La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que 'no fue prudente', aunque sí legal, que la Guardia Civil disparase pelotas de goma para repeler el intento de entrada a la playa española de El Tarajal de un grupo de migrantes el pasado 6 de feberero, cuando perdieron la vida 15 personas camino de la costa.

En rueda de prensa en el Congreso, donde ha hecho entrega del informe anual de la institución, Becerril ha explicado que esta ha sido su conclusión tras recibir anoche la documentación sobre la tragedia que había requerido a la Delegación del Gobierno en Ceuta y releer el informe relativo a la actuación de las fuerzas policiales. 

Según ha afirmado, 'la actuación de las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil se ha hecho utilizando procedimientos, métodos y elementos habituales autorizados', sin embargo, 'las circunstancias en las que se utilizaron estos medios, entre otros las bolas de goma o balas de goma, no ha sido prudente'.

'Del informe se desprende que se ha actuado de acuerdo a la legalidad y la reflexión que yo hago es que la prudencia hubiera aconsejado la no utilización de estos medios', ha dicho la Defensora, quien se ha resistido a ofrecer una opinión más en profundidad porque el asunto está en manos de un juez en Ceuta.

Por ello, ha declinado pronunciarse sobre la existencia o no de responsabilidades en la decisión de utilizar esos materiales antidisturbios. 'Nosotros vemos si se ha actuado conforme a la legalidad o no y yo subrayo la palabra prudencia. Lo ocurrido y sus consecuencias, que son muy dramáticas, serán analizadas y si hubiera responsabilidades, lo dirá un tribunal', ha apostillado.

Con todo, ha recordado que la institución que representa lleva 'solicitando desde 2006 un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad' que delimite 'qué se puede hacer, cómo y en qué circunstancias' ante el intento de entrada irregular de inmigrantes en España.

Por otra parte, Becerril se ha mostrado partidaria de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a las 'circunstancias actuales' de la inmigración, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que se emprenda la reforma para legalizar la expulsión sobre la marcha de los inmigrantes interceptados tras entrar en Ceuta y Melilla de forma irregular. Según ha dicho, hoy por hoy esta práctica no se ajusta a la ley y su institución 'pide siempre actuaciones acorde con la legalidad vigente'.

En este sentido, el informe registrado en el Congreso recoge que en 2013, la Defensora pidió al Ministerio del Interior que dictase instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para recordar a sus agentes en la frontera de Melilla 'cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, se proceda al traslado de dicha persona a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería'.

Se trata de un tema 'de preocupación' para el Defensor del Pueblo desde hace una década, tiempo en el que viene recordando a las administraciones competentes la necesidad de cumplir tanto la legislación de extranjería como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados frente a esta práctica que impide 'identificar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables'.

Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil contestó este año a los requerimientos de la Alta Institución que 'considera que su actuación es correcta, atendiendo a los convenios suscritos con Marruecos' y el Cuerpo Nacional de Policía aseguró que sus funcionarios cumplen la Ley de Extranjería en las ciudades autónomas 'de la misma manera que en cualquier otra zona del territorio nacional'.

La Defensora del Pueblo también ha llamado la atención a Interior ante el número de quejas por el uso 'desproporcionado y excesivo' de la fuerza por parte de los antidisturbios, y recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que elaborase un protocolo de actuación para esas unidades.

 Según se señala en el último informe de esta institución, hecho público hoy y correspondiente a 2013, la actuación policial en las manifestaciones ha dado lugar a numerosas quejas sobre el uso excesivo de la fuerza por las Unidades de Intervención Policial (UIP) y la utilización de material antidisturbios contra los manifestantes.

Ante esas quejas, la defensora sugirió a Interior que elaborase ese protocolo de actuación de las UIP en las grandes concentraciones de personas en lugares de tránsito público, 'regulando de forma clara y precisa la manera y las circunstancias en las cuales dichas unidades pueden hacer uso de la fuerza, de las armas reglamentarias y del material antidisturbios'