El Partido Popular se ha sentado en el banquillo como persona jurídica acusado de un delito de daños informáticos, pero la Fiscalía en ningún caso ha apreciado indicios de actividad delictiva en la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, y durante dos semanas de juicio se ha esmerado por demostrarlo.

En la causa contra los conservadores, celebrada en junio, la fiscal Carmen Luciáñez apenas dedicó siete minutos a cuestionar a la representante del PP en el banquillo, la letrada María Massó, frente a los 42 minutos empleados en interrogar al extesorero del PP. El partido acudía como acusado, pero Bárcenas lo hacía únicamente como testigo, a pesar de los intentos del PP por arrastrarlo bajo todos los focos.

Público ha accedido a las grabaciones de la causa, desarrollada entre los días 14 y 28 de junio en el juzgado de lo penal 31 de Madrid. El titular del juzgado, Eduardo Muñoz de Baena, prohibió la emisión por streaming de esta causa, reclamada por el propio gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los vídeos recogen cómo la fiscal se empleó a fondo para desacreditar a Bárcenas, cómo insistió repetidamente en que los documentos que almacenaba en sus ordenadores -sobre la caja b del PP, ya acreditada por la Audiencia Nacional- no serían "tan importantes", o cómo comparó sus declaraciones con otras anteriores para buscar contradicciones.

Con el PP no actuó del mismo modo, y llegó a preguntar a Massó si otro motivo para borrar la información de los discos duros podría tener que ver con su posible destino como donación. La fiscal habló de borrado y sobreescritura, obviando entrar en detalles sobre su destrucción física, reconocida por el PP y documentada en el auto de la juez instructora, Rosa María Freire.

El Ministerio Público ha pedido la absolución del Partido Popular y de sus tres empleados sentados en el banquillo -Carmen Navarro, extesorera y gerente; Alberto Durán, responsable jurídico y José Manuel Moreno, responsable informático-, que al delito de daños informáticos suman otra acusación por encubrimiento. No obstante, las acusaciones populares que han mantenido viva la causa -Izquierda Unida-Los Verdes; el Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) han criticado la actuación de la Fiscalía.

Las dos primeras sostienen incluso que Luciáñez, que en el turno final de conclusiones pidió intervenir tras las acusaciones y no antes, para defender al PP, ha actuado en la misma línea que los abogados defensores, incluso negando la legitimidad de las acusaciones.

Los vídeos publicados bajo estas líneas ilustran las diferencias de actuar de la Fiscalía para con los acusados y el testigo Bárcenas. Con la testigo María Dolores de Cospedal su actuación sí fue similar a su interrogatorio a las defensas: sólo le formuló cuatro preguntas, todas ellas sobre la forma de proceder en la sede del PP con las llaves de los despachos.

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Edición de vídeo: Álvaro Martínez