"Muchas gracias a todos, visto para sentencia". Con sólo siete palabras, el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, daba por concluido el juicio a la cúpula del procés, exactamente cuatro meses y 52 sesiones después de su arranque.

Tras escuchar el durísimo informe de la Fiscalía, la semana pasada, las defensas han podido tomarse la revancha entre el martes y el miércoles, respondiendo con toda su artillería. Este es un repaso a las argumentaciones esgrimidas por las partes sobre los delitos por los que se acusa a cada uno de los 12 procesados [aquí, todas las peticiones de pena].

"Rebelión posmoderna" y choque entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado

La Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista Vox acusan por un presunto delito de rebelión. El Ministerio Público reclama penas de prisión de hasta 25 años para Oriol Junqueras por rebelión y malversación, de 17 años para los Jordis y para Forcadell [como Junqueras, por ser punta de lanza de la rebelión, pero sin malversación], y de 16 años para Forn, Romeva, Turull, Rull y Bassa. Vox triplica su petición y reclama hasta 74 años para el exvicepresident de la Generalitat por dos supuestos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

La clave está en ver si el tribunal interpreta que hubo violencia en el procés, en si esta violencia puede considerarse organizada, así como si es atribuible a la actividad de los procesados. La Fiscalía sostiene que se dio la "violencia suficiente y necesaria" en este periodo "insurreccional", que supuso la "liquidación" de la Constitución. "Desde el 19 de septiembre de 201, y especialmente el 1-O, hubo violencia, fue la suficiente para los objetivos trazados; sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios para esa hoja de ruta; los acusados sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abordar la vía unilateral. Además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse", resumía el fiscal Jaime Moreno.

Quizás, quien explicaba con más tino la posición de las defensas antes de que estas tomaran la palabra -y sin ser parte- era el testigo David Fernández, exdiputado de la CUP. Las defensas sostienen que cualquier episodio de violencia fue “marginal, puntual y espontáneo”. "No hay ni una sola estrategia de planificación violenta en ningún espacio soberanista de Catalunya que el 1 de octubre llamara a responder", sintetizó el testigo. Un informe pericial presentado por la defensa de Cuixart apuntalaba esta tesis: los episodios fueron aislados, y los llamamientos y arengas de los procesados a participar en movilizaciones y en el propio 1-O siempre resaltaron su carácter pacífico.

Esta es también la tesis de la abogada del Estado, Rosa Seoane. Donde la Fiscalía negaba que se hubiera producido un delito "contra el orden público", y denunciaba que sí tuvo lugar un delito contra la propia Constitución, Seoane aseguraba que no puede darse por probado que la violencia fuera un "elemento estructural" de la planificación del procés. En un inédito intercambio de dardos jurídicos, la representante de la Abogacía del Estado respondió al Ministerio Público que el delito cometido fue de sedición, no de de rebelión (con una petición de hasta 12 años de cárcel para Junqueras, 13 años menos que por rebelión).

"La violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos: que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto, y que aparezca como idónea para tener el resultado. No podemos considerar probado que la violencia, como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados, como medio para alcanzar sus fines", zanjaba.

Por su parte, las defensas han aprovechado la semana para tratar de desmontar ambas acusaciones: acusan a la Fiscalía de "tergiversar" la realidad, de retorcer y "magnificar" el relato para intentar que los hechos, a través de esta "interpretación forzada", se correspondan con el delito de rebelión. Para que lo establecido en el Código Penal cuadre con su interpretación, diría el letrado de Joaquim Forn, Xavier Melero, habría que "darle la vuelta como un calcetín" a esta norma. Estaríamos así ante "una rebelión posmoderna", una "innovación" del Ministerio Público, sostuvo el martes.

De forma parecida valoraban las palabras del Fiscal Fidel Cadena, que aseguró al tribunal que está ante un tipo de rebelión "distinta". "Si la Fiscalía tuviera argumentos suficientes para probar la rebelión, no hablaría de 'rebelión distinta'"; "No hay un delito de homicidio distinto, no hay un delito de lesiones distinto, no hay delitos distintos, son los que son", afirmaba el letrado Jordi Pina, responsable de la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Y, sobre la sedición, Pina afirmaba que este tipo delictivo sí "supone la comisión de una acción violenta". El letrado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, fue especialmente exhaustivo en este punto: "No hubo alzamiento tumultuario. El alzamiento es de carácter activo, no existe un alzamiento omisivo, y no puede considerarse un alzamiento resistirse de forma pasiva a una actuación policial", razonó.

