El Defensor del Pueblo ha cuestionado de nuevo los rechazos en frontera de 470 migrantes durante el intento de salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 personas, en contra del criterio del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, que archivó su investigación al no ver indicios de delito.

En su informe anual, la institución que dirige Ángel Gabilondo subraya que pese al archivo de las actuaciones del Ministerio Público al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, considera "necesario iniciar actuaciones con la Fiscalía" y darle traslado de la información que ha recabado "por si fuera de su interés".

En este sentido, según ha subrayado Gabilondo en la presentación del informe en el Congreso, la institución ha hecho lo que le corresponde. "No podemos hacer otra cosa que cerrar el asunto", ha insistido el defensor, que ha remarcado sus recomendaciones y deberes legales para evitar que se produzca de nuevo una tragedia como la de Melilla.

"No somos jueces ni fiscales, ni somos otra cámara ni dictamos sentencias", ha aseverado Gabilondo, que ha recordado que no consideraron "adecuada" la respuesta de Interior rechazando sus advertencias para que los rechazos en frontera respeten las garantías legales, y por eso se cierran las actuaciones con el departamento de Fernando Grande-Marlaska "con diferencia de criterio".

Considera el defensor que "transcurridos ya más de dos años" desde que el Constitucional avaló los rechazos en frontera, urge que se desarrolle, "sin más demora y por disposición reglamentaria", el procedimiento que regule esta figura que, según el tribunal, ha de contemplar entradas individualizadas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que no ocurrió en el caso de Melilla.

Actualmente, detalla el informe, cuando se produce un "asalto" a las vallas de Ceuta y Melilla, la actuación de los agentes "se centra" en intentar que todos o la mayor parte de los migrantes "no lleguen a superar la valla" y en su devolución, por lo que "no resulta posible detectar" a perfiles vulnerables con necesidades de protección internacional.

Para el Defensor, la tragedia de Melilla debe obligar a revisar los obstáculos, "en la mayoría de las ocasiones insalvables", a los que se enfrentan estas personas para acceder regularmente a Europa. Uno de ellos, precisa, la imposibilidad de su acceso físico a la embajada y consulados españoles para solicitar asilo.

Asilo

Sobre los solicitantes de protección internacional, la institución advierte de los problemas de identificación de las mismas porque es un factor clave para combatir su vulnerabilidad, de las dificultades para formalizar dichas solicitudes y de las demoras en los trámites administrativos.

Denuncia que en las comisarías provinciales se dan "situaciones insostenibles" porque hay demoras de hasta 16 meses para conseguir una cita, un tiempo en el que esas personas no tienen acceso al sistema de acogida ni se hallen bajo el amparo del principio de no devolución.

"La demora en la obtención de las citas no es imputable a los solicitantes y, en consecuencia, no puede justificar que se incumplan sus derechos, sino que es la Administración la que debe arbitrar los medios necesarios para atender sus obligaciones en tiempo y forma", recoge el informe.

La resolución de las solicitudes también "supera con mucho" el plazo legal previsto de seis meses, lo que perpetúa la "grave" situación en la que se encuentra el sistema de acogida, "actualmente imposibilitado" para ofrecer las plazas de atención necesarias.

Para el Defensor, las deficiencias del modelo migratorio español se deben a la ausencia de una política común y ha pedido una revisión en profundidad del mismo, y subraya la eficacia y coordinación entre administraciones en la forma de actuar con los refugiados ucranianos.

"El reto pendiente ahora es identificar los procedimientos y actuaciones puestas en marcha y ser capaces de replicarlas, con carácter general, en la política migratoria y de protección internacional", alerta.

Considera "muy positiva" la reforma del Reglamento de Extranjería que agiliza la concesión de permisos de residencia y trabajo a menores extranjeros no acompañados y migrantes extutelados tras más de un año en vigor y señala que se han concedido 14.584 (6.507 a menores y 8.347 a extutelados).

Menores en Canarias

Las quejas relacionadas con el procedimiento de determinación de la edad continúan en siendo objeto de atención por parte del Defensor del Pueblo, que advierte de que la situación en Canarias es "especialmente preocupante" porque cientos de menores permanecen a la espera de que la Fiscalía dicte el decreto para determinar la edad.

A finales de 2022, había 2.266 menores (267 niñas) dados de alta en el registro en esa comunidad autónoma, una cifra que contrasta con las menos de 800 autorizaciones de residencia que han sido expedidas a favor de menores extranjeros no acompañados, que se encuentran bajo la guarda o tutela de la entidad de protección de menores.