La batalla para afrontar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está servida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado para el próximo 1 de septiembre la primera reunión con los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo este mismo mes, y recuperar el retraso acumulado de nueve meses.

Pero el acuerdo no se antoja fácil. Por un lado, Díaz espera que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, deje de poner palos en las ruedas y no se oponga más a demorar esta subida. Calviño, hasta hace menos de mes y medio no consideraba aconsejable la subida del SMI y siempre la vinculó a la recuperación económica. En las últimas semanas, Calviño ha suavizado su postura y cree que los datos macroeconómicos que apuntan con toda nitidez a un crecimiento de la economía abren las posibilidad de esta subida, que ella misma paró en el mes de julio.

El otro escollo es que Díaz vuelva a lograr esta subida del SMI con consenso social, tal y como hizo en 2020 nada más llegar al Ministerio de Trabajo.

¿Fin del consenso social?

Los empresarios llevan meses diciendo que no aceptarán la más mínima subida del SMI y que si se impone desde el Gobierno puede condicionar el resto de negociaciones pendientes, como la reforma laboral.

Desde la CEOE se ha hecho llegar en varias ocasiones a Pedro Sánchez que no asumirán una nueva subida del SMI y que era la línea roja para seguir negociando otras cuestiones. Y, por ello, desde el Gobierno se ha demorado esta negociación más de nueve meses, en contra del criterio de Yolanda Díaz.

Pero, a la vez, los sindicatos también advierten de que si no hay una decisión clara de subir el SMI, "que se olviden de nosotros para otras cuestiones", afirmó este jueves el propio secretario general de la UGT, Pepe Álvarez.

El dirigente sindical, en un entrevista en Intereconomía, indicó que los sindicatos están "cansados y quemados" de la demora en esta negociación, y recordó que el acuerdo del Gobierno de coalición es llegar en el 2023 al 60% del salario medio, lo que supondría aproximadamente unos 1.060 euros mensuales.

Además, Álvarez apuntó que en esta negociación, que se abre el 1 de septiembre, la intención sindical es llegar a un acuerdo no sólo para este año, sino también para 2022 y 2023, de tal forma que se garantice la consecución del objetivo pactado por el Gobierno de coalición.

En este mismo sentido se expresó Unai Sordo, secretario general de CCOO, quien dijo que a los sindicatos no les sirve una subida testimonial para este año, y que quieren garantías para conseguir el objetivo en 2023.

La vicepresidenta Díaz tiene todo un reto por delante, porque el acuerdo se antoja casi imposible, aunque la voluntad de la vicepresidenta es subir el SMI aunque sea sin llegar al consenso social y poner fin a una larga trayectoria de acuerdos. Lo que es seguro es que Unidas Podemos va a exigir que se cumpla el acuerdo firmado en el Gobierno de coalición.