La jueza Ana Isabel Navarro Prieto, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Murcia, ha decretado el procesamiento de Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia entre 1995 y 2014, presidente de honor del PP de Murcia, y ex vicepresidente del Parlamento Europeo (2014-2019), por el caso La Sal  o Desaladora II, acusado de los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la Desaladora de Escombreras, en Cartagena, que supuso un sobrecoste para las arcas públicas de la región de 74,1 millones de euros, según estima la Fiscalía Anticorrupción. 

Se trata del segundo expresidente de la región perteneciente al Partido Popular que será juzgado por presuntas prevaricación y malversación, tras la condena de Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio.

La Desaladora de Escombreras fue el cebo, la tabla de salvación de Valcárcel, uno de los hombres fuertes del PP bajo la sombra de José María Aznar, para presuntamente poder poner en marcha desmesurados planes urbanísticos en la región, que el Tribunal Supremo acabó tumbando.  

En la época de los pelotazos urbanísticos y de la conocida como 'guerra del agua', tras la derogación del trasvase del Ebro durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Ramón Luis Valcárcel juró ante los suyos conseguir la independencia hídrica como una forma de garantizar a los promotores y a los consistorios vía libre para duplicar por diez la población en aquellos municipios con ansías de expansión pero sin agua para poder garantizar los nuevos Planes de Ordenación Urbana (PGOU).

Era 2005 cuando el presidente murciano creó el Ente Público del Agua (EPA) de la Región de Murcia, con el que quiso burlar presuntamente a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como el organismo competente para fiscalizar el control del agua en el planeamiento urbanístico.

De aquella manera, Ramón Luis Valcárcel impuso su propia norma a la Ley de Aguas de ámbito nacional, que obliga a que sean las confederaciones hidrográficas de las cuencas españolas las que autoricen o prohíban los desarrollos urbanísticos en función de los recursos hídricos disponibles. 

La independencia hídrica de Murcia

Gran parte del planeamiento urbanístico de la región quedó al amparo de la construcción de una desaladora ubicada en el área cartagenera de Escombreras que iba a transformar en agua potable el agua del mar para dar servicio a los habitantes de las flamantes nuevas promociones y regar los campos de golf. 

Como primer paso para la deseada independencia hídrica, Valcárcel firmó un contrato con el grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, para construir
y explotar una desaladora en Escombreras, a 5 kilómetros al sur de
Cartagena, que se inauguró el 25 de abril de 2007, días antes de que
comenzara la campaña electoral, sin que tuviera aún conexión con el mar ni permiso de Medio Ambiente. El fiscal en su escrito de acusación subraya que el entonces presidente hizo ese encargo "a sabiendas de que, tal legítima finalidad, se iba a realizar mediante una ilícita operativa".

Un total de 26 municipios murcianos (22 del PP y 4 del PSOE) se acogieron a la nueva modalidad ofrecida por el Gobierno regional: firmar convenios con el EPA. El ente garantizaba el suministro a través de la futura desaladora, que haría potable el agua del mar y que iba a ser conducida hasta el más remoto pueblo del interior murciano (a unos 100 kilómetros de distancia, como es el
caso de la localidad de Cieza). De esta manera, se recalificaron 180 millones de metros cuadrados. 

El pelotazo fue mayúsculo en todos esos municipios. Los beneficios para aquellos consistorios rondaron los 2.500 millones de euros, dinero que adelantaron los promotores y propietarios de los terrenos recalificados. Pero la burbuja acabó desinflándose. 

Las condiciones leoninas de ACS

Se desinfló aquel espejismo de riqueza a costa del ordenamiento urbanístico porque hizo su aparición la crisis económica en 2009 y también por la imposibilidad de llevar a cabo las urbanizaciones programadas en muchos municipios por casos de corrupción, como Carthago Nova, en el que están procesados tres exconsejeros de Valcárcel; también porque el Tribunal Supremo fue anulando los PGOU por la ilegalidad que suponía la carencia del informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Pero el grupo ACS se había cubierto bien las espaldas en caso de rescisión del contrato. A través de una fina ingeniería societaria, el grupo fue creando empresas ad hoc que se fueron subcontratando unas a otras, según ha podido comprobar Público. Así el 10 de enero de 2006, Hydro Management, SL, mercantil participada al 80% por el grupo ACS y varios empresarios murcianos, contrató a Tedagua, otra sociedad del mismo grupo, para la construcción de la desaladora por 111 millones de euros. Días después, el Consejo de Gobierno de Murcia cedió gratuitamente al EPA una parcela en el Valle de Escombreras para ubicar la desaladora. 

