"Si las políticas económicas de austeridad se hubieran organizado como un ensayo clínico masivo, habrían sido rápidamente interrumpidas al acumularse las evidencias de sus mortíferos efectos secundarios". Esa fue la conclusión que alcanzaron en 2013 el investigador David Stuckler, de la Universidad de Oxford, y el epidemiólogo Sanjay Basu, del Centro de Investigación para la Prevención de la Universidad de Stanford, tras estudiar durante una década los efectos de la gestión derechista neoliberal de la Sanidad en la mayor parte de los países del mundo.

En aquella fecha, Stuckler declaró a Público: "Según nuestros cálculos, unas 180.000 personas han perdido el acceso a la atención sanitaria preventiva en España como consecuencia de los recortes presupuestarios, que han puesto en la calle a 280.000 empleados del sector público y han dejado sin ingreso ninguno a unos 600.000 españoles". Pero los recortes de la sanidad no sólo continuaron sino que incluso se recrudecieron hasta el final del mandato de Mariano Rajoy.

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, acaba de negar que su partido haya hecho recortes en Sanidad ni siquiera "en los peores años de la crisis", e incluso ha protestado de que "se intenten dar datos falsos sobre supuestos recortes o detrimentos de recursos para la Sanidad o los Servicios sociales", cuando los datos que lo demuestran son oficiales y emitidos por la Consejería de Sanidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Y es que ahora los mismos dirigentes políticos de la derecha que promovieron ese debilitamiento de la sanidad pública para su privatización –y proclamaban hasta hace sólo unos días que la gestión privada era mucho más "eficiente"– ponen el grito en el cielo por la falta de equipos y de personal del sistema sanitario estatal y exigen al Gobierno de coalición un despliegue masivo e inmediato de los recursos e instalaciones que anteriormente ellos mismos esquilmaron.

Algunos incluso están hoy contagiados por el coronavirus, como la lideresa del PP, Esperanza Aguirre, quien está siendo atendida en un hospital público (de gestión privada); alojada junto a su marido, también infectado, en una de las habitaciones actualmente fuera del alcance de miles de víctimas de la pandemia que se agolpan en camillas alineadas en los pasillos o instaladas en centros de campaña. Ella, que afirmó rotundamente, pese a carecer de estudios en esa materia: "La obligación de los políticos es gestionar lo servicios públicos al menor coste posible. Y no le quepa la menor duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública".

Este ejemplo es especialmente sangrante para los madrileños, ya que durante los gobiernos del PP en la comunidad se clausuraron casi 3.000 camas hospitalarias (una de cada cinco) y se despidió a 3.200 trabajadores de la sanidad pública, al tiempo que se dilapidaban millones en contratar la construcción de siete hospitales privados con fondos buitres y empresas implicadas en la financiación ilegal del partido. En 2017, el 60,35% del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid fue a parar a manos de empresas privadas.

Más aún, según la investigación del juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional, el PP de Madrid utilizó la construcción de estos siete hospitales para financiarse ilegalmente –mediante comisiones del 1% del valor de cada contrata– por valor de al menos 1,88 millones de euros. En total, Aguirre podría haber desviado para sus campañas electorales hasta tres millones de euros de dinero público asignado a levantar esos nuevos centros hospitalarios.

El balance de la gestión neoliberal de la Sanidad de Madrid por el PP ha sido desastroso: los sobrecostes acumulados de las privatizaciones –entre los de construcción y los contractuales previstos hasta el 2035– ascienden a 3.483 millones de euros, según la denuncia presentada por Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. 

Hospitales con un sobrecoste 8 veces por encima de su precio

En el informe del Observatorio Madrileño de Salud se hace balance de los diez años de la privatización hospitalaria en la Comunidad de Madrid, desde los llamados "hospitales hipoteca" que el Gobierno de Aguirre desarrolló hace más de una década, hasta el absurdo resultado de que la apertura de once nuevos hospitales redujo el número de camas disponibles en la red pública sanitaria. Un nuevo modelo de gestión sanitaria por el que siete hospitales se salvaron de la privatización total pero cuyo sobrecoste final estará ocho veces por encima del precio de su construcción.

Además, según el informe, el resultado fue "un deterioro sistemático de los centros de gestión tradicional, especialmente de los más cercanos a los nuevos centros, y del trasvase de pacientes hacia los centros privatizados", al tiempo que "no existe ninguna evidencia de mejora de la asistencia sanitaria en la región, a pesar de los ingentes recursos económicos destinados a los centros privatizados", tal como demuestra "el aumento del número de ciudadanos en lista de espera quirúrgica (que han pasado de 27.672 en junio de 2005 a 84.000 en septiembre de 2016)".