En síntesis, las defensas negaron tajantemente que el procés fuera, como sostiene la Fiscalía, un golpe de Estado -"Un delito que no existe en España", que diría Pina-, y afirmaron que en ningún momento se declaró la independencia: hubo un gesto político, si bien no se votó ni se incluyó en ningún diario oficial, ni tampoco hubo resistencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana.

"El 1-O no supuso un peligro grave del orden constitucional". "No se llamó a nadie a tomar las armas, ni a que fuera violento, ni a atacar a la policía", argumentaba Bergés. "La Fiscalía es la única que defiende la DUI como un mecanismo capaz de derogar la Constitución", apuntaba el letrado que representa a Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. "El Govern incumplió sistemáticamente el contenido de sus leyes de desconexión para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa", reforzaba Xavier Melero.

Convocar a la gente para votar en un referéndum, sostenía Bergés, "no es lo mismo que lanzar a la gente contra la policía". Además, el hecho de que Òmnium y la ANC llamaran a la participación, o que el Govern organizase esta consulta, vendría a suponer que "recogieron el guante de los ciudadanos, de la sociedad", que diría Pina, y no cabría deducirse que engañaron a los catalanes para arrastrarlos ante las urnas. "Lo que que ocurrió en Catalunya en ese periodo, son protestas, son manifestaciones", resumía el mismo letrado.

Eso, por no hablar de las falsedades y exageraciones que aprecian en los relatos de la Fiscalía. A este respecto, tal vez la más clara fuera la letrada de Carme Forcadell, Olga Arderiu: "[Forcadell] Ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló", "se han inventado tuits" y "se han mutilado sus declaraciones" . Van den Eynde, a su vez, denunciaba una "causa general contra el independentismo", y pedía escuchar "la melodía de los hechos", aislada del "ruido, las estridencias y exageraciones" que atribuye a las acusaciones. "El sesgo y la exageración es el discurso de la acusación".

Malversación, o la Generalitat como "organización criminal" y "cortijo", según Fiscalía

En total, 9 de los 12 procesados formaban parte del Govern -salvo los Jordis y Forcadell-, y todos ellos están acusados de un supuesto delito de malversación. Ya al arranque del juicio, las defensas alegaron que, al no existir facturas, no pudo malversarse dinero público, y por tanto que este delito tampoco habría tenido lugar.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) sí reclama el pago de dos facturas que rondan los 184.000 y 93.000 euros, por la emisión de anuncios sobre el referéndum, mientras las defensas sostienen que este servicio entra dentro del contrato marco firmado entre la Generalitat y este organismo .

La fiscal Consuelo Madrigal fue quien más se explayó sobre este supuesto delito, y lo hizo agarrándose al testimonio de las cuatro altas funcionarias de Hacienda citadas como peritos hace apenas un par de semanas. En esencia, las expertas llamadas por la Fiscalía vinieron a explicar que la malversación ya se ha cometido una vez comprometido el gasto por parte de la administración, incluso aunque finalmente no pague. "Una vez comprometido el gasto se produce esa disminución del patrimonio neto, y por eso el perjuicio se considera ya realizado".

Según el escrito de Fiscalía, en total se comprometieron más de 3 millones de euros de dinero público para distintas tareas relacionadas con el referéndum: más de 900.000 euros corresponderían al uso de 2.200 colegios que sirvieron como centros de votación el 1-O; 220.000 se habrían destinado a pagar la campaña para el registro de catalanes en el exterior; 277.000 corresponderían a los anuncios sobre el 1-O; 980.000 estarían relacionados con los envíos de la empresa Unipost, entre tarjetas censales sobres y otros materiales -envíos que nunca tuvieron lugar-, y alrededor de 47.000 habrían estado destinados a la cartelería. Un coste que habrían "asumido todos los contribuyentes", siempre en palabras de la fiscal.

De hecho, Madrigal también aprovechó para despacharse a gusto, y para acusar a la Generalitat de actuar como una organización criminal, un supuesto delito por el que la Fiscalía si acusa a los altos cargos del Govern procesados ante el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, pero no así en la causa contra la cúpula del procés, en la que están procesados los máximos dirigentes del Ejecutivo Catalán. De nuevo, Vox se sale de las tablas para acusar por organización criminal en esta causa. "Así es como actúan las organizaciones criminales"; "Han hecho de la administración catalana su particular cortijo"; "El inmenso derroche de fondos públicos no solo perjudicó a Hacienda, constituyó un execrable ataque a la democracia parlamentaria española", apostilló la fiscal.

