Un análisis retrospectivo que nos revela la cultura autoritaria que continúa incrustada en una parte significativa de los mandos y unidades del cuerpo policial. Después de Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982), donde documenta 135 muertes causadas por las fuerzas del orden en aquel periodo, Ballester dibuja la anatomía de unos aparatos que los Gobiernos no han modernizado para hacerlos homologables a un país democrático.

En el prefacio del libro, indica que la historia que conocemos de la Policía española está llena de omisiones deliberadas. ¿Cuáles destacaría?

He denotado un importante vacío historiográfico y después el hecho que, en algunos sectores sociales, medios de comunicación e instancias gubernamentales, no existe una mirada crítica sobre una institución que, en el caso español, ofrece problemáticas que se arrastran desde su evolución. Podríamos hablar de una costra policial respecto a la cual no ha habido voluntad política de depurar por el mal servicio que daban a la sociedad.

También indica que la decisión de este año de conmemorar el 200 cumpleaños del cuerpo parte de una falsedad. ¿De qué se trata?

Proviene del Gobierno de José María Aznar, cuando con el objetivo de realzar el papel, busca una efeméride lejana sin ningún cimiento histórico. Tanto es así que es criticada por la misma Guardia Civil, que establece su creación en 1874. Lo más sorprendente es que el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, se haya avenido a mantener esta celebración fake que nos evoca a la década de Fernando VII, donde las fuerzas de orden se dedicaban a reprimir a los sectores liberales.

¿En qué momento se gesta la cultura del abuso que impregna estos cuerpos?

No hay un kilómetro cero. Ahora bien, si nos referimos a la etapa contemporánea, tendríamos que remontarnos al modelo autoritario que impone el franquismo. Unos métodos que, en el proceso de la Transición a la Democracia, ninguno de los Gobiernos quiso erradicar. Ni el de la UCD ni el del PSOE; y después tampoco: desde los ministros Mayor Oreja hasta Grande-Marlaska, no aplican ningún tipo de limpieza, poniendo de manifiesto aquel axioma según el cual "los Gobiernos pasan, pero la Policía queda".

¿Los primeros policías muertos por ETA, como por ejemplo el colaborador de la Gestapo Melitón Manzanas el 1969, exacerban las prácticas represivas que después hemos conocido?

Las endurecen, y esto provoca que se estire un estado de excepción que va aparejado de una gran impunidad. Una dinámica que, lejos de ser eficaz, solo incrementará la reacción de los grupos armados contrarios al régimen y de aquellos sectores que, a pesar de ser minoritarios, extienden las movilizaciones a las fábricas y en los centros universitarios.

Es entonces cuando el régimen adopta la Ley 40/1970, mediante la cual pone en marcha la incorporación gradual de 10.239 nuevos agentes. ¿Qué efectos tendrá?

Lo empeorará todavía más, porque son reclutamientos en que predominan los agentes poco formados, pésimamente entrenados y mal pagados. De aquí salen las 135 víctimas mortales que causan en el curso de manifestaciones, el abuso de las armas o mediante la práctica de la tortura.

Parece que Rodolfo Martín Villa, el exministro de la UCD, tuvo un papel capital al preservar estos cuerpos. ¿Es así?

Él solo es la punta del iceberg de una UCD integrada mayoritariamente por neodemócratas provenientes de los sectores azules del franquismo, porque como apunta en sus memorias el exdiputado Óscar Alzaga los moderados fueron marginados. En la agenda de la UCD, no se prevé ninguna depuración de los cuerpos. Al contrario: cómo harán más tarde los socialistas, promociona los agentes que operaban dentro de la Brigada Político Social, creada por Franco en 1941. Es la época de Antonio González Pacheco (Billy el Niño), discípulo de Roberto Conesa, y decenas de funcionarios más implicados en vulneraciones de los derechos humanos.

¿El relevo del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) por la Audiencia Nacional en enero de 1977 se inscribe en la misma dinámica de no tocar los estamentos represivos?

Sin duda. Si la Policía es una de las herencias más emponzoñadas de la dictadura, a su lado hay una administración de Justicia que, bajo los reinos de magistrados que ejercían en el franquismo, protegen los grupos parapoliciales que, como el Batallón Vasco Español (BVE), causarán una cuarentena de asesinatos a la Transición. Hay una evidente conjura policíaco-judicial.

¿Por qué es tan nefasta la gestión que hace el PSOE después?

Felipe González decidió recular ante las amenazas que recibía de los sectores más retrógrados de la Policía, los cuales habían conocido una lista de agentes que los relevarían en sus funciones. Y esto, sumado a su idea de no deteriorar el orden público, como pasó en la Segunda República, hizo que adoptara un sistema de seguridad muy agresivo. Tanto es así que acepta el consejo de Juan José Rosón, el último ministro de la UCD, de nombrar como responsable de Interior a José Barrionuevo, con quién había coincidido de joven en el falangista Sindicato Español Universitario (SEDE).

Con Barrionuevo es cuando llegan los GAL.

Es el atajo que el PSOE coge en la lucha contra ETA. No solo esto, permite que la tortura –respecto a la cual un grupo de intelectuales le había pedido que la erradicara en un periodo de tres meses– se extienda en todo el Estado, especialmente en Navarra y Euskadi.

¿Los socialistas dejan intacto todo el esquema represivo?

Solo adoptarán medidas para controlar la utilización abusiva de armas –o gatillo fácil–; y, en relación con las movilizaciones, se decantará por métodos más propios de la Soft policy que de la Hard policy, que en la época de la UCD había causado 34 muertos.

También explica que, con la llegada de Juan Antonio Belloch al Ministerio del Interior, existía la intención de iniciar una verdadera depuración. ¿Por qué no tira adelante?

El equipo de Belloch se acaba encontrando, parte mayor sorpresa, que parte del aparato del PSOE rechaza cualquier medida higienizadora que destape la responsabilidad de los antiguos dirigentes de Interior en los crímenes de los GAL. Es cuando vemos las vergonzosas concentraciones de apoyo a Vera y Barrionuevo en el día que ingresaban en la prisión de Guadalajara por su implicación en el secuestro de Segundo Marey. Unas condenas que quedarían en nada después de que el Gobierno de José María Aznar los indultara. La razón de Estado, pues, se acaba imponiendo para blindar la impunidad.

¿En qué medida los ascensos también han servido para que no afloraran los excesos policiales?

En general, los políticos siempre han preferido pactar para evitarse problemas. Pasa hoy a propósito de la Ley mordaza, que pese a la promesa del Gobierno socialista de suprimirla, se mantiene vigente ante la creencia que los sindicatos policiales se pondrán en contra y entrarán en conflicto. Al final, son un contrapoder y saben que, cuando llegue otro Gobierno, ya negociarán y harán y desharán cuanto más los convenga.

¿Esta herencia se corregirá algún día?

Es complicado. Pensamos que, en un 80%, los agentes confiesan tener ideas próximas al nacionalismo español y a la extrema derecha. Solo hay que recordar como, en 2018, Vox incorporó en sus listas a un teniente general del Ejército del aire, dos generales de Brigada y dos generales de división del Ejército de Tierra. La única solución para cambiar las cosas es arbitrar las medidas adecuadas para que no pongan en práctica esta ideología, y como sociedad, exigir que se adecue la Policía a los parámetros de comportamiento que pide cualquier sistema democrático.