las prioridades de las organizaciones sindicales, ya que "a medida que se baja en la subcontratación" se van perdiendo derechos, razonan.

A su vez, fuentes de la patronal reconocen que había cuestiones "avanzadas" sobre la reforma laboral, si bien ahora están a la espera de saber cómo quiere concretar el Gobierno la negociación. De momento, prevén que la próxima semana haya avances en materia del subsidio extraordinario de desempleo, y apuntan que aún no hay detalles concretos sobre la mesa de los riders, si bien dan por hecho que Trabajo la convocará pronto.

Díaz: "Una persona que va en bici no es un emprendedor"

"Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador". La frase de la ministra Díaz tras el Consejo de Ministros que aprobó el decreto sobre el sexto acuerdo social sintetizaba así la visión que Trabajo y parte del Ejecutivo comparten sobre la situación de los repartidores de empresas como Glovo y Deliveroo.

A finales de septiembre, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo emitió su primera sentencia sobre esta materia y estableció que los riders deben ser considerados trabajadores, desmontando los argumentos esgrimidos por Glovo para no contratar a estos trabajadores.

La doctrina del Alto Tribunal llega después de que una decena de tribunales superiores de justicia establecieran que los trabajadores de estas plataformas digitales son falsos autónomos, y viene a reforzar las posiciones a favor de la regulación de las relaciones entre estos trabajadores y las empresas.

Con todo, y a pesar de que el acuerdo de coalición contempla actuar para acabar con la situación de los falsos autónomos, hace escasos meses no estaba tan claro que el Ejecutivo fuese a regular la actividad de los riders, como también hubo dudas sobre hasta qué punto preveía llegar en el desmantelamiento de la reforma laboral de Rajoy, otro de los puntales de ese pacto.

Por el camino se deja declaraciones contrarias a esta actuación, en particular de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño -por su improcedencia en el actual contexto-, y advertencias de partidos, fundamentalmente de la derecha, sobre cómo los fondos de reconstrucción de la UE estaban condicionados de forma explícita o implícita al mantenimiento de esta norma.​