Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado mes de octubre, sin embargo, el nuevo gobierno de la Junta, constituido en enero por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, aún no ha dado ningún paso para llevarlo a la práctica.

Y no es casualidad que Andalucía haya sido la primera en regular este derecho humano al agua. De esta comunidad es también el primer ayuntamiento de España que garantizó el suministro a las familias sin recursos, el de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz; el Defensor del Pueblo Andaluz ha sido la defensoría más activa del país en la reivindicación de este derecho cuyo cumplimiento exige la Organización Mundial de la Salud, aunque apenas le hagan caso; y son andaluces la gran mayoría de los operadores que actualmente lo aplican en el Estado español, concretamente de las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva.

La resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece como derecho humano al agua un abastecimiento diario de 100 litros diarios por persona para cubrir sus necesidades básicas. En ese precepto se han basado las pocas operadoras, fundamentalmente públicas, y administraciones locales que han desarrollado hasta ahora el principio del mínimo vital en España. Y la ley andaluza en su disposición adicional decimosexta lo define como “el acceso universal, de carácter domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas así como el saneamiento”.

Sin embargo, ocho meses después de aprobada la ley, y con un nuevo gobierno en la Junta desde hace casi cinco, aún no se ha determinado cómo se va a llevar a la práctica ese derecho. La norma dispone que “las condiciones de prestación y acceso al derecho humano al agua serán objeto de desarrollo reglamentario” en la disposición administrativa que contemple las relaciones entre las entidades del ciclo integral del agua de uso urbano y sus usuarios, y subraya que las “personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social que acrediten dicha condición” podrán ser “objeto de bonificación” en los términos que se determine.

Preguntada al respecto por Público, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dirigida por Carmen Crespo (PP) y de quien depende el desarrollo de la ley, no ha dado ninguna explicación ni ha precisado si tiene alguna previsión de lo que hará en el futuro para hacer efectivo el derecho a un mínimo vital de agua.

La experiencia de Medina Sidonia, gobernada por IU en el último mandato, es “muy positiva” desde que se puso en marcha la medida en 2014 para hacer frente a las consecuencias de una crisis económica que dejó tiritando a muchos de sus vecinos, como en el resto de España. Actualmente, entre 200 y 250 familias en situación de vulnerabilidad se benefician del mínimo vital y reciben gratis un suministro diario de 100 litros por persona, según Santiago Gutiérrez, responsable de Medinaglobal, la empresa municipal encargada del ciclo del agua. Son los servicios sociales municipales los que bareman a los posibles beneficiarios y Medinaglobal la que se hace cargo del gasto a través de un fondo de solidaridad, con la premisa de que nunca puede cortar el agua a un usuario de primera vivienda.

“Cuando se corta el agua a una persona porque no puede pagar el recibo se están violando los derechos humanos, un mandato de la ONU”, advierte Santiago Gutiérrez, quien subraya que el mínimo vital apenas trastoca las cuentas municipales, porque los beneficiarios eran antes morosos que no podían pagar el agua y porque, además, esta bonificación ayuda de algún modo a reducir los gastos en servicios sociales.

La experiencia de Aguas de Córdoba (Emproacsa), empresa pública de la Diputación que abastece a 52 municipios de esa provincia, también es muy positiva. Actualmente, 689 hogares se benefician del mínimo vital, o sea, que no pagan nada por los 100 primeros litros al día por persona (el consumo medio en España se sitúa entre los 120 y 130 litros). Esa cifra que multiplica por seis las 107 familias beneficiarias que había en 2017, cuando se puso en marcha esta medida, sigue representando una cantidad muy asumible para la empresa, ya que sólo debe bonificar el 0,81% de todos los suministros domésticos que abastece, señala su director gerente, Luis Moya.

“Es una medida imprescindible” desde el punto de vista social, afirma el responsable de Aguas de Córdoba, y que además sirve –dice- para fijar las personas que de verdad tienen dificultades para abonar el recibo a través de una baremación de los servicios sociales municipales, diferenciándolas de aquéllas que simplemente tratan de eludir el pago de un servicio público.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) lleva años exigiendo una normativa en nuestro país que impida el corte del suministro y garantice unos mínimos vitales a las personas que necesitan una protección especial, algo que ya se lleva a cabo, recuerdan, en otros países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Rusia o Ecuador. “Dar trabajo a todo el mundo es muy complicado, pero proporcionar agua y luz es muy fácil”, dice el gerente de esta organización, Luis Babiano.

El mínimo vital, a juicio de Babiano, no debe limitarse sin embargo a la bonificación en el pago del suministro, y debe completarse con la ampliación de los cauces de información a las personas usuarias y de fórmulas de participación en la gestión del ciclo del agua.

De momento, AEOPAS no tiene ninguna noticia del desarrollo de la única ley en vigor en España que garantiza el derecho humano al agua. “No se ha hecho nada” desde que se aprobó para determinar quién paga el mínimo vital y cómo se articula esa medida en toda Andalucía, asegura el gerente.

La organización que representa a los operadores públicos del agua considera que el mínimo vital es una medida perfectamente asumible por los suministradores, tal como se ha demostrado en los casos de Medina Sidonia o Córdoba, por ejemplo. AEOPAS se queja, además, de la falta de datos oficiales sobre los “desahucios hídricos”, suspensión del suministro, en España, aunque la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) llegó a cifrar en un año en 970.000 los hogares que habían recibido un aviso de corte.

Esa falta de estadísticas oficiales se produce, subraya Aeopas, en un sector muy polarizado, con un alto grado de privatización que ha supuesto en los últimos años la aparición de casos de corrupción en diferentes municipios como la llamada operación Pokemon en la que se han visto envueltos algunos responsables de operadores.