MADRID. -El carbón, el combustible fósil más contaminante y una fuente energética que la Unión Europea quiere ir poco a poco desechando, está suponiendo un pequeño quebradero de cabeza para los partidos políticos en España, a pocas semanas de la cita electoral del 26 de junio.

Los dos principales sindicatos, (UGT FICA y CCOO de Industria) y la patronal Carbunión han presentado este jueves un documento en defensa de la minería del carbón nacional que pretende recabar los apoyos, entre otros, de los Gobiernos de las cuatro comunidades autónomas mineras (Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha) y de las formaciones políticas.

El texto contempla, entre otras medidas, asegurar un hueco del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% hasta 2018 para el carbón nacional frente al importado. La intención es firmarlo el próximo 7 de junio en un acto en la Escuela de Minas de Madrid y presentarlo posteriormente ante el siguiente Gobierno.

“Hace dos meses todos los partidos nos daban el OK, todos. Quien no venga a firmar no es porque no lo entienda… allá ellos. Si quieren jugar a política nosotros también sabemos jugar”, ha asegurado Víctor Fernández, secretario de Minería de UGT. Por el momento, los autores del documento sólo tienen el apoyo garantizado del PSOE y de Izquierda Unida, entre los principales partidos, además de Foro Asturias y del Partido Aragonés. PP, Ciudadanos y Podemos discuten internamente qué hacer.

El acuerdo lanzado por los sindicatos y la patronal no es casual. Llega después de que el viernes pasado la Comisión Europea anunciara su autorización para que España ponga en marcha un plan de ayudas de 2.130 millones de euros para el cierre de 26 minas de carbón en 2018, tal y como establece la normativa europea, y que compromete al Estado a “recuperar toda ayuda” que haya recibido un yacimiento si no ha sido clausurado antes de esa fecha. Según la Comision, España presentó este plan en abril para su aprobación por parte de Bruselas.

Para UGT, CCOO y Carbunión, que han denunciado que no han sido informados de este plan, el anuncio supone una “traición” del Gobierno y del PP nacional, y un incumplimiento a lo acordado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en 2013.

“El plan aprobado no es el acordado sino el del PP, que supone el cierre rápido y desordenado de las minas, el abandono de las comarcas y que condena a los trabajadores a la indigencia más absoluta. Decían que estaban trabajando para la viabilidad del sector más allá de 2019, pero es un gobierno de incompetentes, un gobierno traidor”, ha señalado José Luis Villares, responsable de Industria Extractiva de CCOO Industria.

Debates internos

El anuncio de Bruselas pone en una situación delicada al PP. Castilla y León, gobernada por los conservadores y afectada por el cierre de la minería, no ha confirmado todavía su firma al documento, aunque es partidaria del mismo. Pero puede encontrar las reticencias de la dirección nacional. “Sabemos que en el PP de las comarcas están muy preocupados, pero estamos confiados en que finalmente asistan”, ha señalado Pedro Iglesia, de Carbunión.

La normativa europea requiere el fin de las ayudas públicas al carbón a partir de 2018. Después de esa fecha sólo los yacimientos que resulten rentables sin subvenciones podrán seguir abiertos. Los sindicatos y la patronal dicen ser conscientes de esta norma, pero creen que para que pueda seguir habiendo minas rentables no es viable devolver las ayudas recibidas en años anteriores. "El carbón se va a seguir utilizando sí o sí porque no hay otra posibilidad, pero si no es aquí lo sacarán trabajadores explotados de otros países", ha dicho Fernández.

En Podemos ocurre otro tanto, aunque los motivos son diferentes. La formación morada se encuentra dividida ante esta cuestión, sobre todo por parte de Equo (que participa en las listas de Podemos en las elecciones generales) y que es abiertamente contraria al uso de este combustible fósil. Desde Podemos aseguran a Público que están discutiendo su postura con respecto al tema y que anunciarán pronto su decisión. Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, reconoce que es un tema pendiente del que no han conseguido convencer a los sectores territoriales más vinculados con la minería, como Asturias. “El futuro de las cuencas mineras se construirá a la vez reconociendo la contribución histórica de los mineros a nuestra sociedad y construyendo un nuevo modelo productivo generador de empleos verdes”, afirma.

Izquierda Unida, por su parte, incluida también en las listas de Podemos para las generales, ha apoyado siempre las ayudas a este sector y sí ha confirmado que firmará el documento, según han informado UGT y CCOO.

Ciudadanos también está evaluando el asunto de manera interna y emitirá su postura próximamente, según ha confirmado Ignacio Prendes, exdiputado de Ciudadanos, a este periódico. En una proposición no de ley que se votó en el Congreso el pasado 20 de abril y que pedía también una bonificación del carbón autóctono, el partido se abstuvo. “Hay una cuestión de carácter ambiental, pero nos parece que la bonificación que se pide no va en la línea de la Unión Eropea”, ha señalado, insistiendo en que su apoyo al documento no está decidido.

​Una eventual bonificación del carbón nacional frente al importado, como reclaman desde el sector, podría ser considerado como una ayuda de Estado por parte de Bruselas, que es quien tiene que autorizar este tipo de subvenciones, por considerar que es una medida que da ventajas fiscales frente a sus competidores extranjeros.

El uso de carbón, disparado

Este debate se produce precisamente cuando la quema de carbón en España para la generación de energía experimenta una considerable subida. Según datos de Red Eléctrica, el uso de este combustible se incrementó un 23,4% en 2015 con respecto a un año antes. Nuestro país es el quinto de la UE con el mayor porcentaje de producción de energía con carbón, pero la mayor parte es importado. El nacional, asegura Carbunión, apenas ha supuesto un 3% del total en los últimos años. A su vez, el sector en nuestro país ha perdido el 93% de sus trabajadores en menos de 30 años, pasando de 50.853 empleados en 1985 a unos escasos 3.279 en 2013, según datos de Comisiones Obreras.

El uso del carbón repercute además en los compromisos de emisiones con los que la UE ha de cumplir, en el marco del acuerdo internacional contra el cambio climático adoptado en diciembre en París. El carbón es, de lejos, la fuente que más CO2 emite, uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al calentamiento global. Mientras que la gran mayoría de países comunitarios están consiguiendo reducir sus emisiones, España ha aumentado las suyas un 4% en el último año, precisamente por el mayor uso del carbón en el mix energético.