El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, la memoria anual con las actuaciones de la institución durante 2021 en la que se incluyen una batería de propuestas y medidas sobre la situación general del país. Fundamentalmente, Gabilondo ha reclamado mejorar la coordinación en la acogida de los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania y atender eficazmente las situaciones de emergencia social y sanitaria generadas en España por la pandemia.

En su informe, el Defensor del Pueblo pide una actuación específica y directa para afrontar la "verdadera emergencia social" y el aumento de la demanda de recursos sociales: "Basta detenerse en las situaciones de mayor desamparo para comprender hasta qué punto en líneas generales la pobreza constituye un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas".

El Defensor advierte de efectos colaterales serios como consecuencia de la pandemia en los hospitales, la atención primaria y alerta de resultados preocupantes en la salud mental de los ciudadanos.

Sanidad

En 2021, las quejas por el impacto de la covid-19 en el Sistema Nacional de Salud crecieron de forma notable respecto a 2020 por el "desbordamiento" de los servicios sanitarios, de la atención primaria y las urgencias, y al funcionamiento "muy alterado" de los hospitales.

El informe acumula quejas de ciudadanos, generalmente de edad avanzada, que han esperado meses para ser vacunados, aunque su franja de edad ya lo estaba, o de quienes ven cómo el protocolo covid les impide acompañar a su familiar en el hospital, medida esta última que el Defensor entiende se aplicó "lamentablemente de manera muy generalizada".

Refugiados

Sobre la acogida de refugiados ucranianos, el defensor ha incidido en que su atención "exige un gran consenso" y hacerlo de forma ordenada porque los efectos pueden ser contrarios a los deseados: "No hay que confundir una buena respuesta con la buena intención".

Educación

También la mayor parte de las quejas hacían referencia a los problemas ocasionados por la covid, pero también se han dirigido a la institución personas que expresan la disconformidad con los proyectos educativos en centros de Valencia, Catalunya y Baleares, solicitando que la lengua castellana sea utilizada de forma proporcional y equitativa en todas las etapas de la enseñanzas obligatoria.

Menciona también Gabilondo la actuación de oficio ante la Generalitat catalana en relación con el menor de Canet de Mar (Barcelona) y su reclamación para recibir clases en castellano, a la espera la respuesta de esa comunidad.

Abusos sexuales en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido la "confianza" de la Iglesia católica española para que participe en la comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, que liderará el propio Defensor por encargo del Congreso de los Diputados.

"Reclamo esa confianza, porque me parece que es mejor que estén para poder colaborar, para aclarar, si queremos que sea un asunto que se afronte de verdad y evitar que vuelva a suceder y para que las víctimas se sientan reconocidas, esto, a mi juicio, llama a que esté presente un representante de la Iglesia católica en esta comisión", ha declarado Gabilondo este viernes en una rueda de prensa en el Congreso, tras entregar el Informe Anual de 2021 del Defensor del Pueblo.

Para Gabilondo, los perfiles que deben formar parte de la comisión son: asociaciones de víctimas, psicólogos y sociólogos, miembros de la Fiscalía, expertos en Derecho Canónico, criminólogos y algún representante de la Iglesia católica.

Menores migrantes

El Defensor del Pueblo está preocupado por la situación en la que quedan los menores migrantes no acompañados cuando a los 18 años tienen que abandonar los centros tutelados y exige medidas y medios porque, según él, faltan recursos para acompañarles "en su tránsito a la vida adulta".

Pone de manifiesto las deficiencias del sistema de identificación de las "especiales necesidades" de los menores víctimas de trata que requieren protección internacional y considera que su revisión puede ser útil para mejorar aspectos que fallan.

En materia de violencia de género, plantea la "urgente necesidad" de mejorar la protección de los menores y ha alertado contra las solicitudes de custodia por un "progenitor violento" que "suele maltratar o amenazar con dañar" a los niños para perjudicar a la madre.

Justicia

El informe sigue registrando dilaciones en la Justicia: como una causa que lleva más de 20 años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado-Villalba (Madrid), los últimos cinco sin actividad alguna.

Migraciones

El Defensor ha vuelto a denunciar las deficiencias del modelo migratorio español, que achaca a la ausencia de una política común, y ha pedido una revisión a fondo del mismo para llegar a un sistema de "integración avanzada" de todos los organismos involucrados, tanto del Estado como de las autonomías y los ayuntamientos.

La "insostenible" situación de la Cañana Real

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha calificado de "insostenible" la situación de "emergencia humanitaria" en la Cañada Real Galiana, en Madrid, donde cerca de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores, llevan más de 500 días sin luz, y pide una respuesta al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real.

"Me dirijo a las administraciones, no pongo etiquetas políticas pero hay que responder a esto, no puede ser, es insostenible. Es una situación de emergencia humanitaria", ha exclamado Gabilondo, este viernes en una rueda de prensa, tras entregar el Informe Anual 2021 del Defensor del Pueblo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. 

Gabilondo ha explicado que visitó la Cañada Real sin cámaras para respetar la privacidad de sus vecinos porque le "preocupa muchísimo" la situación de falta de suministro eléctrico que viven desde octubre de 2020. "Hay muchas quejas respecto a la Cañada, son más de 500 días sin suministro, es un asunto que nos preocupa, que me preocupa muchísimo, son personas mayores, enfermos crónicos, niños y niñas que pasan el segundo invierno sin suministro eléctrico en sus hogares y les impide una vida digna", ha desgranado.

Quejas ciudadanas

En 2021, la institución ha recibido 29.015 quejas (28.020 en 2020), ha iniciado 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones (406 el año anterior) y ha atendido personalmente a 33.708 ciudadanos, casi el doble que en el anterior ejercicio, de las que 32.974 han sido a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente.

El mayor número de quejas se formularon desde la Comunidad de Madrid (6.361 expedientes), Andalucía (3.517), Comunidad Valenciana (2.856) y Catalunya(2.815).