En concreto, sobre la empresa de mensajería Unipost, la fiscal aseguró que desde la Generalitat se impulsó un proceso de contratación "ilegal", con la liberación de varias facturas. En lo que respecta a la CCMA Madrigal precisó que, aunque hubiera emitido los anuncios de forma gratuita -"Cosa que no hizo"-, se trata de un organismo público, y por tanto su actividad se ve sufragada por los contribuyentes. "Los servicios públicos tienen un coste para las haciendas públicas,  que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes", zanjó.

Sin embargo, las defensas negaron la mayor. Judith Gené, letrada de Meritxell Borrás, criticó el "poco rigor" de las acusaciones al tratar la supuesta malversación: "No importa si hay perjuicio, si éste se cuantifica, en qué Consejería se produjo el acto malversador o cuándo se adopta este acto malversador". Gené afirmaba que, si el Ministerio Público ha vendido que se dio una "rebelión posmoderna sin alzamiento y sin alzados", también ha sustentado su acusación por malversación en "una malversación posmoderna".

En esencia, el resto de letrados se mantenían en tesis similares: no se puede probar la malversación, no hay facturas, y hasta el método elegido por la Fiscalía para cuantificar el coste de abrir los colegios para votar el 1-O tiene trampa. De hecho, los peritos llamados por la Fiscalía durante el juicio, para valorar el coste de alquilar estos locales, tuvieron un encontronazo con los expertos llamados por las defensas en la misma jornada. Primero, porque los peritos del Ministerio Públlico utilizaron precios de mercado para cuantificar el coste de arrendamiento de locales públicos, y segundo, porque realizaron sus cálculos incluyendo toda la superficie de los colegios, planta por planta y hasta los patios, para que se disparase el valor de este alquiler. Además, lo calcularon contando de viernes a domingo, y no durante la jornada de votación, el 1-O.

Esto, por no hablar de la acusación de la Fiscalía de que los procesados convirtieron la Generalitat en "su cortijo", negada entre otros por Pina y Gené. El caso de Unipost,según el letrado de Sànchez, Turull y Rull, era "para comer aparte": "No se prestó" servicio alguno, no hubo "encargo, ni factura, ni pago, ni compromiso de gasto": "No es verdad que los ciudadanos recibieran cartas indicando que iban a ser presidentes de mesa, no es cierto, no se ha articulado ni una prueba", incidía. La exconsellera Meritxell Borràs defendía lo propio este miércoles, afirmando que, desde el principio, en el Govern tenían "muy claro" que "no habría gasto público" en la organización del 1-O, porque "hacerlo exponía a funcionarios y trabajadores públicos".

Van den Eynde y Melero reconocen que sí hubo desobediencia

El cuarto escalón de penas, por el que la Fiscalía y la Abogacía piden condenas de 7 años de cárcel -más inhabilitación para cargo público de 16 y 10 años, respectivamente-, lo ocupan los únicos tres procesados que no están en prisión provisional. Los exconsellers Carles Mundó, Santi Vila y Borràs se exponen a estas peticiones por malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional, algo que también niegan.

De hecho, el único cambio en las solicitudes de condena de los escritos provisionales a los definitivos afecta al exconseller Vila: Vox ha decidido retirar su petición de malversación y organización criminal, y sólo le acusa de desobediencia, un delito por el que no entraría en prisión.

No obstante, la desobediencia sí ha sido aceptada y asumida por otras defensas. "La gente no fue a parar a la Policía, fue la Policía la que fue a parar a la gente. ¿Eso es una sedición? Eso es una desobediencia de toda la vida", sostenía Van den Eynde. "El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional". "Cedo con gusto esa trinchera", apuntaba Melero.

Otros, como Pina y Arderiu, se negaban a ceder "esta trinchera". Y la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, argumentaba que habría incurrido en "desobediencia" si hubiera desoído el mandato del 80% de los catalanes, que se mostraron a favor de un referéndum.

En cualquier caso, transcurridos exactamente cuatro meses y escuchadas las partes, la pelota está por fin en el tejado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que previsiblemente tardará varios meses en dictar sentencia.