MARTORELLES (Barcelona).- Valeo, una multinacional francesa de componentes de automoción, tuvo un beneficio neto de 344 millones de euros en el primer semestre de 2015, un 31,3% más que en el mismo período del año pasado. Pero a pesar de su buena situación económica, la dirección de la multinacional decidió cerrar la planta que tiene en Martorelles (Barcelona), en la que trabajan unas 300 personas entre los empleados en plantilla y los que están subcontratados, para trasladar la producción a Zaragoza.

De momento, el traslado no se ha concretado y los trabajadores acumulan 57 días en huelga contra una medida que dejaría sin empleo a una plantilla envejecida -más de la mitad supera los 45 años- y han levantado un campamento delante de la factoría en el que las visitas de solidaridad y apoyo a su lucha han sido constantes.

El diputado de la CUP David Fernàndez y el número 5 de la lista del partido para las elecciones catalanas del domingo, Alberto Botrán, han acudido este miércoles al mediodía al campamento para escuchar las demandas de la plantilla. Entre gritos de “volem treballar i viure a Catalunya” (queremos trabajar y vivir en Catalunya) y tras reunirse con los trabajadores, Botrán ha manifestado a los medios que su formación plantea la independencia de Catalunya como un instrumento “para ganar derechos de la clase trabajadora”. “Un proyecto como el nuestro no tiene sentido si detrás no hay luchas como ésta, en defensa de los derechos de los trabajadores”, ha añadido Botrán, que según las encuestas tiene muchas opciones de convertirse en parlamentario tras el 27-S.

“Un país sin puestos de trabajo no es un país soberano”, ha proclamado también el candidato de la formación independentista y anticapitalista, que se ha comprometido a apoyar la demanda de crear un marco catalán de relaciones laborales, algo que según la versión de la plantilla de Valeo permitiría ganar capacidad para resolver favorablemente conflictos laborales como el suyo y los “ayudaría a blindarse ante agresiones que vienen de fuera” (la sede central de la compañía está en París).

En la reunión previa con Botrán y David Fernàndez, los huelguistas han recordado que el conseller de Empresa, Felip Puig, les dijo que la decisión de deslocalizar la fábrica a Zaragoza “estaba tomada”, pero que han optado por presionar y reunirse con los “partidos de izquierdas” para que intermedien con la dirección de Valeo para evitar el cierre.

“No se trata de una lucha por dinero, sino para tener trabajo”, ha proclamado Juan Jiménez, delegado de CCOO -sindicato mayoritario en la plantilla- en el comité de empresa. Antes de la visita de los representantes de la CUP, por el campamento en lucha de Valeo han pasado Pablo Iglesias y Lluís Rabell, en representación de Catalunya Sí Que es Pot; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y el presidente de ERC y número 5 de la lista de Junts pel Sí, Oriol Junqueras. Con todo, los representantes de los trabajadores han pedido a Fernàndez y Botrán que se “lo piensen mucho” antes de pactar con Junts pel Sí.

Después de escuchar a los huelguistas, Fernàndez ha afirmado que estaban allí “porque es nuestra obligación” y además “por solidaridad de clase”. Inmediatamente después ha atacado con dureza al gobierno de Artur Mas, porque “no sólo ha aplicado los peores recortes sociales desde la dictadura, sino que también es business friendly y ha estado al servicio de las multinacionales y no de las mayorías sociales”.

El diputado cupaire, el político más valorado de Catalunya según los barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), ha considerado que “debería estar prohibido” que una empresa con beneficios, como es el caso de Valeo, “pueda cerrar”.

Fernàndez y Botrán también han cargado contra la reforma laboral, que facilita que se lleven a cabo procesos de despido masivos como el de la fábrica de Martorelles, que produce sistemas de aire acondicionado fundamentalmente para Seat. Y además se han comprometido a dar difusión a la caja de resistencia de los trabajadores de Valeo, la mayoría de los cuáles se encuentran sin ingresos tras dos meses de huelga y, en algunos casos, con problemas para afrontar el pago de los servicios básicos.