Los Gobiernos central y vasco iniciarán en febrero la negociación sobre un listado de 33 competencias pendientes de transferir a Euskadi, en el que se incluye la gestión de prisiones, pero no el régimen Económico de la Seguridad Social, una materia que el Ejecutivo vasco considera "prioritaria" y que aparece recogida en el Estatuto de Gernika. Dicho listado aparece recogido en un documento elaborado por el Gobierno central, que ha fijado un plazo de un año para culminar estos traspasos.

El inminente inicio de este proceso negociador ha sido anunciado por el Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, en la que ha explicado que, pese a las "discrepancias" que existen entre ambas partes en materia de traspasos competenciales, el gabinete de Iñigo Urkullu no "desaprovechará" la ocasión de seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Euskadi.

En el calendario de trabajo que la Administración central ha remitido al Gobierno Vasco se hace referencia al traspaso de 33 materias, cuatro menos que las que las instituciones de Euskadi consideran que han de transferirse a Euskadi en cumplimiento del Estatuto. Las cuatro materias no incluidas en el documento del Gobierno español se refieren al régimen económico y a otra serie de materias relacionadas con la Seguridad Social.

Las conversaciones entre ambas Administraciones —que a finales del año pasado ya acordaron algunos traspasos menores relacionados con ferrocarriles y carreteras— comenzarán a partir de la primera semana de febrero, cuando el Gobierno central presentará una primera propuesta para transferir a Euskadi siete materias.

Las competencias que se incluirán en dicha propuesta se refieren a productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, transporte ferroviario en línea de cercanías y Feve, escuelas viajeras, centros de estudio y experimentación y obras públicas, y administración institucional e innovación tecnológica.

Como paso previo, al inicio de este proceso negociador, el gabinete de Pedro Sánchez ya ha remitido al Gobierno Vasco un calendario de trabajo en el que se recogen las materias sobre las que la Administración central está dispuesta a negociar este año.

Entre las 33 materias incluidas en este documento, cuya negociación se realizará a lo largo de distintas fases durante los próximos 12 meses, se incluye la gestión de prisiones ubicadas en Euskadi.

El artículo 10 del Estatuto de Gernika establece que Euskadi tiene "competencia exclusiva" sobre "la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

El Gobierno central no cuenta con Euskadi

El calendario de trabajo elaborado por la Administración central sitúa el inicio de la negociación de esta materia concreta "a mediados de año", según ha indicado Erkoreka, quien ha lamentado que el Gobierno español no considere "prioritaria" esta transferencia.

Erkoreka ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que el Ejecutivo español siga adoptando medidas importantes en materia de inversiones y actuaciones en los centros penitenciarios de Euskadi "sin contar" con el Gobierno Vasco, que según el Estatuto es el "titular" de estas competencias.

De hecho, ha destacado que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que, aunque el Estado puede seguir ejerciendo competencias pendientes de transferir a una autonomía, dicho ejercicio se estará realizando de manera "anómala" por parte de la Administración central.

Por el contrario, el gabinete de Pedro Sánchez no ha incluido en el documento remitido al Gobierno vasco la transferencia de la gestión régimen económico de la Seguridad Social, una competencia que el Estatuto de Gernika también atribuye a Euskadi.

El artículo 18.2 del Estatuto vasco establece que, en materia de Seguridad Social, corresponde a Euskadi "el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma", así como "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

A su vez, la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto establece que los Gobiernos central y vasco "establecerán los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, por una ordenada gestión, se contengan en tales convenios".

"Discrepancia total y absoluta"

Erkoreka, que ha mostrado su confianza en que nadie interprete lo recogido en el Estatuto como un "brindis al sol", ha expresado su "discrepancia total y absoluta" con el hecho de que el Gobierno español no haya introducido esta competencia en el calendario de transferencias.

De todas formas, ha precisado que el Gobierno español tampoco ha formulado en este documento una "negativa expresa" a afrontar este traspaso en un futuro. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es "prioritaria" y aparece recogida en el programa de gobierno del gabinete de Iñigo Urkullu.

En todo caso, ha precisado que el Gobierno autonómico, sin renunciar nunca a sus demandas, no tiene intención de "enzarzarse" en discusiones que puedan suponer un retraso de las transferencias que el Gobierno español sí está dispuesto a asumir en los próximos meses.

"Hay que aprovechar esta ocasión"

"Es la primera vez que el Gobierno Vasco tiene a su disposición un plan de trabajo concreto, con materias y plazos para completar el Estatuto; es una ocasión que hay que aprovechar a pesar de las discrepancias que existen", ha indicado. En este sentido, se ha mostrado partidario de dejar de lado las discusiones sobre "prioridades o aspectos formales", para trabajar ya sobre "materias concretas".

Erkoreka ha considerado que si se cumplen las previsiones del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de agotar el plazo oficial de la legislatura —que concluye en junio de 2020— existe "margen" suficiente para ejecutar el traspaso de las competencias recogidas en el calendario de trabajo para enero del próximo año.