Claro que el PP no desviaba los fondos sanitarios sólo en Madrid –y en la Comunidad de Valencia, donde inauguró la privatización hospitalaria con el fracasado "modelo Alzira"–, sino que en Castilla-La Mancha el ejecutivo de María Dolores de Cospedal utilizó hasta nueve millones de euros del préstamo concedido para edificar el Hospital de Toledo para abonar deudas de la fundación pública que usaban los populares castellano-manchegos para dar publicidad a medios de comunicación afines.

Mientras esto ocurría, otro de los dirigentes ultraderechistas opuestos a la sanidad pública, Santiago Abascal –ahora también infectado por el covid-19 y haciendo campaña política contra el presidente del Gobierno aprovechándose de las muertes provocadas por la pandemia– recibía una de las mayores "mamandurrias" –como calificaba la lideresa a las subvenciones públicas– de la Comunidad de Madrid: el líder de Vox se embolsaba un salario bruto de 82.000 euros por dirigir la Fundación para el Mecenazgo y el Patrimonio Social. Entidad que no cumplió ni uno solo de sus opacos objetivos, pero a la que Aguirre destinaba un presupuesto –público, por supuesto– de 252.818 euros anuales.

Ahora, Abascal y su lugarteniente Javier Ortega-Smith –también con coronavirus, tras ir a pillarlo a Milán, zona cero de la pandemia en Europa, para traerlo de vuelta al Congreso de Vistalegre y la manifestación de Jusapol– acusan a Pedro Sánchez de no haberles prohibido su propio mitin multitudinario y a Pablo Iglesias de ser responsable de la catástrofe, en contra de todas las evidencias de que el líder de Podemos fue el primero en abogar por la declaración del estado de alarma y las medidas extraordinarias económicas y sociales.

El gurú de Vox pretende la eliminación de la sanidad pública

"Es imprescindible que todos sepan que el gurú económico de Vox, el inspector del Banco de España en excedencia Rubén Manso, propone la desaparición de la sanidad pública y que pase a ser gestionada por empresas privadas", subraya a este diario el catedrático de Economía Aplicada y vicepresidente español de ATTAC, Juan Torres López. Ciertamente, Manso –una de las apuestas personales de Abascal y ahora diputado– afirmó durante la campaña electoral que "ni educación ni sanidad deben ser competencias del Estado (...) Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecha."

Pero ahora, en plena pandemia y cuando es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía, Vox se dedica a lanzar campañas en redes culpando al Gobierno de ser responsable de las muertes por el virus al no haber tomado medidas sanitarias draconianas cuando todavía no se conocía del todo la magnitud de la amenaza.

Igual que otra expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, participa en tertulias de televisión para negar a gritos la evidencia de los recortes sanitarios del PP, quejarse de la falta de medios en la Sanidad madrileña y reclamar al Gobierno que "urge mandar los equipos necesarios" a los hospitales. Para ser avergonzada en directo por el enfermero del Hospital de Alcalá de Henares que le replicó:

"Nos estamos jugando la vida nosotros. Por una mala gestión de años anteriores en los que la sanidad pública se ha desmantelado totalmente. La señora Cifuentes está ahí y lo puede corroborar: esos 200 respiradores han desaparecido seguramente en años de su presidencia, al igual que las 120 camas que desaparecieron de nuestro hospital en 2012 y los 90 compañeros que fueron despedidos".

Aunque los recortes sanitarios que están agravando la emergencia del coronavirus no se limitaron a las comunidades (que tienen transferida esa gestión) gobernadas por el PP, ya que Mariano Rajoy redujo año tras año el gasto público presupuestado en Sanidad, hasta dejarlo por debajo del 6% del Producto Interior Bruto (PIB), más de un punto por debajo de la media europea. Tras la era Rajoy, España quedó en el puesto 15 de los 28 países de la UE, muy lejos de los países más desarrollados y por detrás de países más pobres como Eslovaquia, Eslovenia o Croacia.

"El deterioro ha sido mayor que el que corresponde a la crisis económica padecida", explica a Público el catedrático Torres López, "porque la respuesta ha tenido una orientación política e ideológica determinada: si para ti es más importante salvar a los bancos que salvar al sistema sanitario, pues lógicamente la crisis es peor en Sanidad".

"En España se ven muy claras las consecuencia del sesgo ideológico de las medidas adoptadas porque las comunidades autónomas tienen transferida la Sanidad" –continúa Torres– "y antes de la crisis ya había estrategias de privatización en Madrid, en Valencia, en Catalunya… Había una orientación claramente privatizadora porque, como decía Esperanza Aguirre, la derecha consideraba que las empresas privadas eran mucho más eficaces que las públicas".

"Además, la política económica neoliberal siempre tiene menos ingresos –y, por tanto, menos recursos públicos– porque lleva el dinero a la actividad financiera", al rebajar impuestos como única receta para la recuperación. "En realidad, la tendencia privatizadora hace perder eficiencia, tal como lo destaca el profesor [Vicenç] Navarro. Los sistemas sanitarios privados son más caros que el sistema público: el país que más dinero gasta en Sanidad, en porcentaje de su PIB, es EEUU y, sin embargo, ahora estamos viendo cómo hay 40 millones de estadounidenses que no tienen dinero pero tendrían que pagar caro si necesitan hacerse la prueba del coronavirus".

