La libre designación en las administraciones públicas, los llamados "nombramientos a dedo", son un mal endémico de nuestra democracia que ningún partido político ha querido abordar. La normalización del "amiguismo" y la politización en la elección de los puestos directivos han provocado que, en muchas ocasiones, una persona ocupe un cargo en el sector público para el que no está cualificada. Así lo constata la última investigación de la fundación Hay Derecho, centrada en dos comunidades, Madrid y el País Valencià.

El informe, presentado este martes, lleva por nombre El Dedómetro y analiza 43 entidades públicas de estas administraciones autonómicas gobernadas por partidos de diferente color político: la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, del PP, y el País Valencià, presidido durante el periodo estudiado por el socialista Ximo Puig, al frente de una coalición entre Partido Socialista, Compromís y Podemos. Se trata de analizar dos autonomías similares en cuanto a su importancia demográfica, así como en el número de entidades del sector público con el que cuentan para poder compararlas. 

Los investigadores de Hay Derecho se han centrado en evaluar el perfil de los máximos responsables de cada institución durante un periodo de diez años y el grado de transparencia a la hora de facilitar la información requerida. 

La investigación revela que el 60% de 101 altos cargos de las empresas públicas de ambos territorios suspenden en "mérito y capacidad" para dirigir las entidades. Se trata de responsables de compañías públicas que gestionan sectores claves como el agua, el transporte o los medios de comunicación y, a pesar de ello, no están cualificados profesionalmente para hacerlo. "Ocupan el cargo por favores políticos y otro tipo de consideraciones, no por su preparación", señala Elisa de la Nuez, directora de la investigación y secretaria general de Hay Derecho.

A la hora de recabar datos para comprobar la idoneidad de estos puestos, la fundación ha podido comprobar que el 77% de las entidades de la región gobernada por Ayuso oculta el currículum de su máximo responsable, mientras que el 47% de las empresas del País Valencià no muestra sus salarios. "Detrás de un currículum no publicado o publicado de manera incompleta no solo hay un incumplimiento legal, también puede haber una intención de ocultar la trayectoria de alguien con una carrera puramente política", apunta Javier Zamora, responsable de investigación de Hay Derecho.

Aunque estos directivos gestionan presupuestos medios de 184 millones de euros de dinero público y cuentan con salarios de hasta 220.000 euros anuales, el sistema no establece procedimientos objetivos para acreditar los principios de mérito en su selección. De esta forma, detalla el análisis de la fundación, hasta el 86% de las instituciones analizadas no publica algunos datos como el nombre y trayectoria profesional de su máximo responsable. Incluso tres de ellas no cuentan con web propia donde presentar la información que la ley les exige publicar: en el País Valencià solo el 6% de las entidades cumplen con la ley, mientras que en la Comunidad de Madrid ninguna.

La dudosa capacidad de gran parte de altos cargos se une a unos niveles de rotación muy altos, vinculados principalmente a los cambios de Gobierno. Algunas entidades han llegado a tener hasta siete responsables diferentes en apenas diez años. "¿Cómo se puede sostener una estrategia o un plan de acción coherente con una rotación tan alta?", se pregunta Safira Cantos, directora general de la fundación. Particularmente graves son aquellos casos en los que los directivos van saltando de entidad pública en entidad pública, encadenando puestos de responsabilidad en distintos sectores y ámbitos, insisten los autores del informe.

En este sentido, el estudio indica que la falta de mayorías absolutas y la necesidad de apoyos parlamentarios de otros partidos favorecen una mejora de la idoneidad y la profesionalización de los máximos responsables de las administraciones públicas. 

Los expertos apuestan por una reforma integral

Frente a este contexto de marcada arbitrariedad, los expertos apuestan por una reforma integral de la Administración Pública. "El problema no es igual en todas las administraciones; las más opacas con diferencia son las diputaciones provinciales, donde hay más problemas de clientelismo y corrupción. Se va mejorando conforme se avanza a la Administración General del Estado", explica el politólogo Pablo Simón. "Aquí es donde hay que pensar hasta qué punto es bueno o malo que líderes electos sean quienes designen cargos públicos. Yo soy de los partidarios de una reforma integral de la Administración, que tiene muchas vías de mejora", añade.

El politólogo asegura que "un buen sistema de selección de estos directivos es crucial para el adecuado funcionamiento de este tipo de organizaciones, capacitándolas para garantizar el interés general y proporcionar servicios públicos eficientes que satisfagan a la ciudadanía". Por otra parte —expone— garantizar "un método adecuado para la selección de los directivos del sector público tiene una importante relevancia desde el punto de vista de la gestión adecuada de fondos públicos y la rendición de cuentas".

Para Simón, las administraciones públicas adolecen de un problema principal: la internalización del procedimiento y la externalización del talento. "Ante la falta de coordinación entre los diferentes niveles administrativos, se produce una enorme ineficiencia, lo que obliga a externalizar algunas funciones y contratar consultoras. Es decir, la Administración tiene poca capacidad para desplegar políticas; y una Administración ineficiente es una administración regresiva, donde a quienes más se perjudica es a las personas que tienen menos recursos y más necesidad de ser atendidos. Por lo que conlleva también un sesgo conservador", advierte.

Por su parte, Miguel Ángel Blanes, técnico jurídico en el Defensor del Pueblo del País Valencià, lamenta que no haya habido "voluntad legislativa para que se garantice la publicidad, la igualdad y el acceso a través de un concurso a los altos cargos administrativos en lugar de ser a dedo". "Desde que entró en vigor la Constitución, no se ha querido cambiar y apostar por la figura del directivo público profesional, que es la que garantiza una estabilidad por encima de los cambios políticos", insiste. 

El experto en transparencia incide en que es necesario que los altos cargos, igual que sucede en el sector privado, estén ocupados por personas cualificadas, y pone de relieve la "vital importancia" de la transparencia para que los diferentes niveles administrativos sean competentes: "Esto es de sentido común, a nadie se le ocurre nombrar gerente de una empresa a alguien que no sabe". Blanes considera "difícil" que los partidos se autolimiten y critica que "cuando están en la oposición denuncien esos abusos, pero cuando están en el poder vayan pasando las legislaturas y no se modifique nunca nada".

Los beneficios de operar conforme al interés general son más que claros para Blanes: se pueden resumir en más eficiencia, mejor gestión del dinero —con el ahorro que eso supondría— y mayor garantía de conseguir los objetivos planteados. "En el sector privado, si no se hace una buena gestión, la empresa puede quebrar. En cambio, en el sector publico parece que no pasa nada por hacer una mala gestión, pero la realidad es que sí hay consecuencias. Para empezar, crece la deuda y, además, se empeora la calidad de los servicios públicos", recuerda.

Sin embargo, el técnico jurídico sospecha que "si no hay una movilización social que se plante y entienda que el dinero público es de todos y nos afecta a todos, los políticos no parece que tengan interés real en cambiar". "Ni los escándalos de corrupción tienen ya un coste electoral importante. Lo hemos normalizado. Hay que empezar por que los ciudadanos abran los ojos y sean conscientes del coste que esto supone", concluye.