@CdelCastilloM

MADRID.- Dos soldados de la Academia General Militar de Zaragoza han registrado este jueves sendas denuncias contra los mandos de este centro de enseñanza del Ejército de Tierra por violar su derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Los oficiales acusados interceptaron y revisaron, presuntamente, el correo postal ordinario que estos militares dirigieron a la subsecretaria de Estado de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud. Los oficiales de la Academia investigaban si los soldados estaban intentando saltarse el conducto reglamentario interno que el Ejército dispone para los trámites relativos al servicio, tales como el funcionamiento de una unidad, de un acuartelamiento o del material militar.

Sin embargo, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Zaragoza a la que ha tenido acceso Público, la comunicación intervenida es de carácter personal al referirse a su situación contractual y, por tanto, ajena al servicio e independiente del conducto reglamentario interno.

La prueba de los hechos presentada por los soldados es precisamente el expediente sancionador que estos mandos han abierto contra ellos por prescindir del cauce oficial, algo que el código disciplinario militar recoge como falta leve. En dicho proceso, los oficiales reconocen que intervinieron el acuse de recibo del correo y llamado al Registro General del Ministerio de Defensa para averiguar su contenido.

Tal y como reflejan en su denuncia los soldados, asistidos por el equipo jurídico de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM), la Constitución garantiza "el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial" para todos los ciudadanos. Su violación es un delito recogido en el Código Penal.

"Asimismo —recoge el texto presentado ante la Fiscalía—, se informa que esto viene siendo una práctica habitual y generalizada en esta unidad militar, a pesar de las reiteradas advertencias de las asociaciones militares al Ministerio de Defensa, sobre las posibles consecuencias penales derivadas de tales actuaciones". 

Los contratos temporales permanentes: fuera a los 45

El escrito que estos soldados refirieron a la subsecretaria de Estado de Defensa incide en una cuestión contra la que los militares de tropa y marinería y las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas están cargando duramente: la prohibición, por ley, de que estos militares continúen en activo más allá de los 45 años, independientemente de su condición física o las necesidades del servicio que desempeñan.

Los militares consideran que esta situación viola sus derechos constitucionales, ya que argumentan que son discriminados por su edad, algo que no ocurre con ningún otro miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante esta situación, muchos han decidido reclamar ante Domínguez-Alcahud, la autoridad competente para resolver este tipo de instancias, tal y como hicieron estos soldados destinados en la Academia General Militar de Zaragoza.