Los presidentes autonómicos han insistido este domingo en su reunión con Pedro Sánchez en la defensa de sus respectivos planes territoriales de desconfinamiento, que mañana estudiará el Ministerio de Sanidad para diseñar cómo será el final del aislamiento en todo el país desde marzo por el coronavirus.

El Consejo Interterritorial de Salud del pasado viernes no llegó a abordar ningún plan autonómico porque la reunión estaba centrada en conocer y analizar las capacidades esenciales exigidas para poder poner en marcha la llamada "desescalada", por lo que este lunes estudiará los planes territoriales propuestos. Al día siguiente está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el plan global.

A esta séptima reunión telemática con los responsables del Gobierno los presidentes autonómicos han llegado tras conocer el día anterior el anuncio de que, si los indicadores evolucionan favorablemente, habrá permiso para los paseos y la práctica de deporte desde el sábado 2.

Una nueva medida que se aplicará en todo el territorio como el paseo de una hora—diaria de los niños autorizado desde este domingo—, un principio que choca con las pretensiones de algunos responsables de los gobiernos regionales, que insisten en que se les permita adaptar las medidas a sus territorios.

Eso sí, en distinta medida. El gallego Alberto Núñez Feijóo ha apostado por un modelo de desescalada basado en el mando único del Gobierno, con una aplicación simétrica en los distintos territorios, aunque con cierto margen de actuación.

Y, frente a este petición, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha vuelto a reclamar la gestión del desconfinamiento puesto que la "centralización" en la fase de confinamiento "no ha funcionado" y "cuanto más cerca de los ciudadanos se tomen las decisiones, mejor".

Por ello, Torra ha planteado tres opciones a Sánchez: que levante el estado de alarma general, que mantenga esta situación solo en algunos territorios o que se permita a la Generalitat ser la autoridad competente.

Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reclamado a Sánchez que el trabajo que se está desarrollando en las videoconferencias de presidentes autonómicos para abordar la evolución de la COVID-19 se traslade al Senado.

Y ha defendido una estrategia "clara" para saber a qué atenerse "semana a semana" y que tenga en cuenta al sector de la vivienda, que se considera clave para la recuperación autonómica.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha solicitado la apertura progresiva de la actividad comercial con las mismas limitaciones que los comercios de alimentación y compartir criterio para las cuestiones de mayor incidencia social de cara al verano como la actividad cultural, eventos populares; actividad física y deporte; o la gestión de playas y piscinas.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que gestionarán la desescalada desde su propia realidad sanitaria y social pero dentro del marco que defina Sanidad.

Andalucía remitirá al Gobierno un plan en el que plantea retomar parte de la actividad económica en mayo, con la apertura de comercios, peluquerías bares y restaurantes, además de permitir también funerales sin velatorio y celebraciones religiosas.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, considera fundamental elaborar un plan nacional de rescate del turismo y ha solicitado que el desconfinamiento en la región se inicie por comarcas.

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, pedirá que no se permita la movilidad humana desde otras comunidades si en esta región se levanta antes el aislamiento por tener, ha defendido, mejores datos de la epidemia.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha pedido que se contemplen, además de las salidas para hacer deporte o caminar, la pesca deportiva, la celebración de mercados al aire libre o el cultivo de huertos. Para ello ha reclamado la "flexibilidad debida" en función de la realidad de cada territorio y que las comunidades tengan un "papel clave" en la definición de la operación.

El líder de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado partidario de que los municipios de menos de 5.000 habitantes sean los primeros en beneficiarse del plan de desescalada, mientras que el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a dar prioridad al sector turístico, hostelero y comercial para reactivar "antes del verano" la actividad económica.

En este sentido, su homólogo en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado también la necesidad de conjugar provincia y área de salud, y ha planteado también que en este proceso de desescalada tengan voz los ayuntamientos.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera que no se puede diseñar la desescalada desde Madrid dejando "al margen" a las autonomías y ha solicitado también ir abriendo más actividades económicas y otras como la pesca deportiva, atender las huertas, recoger setas, practicar surf o que se abra una parte del comercio como librerías o tiendas de ropa.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, cree necesario un "acuerdo de país", un mensaje de unidad en el que ha coincidido con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que ha calificado de fundamental la "unidad y coordinación" de todos.

La responsable del Gobierno balear, Francina Armengol, considera crucial para las Islas la apertura segura de puertos y aeropuertos con criterios sanitarios concretos y ha defendido la toma de decisiones según las circunstancias de Baleares.

El titular del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, se ha declarado preparado para acometer de forma "coordinada, asimétrica y gradual" su plan singularizado de desconfinamiento, que pasa por tratar de reactivar el turismo, un sector vital en todo el archipiélago, y la reapertura de puertos y aeropuertos.

En Ceuta y Melilla, por su parte, prefieren seguir siendo prudentes y continuar con fronteras, puertos y aeropuertos cerrados hasta que no existan garantías sanitarias suficientes.