Las declaraciones de investigados en el marco de la trama corrupta Púnica se han ido sucediendo durante toda la semana en la Audiencia Nacional, si bien muchos de los comparecientes aparentaban sufrir episodios de amnesia. O, como lo describía una fuente conocedora del devenir de los interrogatorios, "se han hecho un infanta [en alusión a la actitud de la infanta Cristina de Borbón durante su interrogatorio por el caso Noós]".

Empresarios, técnicos y algunos políticos ya han asegurado que no hubo irregularidades en las adjudicaciones que investiga la Audiencia, o directamente se han desvinculado de ellas. Uno de ellos, el empresario José Luis Ulibarri, imputado en la pieza sobre las actividades de Francisco Granados en su etapa al frente de la Consejería de Transportes (pieza 8), afirmó no conocer al otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y rechazó haber pagado más de 109.000 euros por adjudicaciones de contratos públicos.  

Como Ulibarri, el también empresario Manuel Contreras, supuesto donante de la caja B del PP madrileño, negó haber pagado al partido, y aseguró no conocer a una larga lista de personas relacionadas con la trama. El martes, otras fuentes conocedoras de la declaración se afanaban por destacar que, durante toda la mañana, ninguno de los imputados mencionó a Aguirre. “Jamás intervino”; “Como mucho dio una opinión en contra de alguna campaña [de comunicación] a título personal”, afirmaba otro de los presentes, siempre según esta fuente.

Sin embargo, pese a la insistencia de varios investigados, el lunes se abrió la primera grieta entre sus relatos. Germán Rasilla, exasesor de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid con Aguirre, declaró ante el juez Alejandro Abascal que la expresidenta daba órdenes para adjudicar contratos a empresas de la trama.

Concretamente, reconoció haber recibido órdenes del consejero de Sanidad en 2004, Manuel Lamela, para que todos los contratos de publicidad pasasen por la Consejería de Presidencia. Todos los contratos debían ser revisados por la Dirección General de Medios, precisó. Al timón de este departamento estaba Isabel Gallego, del núcleo de confianza de Aguirre y también imputada.

Por si fuera poco, Silvano Corujo, exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad, confirmó al juez que otro alto cargo de la empresa pública le aseguró que Ignacio González, también imputado en esta causa, le pidió un millón de euros de las arcas públicas para sanear las cuentas del PP de Madrid, en junio de 2012. Como Granados, González fue uno de los hombres fuertes de Aguirre, aunque luego pasara a engrosar la lista de “ranas” de la lideresa.

Corujo, además, denunció ante el juez haber recibió amenazas por destapar las mordidas que afectan al PP madrileño y a González, según El País.

Aguirre, la declaración más esperada

El juez Manuel García Castellón, se sirvió de su auto del pasado 2 de septiembre –en el que cita a Aguirre y a Cristina Cifuentes como investigadas- para señalar el papel “decisivo y esencial” de la lideresa en el diseño de la financiación ilegal del PP de Madrid que se investiga en esta causa: era la “supervisora última” del plan de los conservadores, según el magistrado.

Lentamente, y entre ejemplos de esta amnesia –los investigados no tienen obligación de decir verdad, a diferencia de los testigos-, el juez va reconstruyendo el puzzle de la corrupción del PP madrileño. La comparecencia de Aguirre, prevista para el 18 de octubre, es el plato fuerte en el horizonte de la investigación de la trama.

Por otro lado, entre los imputados se encuentra también el hermano de Granados, Alfonso Granados –que negó haber tenido responsabilidades en materia de contratación, aunque sí admitió haber presidido la mesa que adjudicó un contrato presuntamente usado para financiar al PP.- El 4 de octubre declarará Javier Monzón, presidente no ejecutivo del Grupo Prisa, empresa editora de El País, imputado por su papel al frente de Indra.

Cifuentes logra retrasar su comparecencia

La comparecencia de Cifuentes también está entre las más esperadas. No obstante, esta misma semana el juez Castellón accedió a la petición del abogado de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y pospuso su declaración, inicialmente prevista para el 1 de octubre, ya que el letrado tiene otro señalamiento anterior en esa jornada.

Un día antes de Aguirre, el 17 de octubre, está previsto que declare como investigado el propio González, también imputado en el caso Lezo. Desde este miércoles y hasta entonces, la Audiencia Nacional acogerá las declaraciones de otros tantos empresarios, exdirectivos de empresas públicas y exconsejeros del Gobierno autonómico. A todas luces habrá nuevos casos de amnesia.