"El país que más gasta en Sanidad de todo el mundo es el que tiene la peor cobertura sanitaria de los países ricos. Incluso peor que la de muchos países que están en la miseria. Y es el que más dinero le dedica y el que tiene resultados mucho menos eficientes apoyándose sólo en la sanidad privada".

Igualmente, la derecha de CiU en Catalunya fue pionera en la aplicación de drásticos recortes en Sanidad como receta para hacer frente a la crisis. "El conseller de Salut de Artur Mas fue Boi Ruiz [de diciembre de 2010 a enero de 2016], que procedía de la patronal [La Unió, Associació d’Entitats Sanitaries i Socials] e impuso reducciones salariales de los sanitarios, disminución del gasto farmacéutico y la congelación de las inversiones en Sanidad, beneficiando a las empresas privadas," recuerda Torres. El resultado fue que en la etapa de Artur Mas la sanidad catalana perdió, según datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios y más de 1.100 camas hospitalarias.

Todas esas medidas neoliberales no sólo no han mejorado la eficacia de la gestión sanitaria, sino todo lo contrario, como ha demostrado ampliamente el profesor Navarro –catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, y director del Programa en Políticas Públicas y Sociales en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU)– en su numerosos libros y artículos.

Vicenç Navarro: "La expansión del neoliberalismo ha contribuido a la expansión de cuatro grandes epidemias"

"La expansión del neoliberalismo ha contribuido a que, desde los años 80, el mundo haya visto nada menos que cuatro grandes epidemias (Ébola, SARS, MERS y ahora el covid-19), siendo la aplicación de sus políticas (esto es, la desregulación de los mercados y su mundialización, así como las políticas de austeridad social) uno de los factores que más han contribuido a la expansión de tales enfermedades a los dos lados del Atlántico Norte", constata Navarro.

"Los países del capitalismo más desarrollado que han aplicado con mayor dureza estas políticas neoliberales incluyen los EEUU (y de una manera muy especial, el gobierno del Partido Republicano presidido por Trump, que domina también la Cámara alta, el Senado), España (durante los gobiernos Zapatero y, de una manera incluso más acentuada, durante los gobiernos Rajoy, siendo a nivel autonómico el gobierno Artur Mas en Catalunya, uno de los más duros en sus recortes) e Italia (y muy en particular durante la presencia en el Gobierno de la ultraderecha de la Liga Norte con su líder, Mateo Salvini)".

Navarro cita un estudio de la prestigiosa Brookings Institution, publicado en 2019, que concluye que en EEUU "casi la mitad de los trabajadores obtiene unos salarios que no son suficientes para proveer una seguridad económica", porcentaje que ha crecido muy notablemente durante la época Trump. "Ello implica que los trabajadores suelan resistirse mucho a dejar de trabajar porque ello les supondría interrumpir sus ingresos. Esta es la causa de que muchas personas enfermas, infectadas por el coronavirus, continúen trabajando y contagiando".

Las privatizaciones dificultan la lucha contra la pandemia

En EEUU, primera potencia económica del mundo, "la mayoría de los servicios sanitarios son privados. Casi 30 millones de estadounidenses no tienen ninguna cobertura sanitaria y otros 27 millones tienen una cobertura muy insuficiente. Como resultado del escaso desarrollo del sector público, EEUU es uno de los países con un número más bajo de camas hospitalarias por cada mil habitantes en la OCDE (el grupo de países más desarrollados del mundo capitalista), con lo que tiene un problema gravísimo para poder atender a la población" en esta pandemia.

"En el artículo We need strong public health care to contain the global corona pandemic, escrito por Wim De Ceukelaire y Chiara Bodini, que pronto se publicará en la International Journal of Health Services, se señala que la privatización de los servicios que ha tenido lugar en muchos países europeos, como en Italia, junto con los recortes del gasto público sanitario, han dificultado la pronta resolución de la pandemia, convirtiéndose el caso italiano en el mejor ejemplo europeo de colapso del sistema sanitario", sentencia Navarro.

En conversación con Público, Navarro subraya que "la pandemia ha demostrado el enorme fracaso que ha significado el neoliberalismo, pues su intervención en la gestión de la Sanidad ha debilitado notablemente la capacidad de respuesta frente a una tragedia sanitaria de la magnitud actual. Y ahora tienen el enorme cinismo de pedir más recursos quienes fueron precisamente los que los recortaron".

Como afirma el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch:

"Estamos asistiendo al hundimiento moral de quienes han erosionado al Estado Social. La mercantilización de ancianos en residencias, los favores a la sanidad privada para hacer negocio, los recortes injustos a la sanidad pública. Es la crisis del capitalismo de amiguetes".