Dinero público y beneficio privado

El 25 de enero de 2006 se constituyó la mercantil Desaladora de Escombreras, SA, constituida por empresas del grupo ACS. Un día después, Hydro Management arrendó a Desaladora de Escombreras la futura planta desaladora por 25 años; y este sociedad contrató a Tedagua para el mantenimiento de la futura desaladora. 

El 17 de febrero de 2006 el EPA constituyó Hidronostrum, SA, aportando la parcela de 35.100 metros cuadrados en Escombreras. Hidronostrum adquirió el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras a ACS. En julio de
2010 se hizo con el resto. 

En abril de 2006, el ente público asumió todas las obligaciones de pago derivadas del cumplimiento del contrato de alquiler de Desaladora de Escombreras con ACS. 

De esta manera, al no poder llevar a cabo el volumen de negocio planeado, ACS y sus sociedades exigieron 600 millones de euros por rescisión de contrato. En 2010, la desaladora acumulaba deudas por 54 millones de euros, según la documentación financiera que ha podido comprobar este medio. La operativa financiera que tuvo en el centro a la desaladora se investiga en la pieza principal del caso Sal o Desaladora, donde están imputados varios exconsejeros de aquel ejecutivo, como el de Agricultura, Antonio Cerdá.

Las acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 74,1 millones el descalabro para las arcas públicas de la región en concepto de sobrecoste por el mecanismo de alquiler elegido por el entonces gobierno murciano, y esa cantidad es la que le pide a Ramón Luis Valcárcel en concepto de indemnización a las arcas públicas, como presunto autor de un delito de malversación.

De hecho, la jueza le ha impuesto 74,1 millones como fianza y en caso de no depositar el dinero, procederá al embargo de todos los bienes del expresidente. 

Según un informe de la Intervención General de la Región de Murcia, que ha podido consultar este diario, la situación financiera relacionada con la desaladora de Escombreras tiene su origen en el "diseño inicial de la operación de 2006 a través (...) de contratos que implicaban unas obligaciones de pago superiores a la cifra de negocio que se podría lograr". 

Y así lo ve el Ministerio Público, que destaca que las mercantiles privadas procedieron a incluir "una serie de pagos y cláusulas abusivas de salvaguarda que les reportarían millonarios beneficios, sabedoras de su necesaria aceptación, dada la opacidad de la operativa".

El fiscal pide once años de cárcel para Valcárcel

La Fiscalía solicita para el expresidente Ramón Luis Valcárcel once años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La acusación popular, ejercida por el letrado  Diego de Ramón, que en 2013 llevó el caso a Anticorrupción, pide 15 años de prisión por presuntos delitos de fraude y malversación.

Las víctimas de una pésima política urbanística

Las víctimas de los presuntos delitos cometidos por el expresidente Valcárcel son las familias que llegaron a invertir en inmuebles construidos al amparo de los planes urbanísticos que avalaba el Ente Público del Agua (EPA); los promotores que perdieron el dinero de convenios que no se llegaron a ejecutar  y que hoy siguen con pleitos contra los ayuntamientos; y, por ende, la ciudadanía murciana que ha visto mermado el caudal de sus fondos públicos. 

Por ejemplo, en la ciudad de Murcia, en 2015 el Tribunal Supremo declaró nula la reclasificación del suelo que ocupa la urbanización Joven Futura, donde viven 1.500 familias, por no contar el plan parcial con el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

El Ayuntamiento de Totana tuvo que devolver unos 20 millones de euros de los convenios urbanísticos que firmó con promotores en 2006, acogiéndose al EPA, que, presidido por el exconsejero Antonio Cerdá, aseguró el abastecimiento para las urbanizaciones programadas. Pero el PGOU fue declarado ilegal. 

El Ayuntamiento de Cieza, a 100 kilómetros de la desaladora de Escombreras,
firmó en enero de 2007 un convenio con el Ente Público del Agua para recibir caudales de la desaladora. El PGOU preveía 37.000 viviendas y seis campos de golf. El agua de la desaladora nunca llegó a Cieza, por lo que se tuvo que paralizar la aprobación definitiva de su PGOU.