MADRID.- La dirección del Partido Popular no moverá un dedo de momento tras la solicitud al Tribunal Supremo de dos jueces valencianos para que la exalcaldesa de Valencia y todopoderoso símbolo del PP de todos los tiempos, Rita Barberá, sea imputada por blanqueo de dinero.

La secretaria general, Dolores de Cospedal, ha insistido en que la formación conservadora ya abrió un expediente disciplinario por este asunto a la hoy senadora y éste seguirá su curso conforme "avance la investigación", aunque fuentes de la calle Génova confirman que, en cuanto se concrete la imputación de Barberá por parte del Supremo -como todo apunta-, la exalcaldesa será "suspendida de militancia", como ha ocurrido con la mayoría de quienes fueron sus concejales en el Ayuntamiento, ahora imputados en Valencia por el caso Taula de los llamados pitufeos, esto es, presunto blanqueo de dinero procedente de la financiación ilegal del PP en pequeñas cantidades.

Sin embargo, hay un sector del PP, según ha podido confirmar Público, que lleva meses exigiendo más "contundencia" a Mariano Rajoy y a Cospedal con Rita Barberá; que criticaron que la senadora pasara a formar parte de la Diputación Permanente en la Cámara Alta, de forma que, aunque se convoquen elecciones, la exregidora siga siendo aforada y respondiendo únicamente ante el Supremo, en lugar de ser juzgada por los tribunales ordinarios, como su antiguo equipo municipal.

"Tenemos dos meses de precampaña y campaña, que será durísima aun sin Barberá", advierten en el PP

Estas voces del PP aseguran que esto "se venía venir" y que no había necesidad de haber esperado tanto para obligar a Barberá a renunciar a su escaño y, mucho menos, había que haberla blindado ante la Justicia valenciana. "Tenemos dos meses de precampaña y campaña, que será durísima aun sin Barberá", explican fuentes parlamentarias conservadoras. "¿Qué mensaje vamos a trasladar con Rita imputada y las medidas tomadas in extremis?", se lamentan.

Rajoy ha apelado siempre a la presunción de inocencia de la senadora, pero sólo por "responsabilidad política" sobre los imputados, el presidente "tendría que haberla sacado del grupo parlamentario". Con todo, los conservadores se muestran esperanzados con que sea la propia exalcadesa la que finalmente claudique ante la presión judicial y deje su escaño. "No irá en las listas para el 26-J y, por supuesto y como ahora, no será designada" senadora en las Cortes valencianas. No tiene sentido alargar este pulso, que "está haciendo un daño irreparable al partido", concluyen las fuentes consultadas este jueves.